Una decisión judicial en México reactivó la patente del principio activo Denosumab, tres años después de su vencimiento. La medida podría restringir el acceso a versiones genéricas más accesibles y encarecer tratamientos esenciales para miles de pacientes.

La salud pública vuelve a quedar en el centro del debate tras la resolución emitida el 22 de enero de 2026 por el Poder Judicial de México, que ordenó revivir la patente del principio activo Denosumab, comercializado como Prolia. La patente había expirado en 2022, lo que permitió el ingreso de medicamentos genéricos y biocomparables al mercado mexicano.

Para pacientes con cáncer óseo y osteoporosis, el Denosumab no es un fármaco más. Se trata de un anticuerpo monoclonal utilizado para prevenir fracturas, reducir complicaciones óseas asociadas a metástasis y mejorar la calidad de vida en enfermedades que pueden ser devastadoras. En muchos casos, representa una diferencia concreta entre autonomía y discapacidad, entre estabilidad y progresión de la enfermedad.

Un fallo que altera las reglas del juego

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) manifestó su “profunda preocupación” por la decisión judicial, al considerar que reactivar una patente ya caducada vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica y altera las condiciones del mercado farmacéutico.

Según el comunicado, la medida genera un precedente “grave” para el delicado equilibrio entre innovación y acceso a la salud. La patente había perdido vigencia hace tres años, período en el que distintos productos genéricos con el mismo principio activo fueron aprobados y comenzaron a comercializarse legalmente en México.

ALIFAR destacó además la actuación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se opuso técnicamente a la extensión de una patente ya caducada. Sin embargo, la resolución judicial dejó sin efecto ese criterio especializado, abriendo un escenario de incertidumbre regulatoria.

Impacto directo en los pacientes

El punto más sensible, advierte ALIFAR, es el impacto en la salud. Al limitar la competencia de genéricos aprobados —que cumplen con estándares de seguridad, calidad y eficacia— la decisión podría traducirse en precios más altos y menor disponibilidad.

En enfermedades crónicas y oncológicas, donde los tratamientos suelen ser prolongados y costosos, cualquier aumento de precio repercute de forma inmediata en la adherencia terapéutica. Para muchos pacientes, la diferencia entre un medicamento innovador protegido por patente y su versión genérica puede significar la posibilidad real de continuar o abandonar el tratamiento.

ALIFAR explica que el fallo vulnera de facto el derecho humano a la salud, al restringir el acceso a alternativas más asequibles. Además, advierte que la medida impactará también en el presupuesto público, con consecuencias directas para los sistemas de salud y la cobertura de tratamientos.

Ante este escenario, la asociación realizó un “respetuoso pero firme” llamado a las autoridades mexicanas para revisar la resolución y alinear el marco normativo, estableciendo plazos claros e improrrogables para las solicitudes de extensión de patentes.

Para la entidad regional, los medicamentos genéricos y biocomparables constituyen la principal vía de acceso a tratamientos para millones de personas en América Latina. Sin reglas claras y previsibles, advierten, no sólo se afecta la competencia industrial, sino también la protección efectiva del derecho a la salud.

Mientras el debate jurídico continúa, miles de pacientes con osteoporosis y cáncer óseo quedan en el centro de una discusión que trasciende lo legal: cuando una patente revive artificialmente, lo que puede quedar en suspenso no es sólo una norma, sino el acceso mismo a una terapia que puede cambiar —o salvar— vidas. Como de costumbre Pharmabaires difunde el comunicado original de Alifar.