En Argentina alrededor de doscientas patentes farmacéuticas han sido “rechazadas injustamente” y por eso el país debe permanecer  en la Lista de Vigilancia Prioritaria elaborada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

   El pedido de inclusión de Argentina en la Priority Watch List (Special 301) por sus supuestas “restricciones a la patentabilidad de los productos farmacéúticos” y porque “la protección de datos de Argentina no ofrece una protección adecuada”, está contenido en un lapidario informe que los laboratorios estadounidenses agrupados en PhRMA presentaron ante la USTR, para que elaborara su habitual “Lista Negra” de países pasibles de sanciones. Lapidario también para Chile, Brasil y Venezuela.

   El informe calculó que en Argentina “un número significativo de solicitudes de patentes farmacéuticas han sido rechazadas en los dos últimos años".

   El informe mencionó alrededor de doscientos pedidos denegados."Pero el número real puede ser aún mayor”, especuló.

  Según la versión de PhRMA, la ministra de Industria Débora Giorgi, durante una reunión “con representantes de la industria biofarmacéutica innovadora dijo que en los últimos dos años Argentina ha rechazado alrededor de 800 solicitudes de patentes”.

   Los laboratorios estadounidenses también se quejaron que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)  tiene a partir de 2007 “una baja productividad” y “el tiempo promedio de una patente que se concede es de ocho a nueve años”.

    PhRMA también lamentó que las modificaciones de los artículos 83 y 87 de la Ley 24.481 sobre patentes previstas para “establecer condiciones eficaces y expeditos para los titulares de patentes, por desgracia, tal como se aplica en el sistema jurídico argentino, no han tenido el efecto deseado”.

  “Las compañías miembros han informado de que el proceso de obtención de una medida cautelar se ha vuelto muy largo”, lamentó la cámara en su informe a la USTR.

   También se quejaron de las “restricciones a la importación, en contravención de sus obligaciones internacionales en virtud del artículo XI del GATT” y que en Argentina se les exige “a las empresas farmacéuticas, entre otras industrias, que deben balancear sus propia cuenta de comercio exterior”.

  Sin embargo, una de las conclusiones de PhRMA es que no “es capaz de proporcionar una estimación concreta de los daños ocasionados en 2013 atribuible a las barreras relacionadas con la protección de la propiedad intelectual y aceso a los mercados comerciales”.

  El Informe Especial 301 es preparado anualmente por la USTR y este año los seis más países que encabezan la lista son China, India, Indonesia, Turquía, Tailandia y Chile.

En el caso de Chile  también se le recrimina las “deficiencias existentes en el sistema de protección de datos” y pidió que se lo incluya en la Priority Watch List hasta que el Congreso chileno apruebe “una legislación aceptable de patentes y las modificaciones para la propiedad industrial”.

   Chile fue uno de los primeros países de América Latina que adoptó un régimen de propiedad intelectual bajo la presión de Washington, en las postrimerías  del gobierno de Augusto Pinochet.

En el capítulo dedicado a Brasil, se señala que “PhRMA y sus compañías miembros que operan (en ese país) siguen preocupados respecto a las políticas gubernamentales discriminatorias de precios, normas de patentabilidad y el cumplimiento y protección de los datos reglamentarios”.

  “Las modificaciones a la Ley de patentes de Brasil en 1999 añadió el artículo 229-C lo que permite de forma inapropiada a la agencia reguladora de salud (Anvisa) revisar todas las solicitudes de patentes para productos y/o procesos farmacéuticos, a veces en contradicción con los requisitos de patentabilidad establecidos por la ley de patentes brasileña”, se quejó PhRMA.

También se quejaron “de los controles de precios del gobierno (brasileño) y los impuestos” porque a su entender “el sistema actual es demasiado complejo y carece de transparencia”.