Nadie puede entender que por un cuatro por ciento de aumento se haya desatado la guerra y que el gobierno dinamitara con una resolución de la Secretaria de Comercio los puentes políticos extendidos hacia la industria farmacéutica a la que consideraba “un sector estratégico” para el crecimiento del modelo. La sensación generalizada es que en el contexto de la disputa con los fondos buitres, los laboratorios se convirtieron en un caso testigo para que ningún otro intente desobedecer la política de precios. En otras palabras, “hacer sonar el escarmiento”.

Escarmiento que le permite al gobierno cosechar fáciles adhesiones , incluso de sectores sociales que en otras circunstancias y en otros temas, son despiados con ese mismo gobierno. Pero el medicamento siempre “vende” discursos, relatos, proclamas y titulares de los diarios.

Incluso diarios de la “corpo mala” como tildan a los medios opositores, en esta ocasión hasta parecieron regodearse con titulares sensacionalistas que ayudaron a “escrachar” a la industria farmacéutica.

Nadie puede entender que por un cuatro por ciento de aumento tanta irritación. Tantas inspecciones a droguerías y laboratorios para marcar el terreno y amenazar con sanciones desde Comercio y la AFIP...a menos que existan otros motivos.

Por ejemplo, rupturas desde el gobierno con empresarios a los que creyeron cooptados para su proyecto y a quienes se les pedía fidelidad eterna.

La mirada conspirativa con que algunos funcionarios analizan la realidad, conlleva a nutrirse diariamente de “traiciones”, ciertas o inventadas.

 “Este gobierno no tiene amigos..algunos lo están entendiendo ahora”, señaló a Pharmabaires un veterano directivo de la industria farmacéutica, curtido en las batallas de la Ley de Patentes de la década del 90.

Desde las cámaras empresarias se vislumbra un escenario complejo. Pero, colocados en una situación límite, no quedaba otra alternativa que acudir a la justicia. Nadie, por cierto, agradece que lo arrojen a la fosa de los leones desde los tiempos de Calígula.

Recursos de amparo y medidas cauterales fueron solicitadas por los laboratorios, que al mismo tiempo bajaron los precios en cumplimiento de la Resolución 90 de la Secretaría de Comercio. Incluso los laboratorios extranjeros apuntaron a la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la resolución.

“Los extranjeros, especialmente los norteamericanos, no pueden aceptar que se les acuse de cartelización, de participar de acuerdos de precios porque es un delito grave en su país y se les puede iniciar una investigación”, apuntaron fuentes del sector.

Delito grave, sin duda. Será por eso que Victor Hugo Morales en su programa de Radio Continental y en diálogo con el secretario de Comercio Augusto Costa, consideró que ni un millón o diez millones de pesos de multa eran suficiente castigo.

“Hasta que no vayan presos no les va a importar....hay que hacer que los delincuentes paguen”, afirmó Victor Hugo, ante el embarazo de Costa, que no pensaba llegar tan lejos. Alcanzaba con intimidar con el azote de las multas.

En este país ningún empresario nunca fue preso por cuestiones vinculadas al abastecimiento o los precios del mercado. Por lo menos, hasta donde alcanza la memoria.

Además, hablamos del mismo Victor Hugo Morales que se esfuerza desde sus programas en proclamar la supuesta inocencia del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

El discurso oficialista encontró otros apoyos medíaticos. La presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrea García, en declaraciones a la agencia Telam calificó de “extorsión” el comportamiento de los laboratorios.

Extorsión fue la expresión utilizada por la presidenta Cristina Fernández unos días antes, para referirse a los fondos buitres, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y el juez Thomas Griesa.

Roberto Caballero, editorialista de Radio Nacional, les pidió a los laboratorios que “se callen la boca, bajen los precios y cooperen en sacar el país adelante”. Los malos de la película son los conocidos de siempre.

“Prefiero ver un laboratorio quebrado y no quebrada la salud de la sociedad”, afirmó el columnista de la radio pública y también de Cn23 y ex director de Revista Veintitres, medios de la “corpo buena”, como se ironiza en el ambiente.

Incluso Caballero utilizó una comparación que, cuanto menos, resulta falaz y forzada: “Los medicamentos aumentaron más que los autos...” que aún, de ser cierto, no establece ninguna tendencia de mercado. Podrían elaborarse comparaciones igualmente de arbitrarias o capciosas con el tomate o las entradas al cine. Para no hablar de la cotización del dólar entre diciembre y la actualidad.

Caballero recurre a la actitud autoritaria de  mandar a “callarse la boca” como hizo el Rey de España con el ex presidente Hugo Chávez en una Cumbre Iberoamericana, reprimenda que sin duda molestó profundamente a Caballero en su momento.

Y callados la boca estuvieron los laboratorios durante meses.

“Cuando aceptamos retrotraer los precios en marzo, acordamos con el ministro (Axel) Kicillof y el secretario Costa comenzar a dialogar, para actualizar los precios que venían aplastados después de muchos años de (Guillermo) Moreno. Y encima la devaluación. Pero nunca nos llamaron y así se fue acumulando un atraso de precios que en algún momento debía blanquearse”, remitieron empresarios nacionales.
En cuanto a la acusación de “cartelización” de precios, hay varios elementos para el análisis.
Por ejemplo, en el sector hay cinco cámaras (incluyendo  la de productores de génericos y la de laboratorios de venta libre). En la industria automotriz –como le gusta comparar a Caballero- hay una sola que reune a cinco o seis terminales.

Entre los fabricantes de automóviles, desde Fiat a Toyota, hay equivalencias  como entre dos boxeadores de la misma categoría.  Ninguna podría sacar del mercado a una competidora mediante políticas de precios u ofertas hostiles para quedarse con sus acciones.  

En el mercado farmacéutico, además de la diversidad de cámaras empresarias, “sería imposible que un pequeño laboratorio familiar de Villa Pueyrredon pudiera convivir durante mucho tiempo con una multinacional en un mercado carterizado donde las condiciones las impone el pez grande para comerse al chico”, explicaron.

Y, además, en términos de cartelización podría suponerse que el PAMI es el primero en alentar los acuerdos de precios, cuando convoca a las tres principales cámaras empresarias del sector para negociar  los contratos para la provisión de medicamentos a sus millones de afiliados. También lo hace el IOMA.

Lo cierto es que este gobierno puso por escrito, lo que Moreno resolvía con un llamado telefónico destemplado.

Pero la cuestión de fondo es la misma. Los precios, ahora congelados durante sesenta días. Y mientras tanto se escuchan entre los directivos y empresarios quejas por el destrato que, supuestamente, había concluido con la partida de Moreno.