En las Jornadas de FEFARA, referentes de la industria farmacéutica, del ámbito académico, los laboratorios nacionales y el Gobierno, coincidieron en la necesidad de mejorar el acceso a los medicamentos, pero mostraron diferencias profundas sobre cómo lograrlo. El ingreso al PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por sus siglas en inglés, que tiene carácter global), la protección de la innovación y la apertura a las importaciones, marcaron uno de los debates más intensos de la actualidad, en el encuentro.

La discusión sobre la propiedad intelectual suele parecer lejana para quienes trabajan en la atención sanitaria cotidiana. Sin embargo, detrás de conceptos como patentes, datos de prueba, competencia o acceso a medicamentos se define buena parte de la capacidad de un país para innovar, producir y garantizar tratamientos a su población.

Ese fue el eje de la Mesa 2: “Acuerdos internacionales y salud estratégica: industria, innovación y acceso”, desarrollada en el marco de las 23ª Jornadas Federales y 22ª Internacionales de Política, Economía y Gestión de los Medicamentos, organizadas por FEFARA.

Moderado por José Antonio Cid, presidente de la Comisión Científica de FEFARA, el conversatorio reunió cuatro visiones distintas —y en algunos casos contrapuestas— sobre el futuro del sistema de propiedad intelectual en Argentina: la industria innovadora, la industria nacional de genéricos y biosimilares, la academia especializada y el Gobierno nacional.

Aunque todos los participantes compartieron un objetivo común —“una mejor salud para los argentinos”—, la discusión dejó en evidencia una diferencia central: el papel que deberían tener las importaciones de medicamentos en la estrategia sanitaria del país.

Un debate con raíces históricas

Al abrir el panel, José Antonio Cid propuso un recorrido histórico para entender el presente. Recordó que la primera legislación argentina sobre patentes, la Ley 111 de 1864, no permitía patentar productos farmacéuticos, mientras que el actual marco legal surgió recién en la década de 1990, tras los compromisos internacionales asumidos por el país.

Cid también planteó la necesidad de acercar los lenguajes del derecho y las ciencias de la salud para enriquecer el debate público.

“Cuando hay dos contradicciones, hay que buscar la tercera, que sea una solución positiva”, señaló, recuperando una reflexión del epistemólogo Juan Samaja.

En el cierre del conversatorio, el dirigente farmacéutico elevó el tono conceptual al advertir sobre los desafíos tecnológicos y éticos que enfrenta el sistema sanitario. “La inteligencia artificial no puede ser un instrumento de depredación: debe servir a las personas, proteger derechos y reforzar la democracia”, sostuvo, antes de reivindicar el rol del farmacéutico como “valla” y “faro” frente a los riesgos que atraviesan las instituciones contemporáneas.

La mirada de la innovación: “Argentina todavía discute cuestiones básicas”

Desde la perspectiva de la industria innovadora, Ignacio Sánchez Echagüe, abogado especializado en propiedad intelectual y patentes de Marval O’Farrell Mairal, defendió el sistema internacional de incentivos que sostiene la investigación farmacéutica.

Su exposición giró alrededor de dos herramientas que, según explicó, permitieron el desarrollo de medicamentos innovadores durante las últimas décadas: las patentes, con una duración de 20 años, y la protección de los datos confidenciales generados durante los ensayos clínicos.

Para Sánchez Echagüe, Argentina mantiene rezagos importantes respecto de los estándares internacionales. Entre ellos destacó la no incorporación al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la ausencia de protección específica para datos confidenciales y las restricciones que durante años existieron para determinadas invenciones farmacéuticas.

En una de las definiciones más contundentes del panel, sostuvo que el principal perjudicado por la falta de adhesión al PCT no es la industria multinacional.“El problema de no estar en el PCT no lo tienen las multinacionales: lo tienen los usuarios nacionales, el CONICET y los investigadores locales”, afirmó.

También cuestionó la asociación automática entre patentes y falta de acceso a medicamentos, una idea que atravesó gran parte del debate. “No confundamos productos únicos en el mercado con productos patentados”, remarcó.

La competencia como herramienta de salud pública

La visión académica estuvo representada por Juan Correa, investigador asociado al Instituto Max Planck y especialista en propiedad intelectual, quien reconoció que la tensión entre innovación y acceso acompaña al sistema internacional desde que la Organización Mundial del Comercio permitió patentar productos farmacéuticos.

Para explicar el funcionamiento del sistema, definió a la patente como un acuerdo entre la sociedad y el inventor. “La patente es un contrato social: 20 años de exclusividad a cambio de divulgar la información”, explicó.

Correa recordó que, debido a que los medicamentos responden a una demanda particularmente sensible, pueden surgir mecanismos destinados a extender artificialmente la protección más allá de los plazos previstos, fenómeno conocido como evergreening.

Sin embargo, el eje central de su presentación fue otro: la competencia. “A más competidores en el mercado, mayor es la reducción del precio a lo largo de la vida del producto”, sostuvo.

A partir de experiencias internacionales, repasó herramientas que permiten equilibrar los derechos de propiedad intelectual con las necesidades sanitarias: licencias obligatorias, excepciones, importaciones paralelas, mecanismos de protección de datos sin exclusividad, compras centralizadas y políticas de defensa de la competencia.

Su conclusión fue clara: “La propiedad intelectual no garantiza el acceso: hace falta una industria genérica que pueda competir. Promover la competencia es un eje central para favorecer el acceso”.

La defensa de la industria nacional

La posición de los laboratorios argentinos fue presentada por Mariano Genovesi, gerente de Asuntos Jurídicos y Propiedad Intelectual de CILFA y vicepresidente de IGBA.

Su intervención comenzó con una lectura geopolítica del escenario global. Según explicó, la pandemia, las tensiones comerciales y el ascenso de nuevas potencias transformaron profundamente las estrategias industriales de los países.

“Ese mundo del multilateralismo de los 90 ya no existe: la geopolítica de los medicamentos cambió todo”, afirmó.

Genovesi valoró especialmente que las negociaciones recientes con Estados Unidos no hayan incorporado dos demandas históricas de la industria innovadora: la exclusividad de datos de prueba y la extensión de la duración de las patentes.

A su entender, esas definiciones aportan previsibilidad para los laboratorios nacionales y permiten sostener un modelo basado en la competencia una vez finalizada la protección intelectual. “Respetamos las patentes; lo que queremos es estar en el mercado el día 20 más uno”, resumió.

El abogado insistió en que la industria nacional no busca desconocer la innovación, sino impedir mecanismos que prolonguen artificialmente los monopolios. “Buscamos respetar la innovación genuina y evitar las trampitas que estiran los 20 años a 21, 22 o 30”, sostuvo.

La principal diferencia con el Gobierno apareció durante la discusión final. Genovesi rechazó la posibilidad de una apertura amplia a las importaciones farmacéuticas, argumentando que los laboratorios argentinos compiten en condiciones desiguales frente a países que cuentan con subsidios, menores costos laborales o sistemas tributarios diferentes.

La apuesta oficial: integración al mundo y más acceso

La visión gubernamental estuvo a cargo de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la Nación.

Su planteo vinculó directamente la política de propiedad intelectual con la estrategia económica y comercial del país. Según explicó, Argentina busca dejar atrás décadas de aislamiento para integrarse a los principales acuerdos internacionales y ampliar sus oportunidades de exportación.

“El sistema de propiedad intelectual que existe es este; nuestros socios comerciales nos piden aceptar las reglas que usa todo el mundo”, señaló.

Cacace defendió el avance hacia el PCT, destacando que su adopción no solo beneficiaría a empresas privadas sino también a organismos científicos, emprendedores y desarrolladores tecnológicos argentinos.

También marcó límites precisos respecto de las negociaciones internacionales: respaldó la derogación de las resoluciones conjuntas que restringían ciertos criterios de patentabilidad, pero rechazó explícitamente la posibilidad de extender la duración de las patentes o incorporar cláusulas consideradas ADPIC-Plus. “No vamos a extender ni un día más la vigencia de la patente: la ley dice 20 años y son 20 años”, afirmó.

La propuesta más disruptiva de su intervención fue impulsar la importación de medicamentos aprobados por agencias regulatorias de referencia internacional, como la FDA estadounidense o la EMA europea. “Lo más revolucionario para el acceso sería abrirnos a traer medicamentos seguros y baratos”, aseguró.

Consensos y diferencias

Más allá de los desacuerdos, el conversatorio dejó varios puntos de coincidencia. Los expositores coincidieron en la conveniencia de avanzar hacia el PCT, evitar compromisos internacionales que impliquen extensiones extraordinarias de patentes y reconocer que la competencia juega un papel importante en la formación de precios y en el acceso a tratamientos.

Sin embargo, la discusión dejó expuesta una frontera nítida.

Mientras el Gobierno considera que una mayor apertura comercial podría convertirse en una herramienta para ampliar el acceso a medicamentos, la industria nacional advierte que esa estrategia podría debilitar la producción local.

Por su parte otro sector, observa el debate desde la necesidad de preservar incentivos para la investigación, y el referente académico insistió en la importancia de equilibrar los derechos de exclusividad con políticas activas de competencia y acceso a los medicamentos.

En definitiva, el panel mostró que la discusión sobre propiedad intelectual ya no es exclusivamente jurídica. Se trata de una conversación sobre política industrial, desarrollo científico, sostenibilidad de los sistemas de salud y disponibilidad de los tratamientos.

El intercambio generado en Pilar, Pcia. de Buenos Aires dejó además una pregunta abierta: cómo compatibilizar la apertura al mundo con la preservación de una industria farmacéutica nacional que ha demostrado capacidad para producir, generar empleo calificado y ampliar la competencia una vez vencidas las patentes.