El australiano Francis Gurry se aseguró un nuevo mandato al frente de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pese a los cuestionamientos que ha recibido durante su gestión emprendida en octubre de 2008, por sus políticas sesgadas en favor de las multinacionales farmacéuticas y las empresas estadounidenses.

   Gurry fue recomendado para un segundo mandato por el Comité de Coordinación de la OMPI con el apoyo de Estados Unidos y quedó como único candidato luego de obtener 46 votos en la primera ronda de votación.
   Sus competidores, el director adjunto el nigeriano Geoffrey Onyeama, el embajador de Panamá Alfreso Suescum Alfaro, y el embajador estonio Juri Seilenthal, optaron por retirar sus candidaturas, al percibir la imposibilidad de cambiar la tendencia mayoritaria.
   El Comité de Coordinación está compuesto por 83 países y su “recomendación” de reelegir a Gurry debe ser aprobada por la Asamblea General, que sesionará en Ginebra del 8 y 9 de mayo, aunque se descuenta que siendo el único candidato no tendrá impedimentos para seguir al frente del organismo durante los próximos seis años.
   Gurry ha recibido cuestionamientos por su política de apoyo a las empresas estadounidenses que presionan a la OMPI para endurecer los mecanismos de propiedad intelectual en las oficinas de patentes de los países sudamericanos, africanos y asiáticos.
   En ese contexto, Gurry ha tenido enfrentamientos con los examinadores de patentes y con el personal administrativo de la OMPI que provienen de países asiáticos y africanos, en especial.
   Por ejemplo, en América Latina se ha cuestionado el avance del proyecto Prosur, que propone la creación de una  Oficina Regional controlada por la OMPI, que “presiona a los gobiernos para la concreción de la anexión sudamericana a la arquitectura mundial moldeada por las empresas globales”, alertó el Observatorio Sudamericano de Patentes.
   Entre los funcionarios latinoamericanos que participan del proyecto Prosur figura Mario Roberto Aramburu, que es el titular del INPI de Argentina, junto con sus colegas de Brasil, Uruguay, Colombia,  Paraguay, Chile y Perú.
   Brasil, a su vez, durante la última asamblea del organismo y en nombre del Grupo de la Agenda para el Desarrollo (GAP), integrado por 19 países, advirtió que “los debates sobre la gobernanza en la OMPI son recurrentes, si bien han sido infructuosos”.
   La delegación brasileña, sumando el apoyo del Grupo Africano, pidió que las actividades de la OMPI  “sean más eficientes, participativas y transparentes” y cuestionó que el 50 por ciento del personal del organismo “proceda de la misma región” en detrimento de los países en desarrollo.
También los laboratorios latinoamericanos agrupados en ALIFAR han denunciado ante la OMPI que Estados Unidos pretende vincular la falsificación de medicamentos con la licencias obligatorias y los genéricos, para forzar cambios en las leyes de propiedad intelectual con el argumento de que la región carece de “protección adecuada” para las patentes.
ALIFAR advirtió sobre la ofensiva estadounidense durante la 18 sesión del Comité sobre Derechos de Patentes celebrada en mayo de 2012.  
   El Grupo de la Agenda para el Desarrollo y el Grupo Africano, en el marco de la novena sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), presentó como moción que la OMPI conceda “más atención” a la “cooperación Sur-Sur, que deberá ser una prioridad”.
 “Un enfoque orientado a potenciar el desarrollo debe integrar de forma coherente el contexto social y económico”, proponía el documento del Grupo de la Agenda para el Desarrollo y el Grupo Africano, al que adhirió también Bolivia.
  “La OMPI deberá incrementar su apoyo a los países en desarrollo para la formulación de estrategias nacionales de Propiedad Intelectual que aborden las prioridades en materia de desarrollo”, pedía el documento, revelando la disconformidad con la política hegemónica dentro de la organización.
   En consecuencia, el papel de la OMPI es “ayudar a los países en desarrollo a impulsar el progreso en materia de Propiedad intelectual”, insistió el documento. Insistencia que refractaba una disconformidad con la gestión del australiano Gurry al frente de la OMPI (WIPO en sus siglas en inglés).
  Por el contrario, durante la décimo novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) celebrado en Ginebra del 25 al 28 de febrero, la Unión Europea con el apoyo del grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, subrayó que “las patentes constituyen importantes incentivos que respaldan la innovación en la industria farmacéutica” y que “la falta de acceso a las tecnologías médicas rara vez se debe a un único factor como las patentes” sino en la “falta de precios asequibles”.
   La delegación de Colombia –donde se aplica un sistema de precios máximos desde el año pasado para los medicamentos recetados a través de la seguridad social – defendió el sistema de licencias obligatorias y la facultad de los organismos reguladores nacionales “de subsanar los problemas que plantee el acceso a los medicamentos”.
   Argentina también defendió que un sistema flexible para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC permite “aliviar la incidencia negativa que puedan tener los derechos de propiedad intelectual en el derecho a la salud” y propuso aplicar esas flexibilidades “sobre la base de la propuesta formulada por el Grupo Africano y el Grupo de la Agenda para el Desarrollo (DAG).
   A su vez, la delegación de Estados Unidos –con el apoyo de Grecia- consideró que las flexibilidades en materia de patentes ya están contenidas en la denominada “Ley Hatch-Waxman” que otorga a las empresas de marca un período de exclusividad de comercialización para compensar por el tiempo de investigación y desarrollo transcurrido para la creación de la droga y les otorga un tiempo adicional de 30 meses para presentar una demanda contra los fabricantes de genéricos,  si consideran que están infringiendo sus patentes.
   Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso que en el territorio comunitario ninguna patente farmacéutica concederá una protección exclusiva superior a los 15 años.
   El tribunal se expidió a pedido del Tribunal Arbitral Necessário de Portugal , a causa de un recurso interpuesto por Merck Canadá en 2012 en ese país para bloquear la comercialización de genéricos con el principio activo montekulast sódico.
   Merck aseguraba en su demanda que esos genéricos no podían ingresar al mercado europeo antes de agosto de 2014, mientras que los fabricantes de genéricos consideraban que la exclusividad había finalizado en agosto de 2012, al cumplirse quince años del primer certificado de comercialización expedido en la UE para un medicamento con ese principio activo.
El Tribunal de la UE confirmó que se debe contabilizar el período de protección “desde la primera autorización de comercialización expedida en cualquiera de los Estados miembros y no a la primera autorización expedida en el Estado miembro de la solicitud”.