En las Jornadas de FEFARA, referentes de IOMA, OSECAC y OSPE coincidieron en un diagnóstico preocupante: la innovación terapéutica, el aumento sostenido de los costos y la caída de los aportantes ponen en jaque la sustentabilidad sanitaria. En ese escenario, emergió con fuerza el rol del farmacéutico como actor clave en la gestión clínica y el seguimiento de los pacientes.

La sustentabilidad del sistema de salud argentino enfrenta uno de sus momentos más críticos. Esa fue la conclusión que atravesó la mesa “Los financiadores ante el desafío de gestionar el riesgo sanitario”, desarrollada durante las 23.ª Jornadas Federales y 22.ª Internacionales de Política, Economía y Gestión de los Medicamentos organizadas por FEFARA en el Hilton Pilar.

Representantes de tres de los principales financiadores del país —IOMA, OSECAC y OSPE— coincidieron en que el modelo tradicional de financiamiento basado en aportes salariales y cuotas, muestra señales de agotamiento frente a una combinación explosiva: menor empleo formal, inflación sanitaria persistente, medicamentos de alto costo y una creciente incorporación de tecnologías innovadoras.

La mesa, coordinada por Miguel A. Osio, puso sobre la mesa una preocupación compartida: cada vez hay menos aportantes para sostener un sistema que debe responder a una demanda asistencial más compleja, más costosa y más longeva.

El impacto de los medicamentos de alto costo

La primera en exponer fue Andrea Kobrin, gerente médica de prestaciones de OSPE, quien describió cómo se manifiesta el riesgo sanitario en la gestión cotidiana de una obra social con 450.000 afiliados distribuidos en todo el país.

Kobrin explicó que el riesgo sanitario combina tres dimensiones: financiera, operativa y clínica. La primera involucra presupuestos, plazos de pago y morosidad; la segunda, problemas de eficiencia, duplicidad de coberturas y disponibilidad de datos; y la tercera, el impacto de nuevas enfermedades, innovaciones terapéuticas y la inflación en salud.

La especialista ilustró la magnitud del desafío con un dato contundente: tratamientos para patologías frecuentes como la dermatitis atópica pueden pasar de costar menos de 50.000 pesos mensuales a superar los 2,5 millones de pesos, con carácter crónico e indefinido.

Ante la ausencia de una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, Kobrin señaló que cada financiador se ve obligado a desarrollar sus propios mecanismos de análisis para decidir qué tratamientos incorporar y bajo qué condiciones. Entre las herramientas mencionó la segmentación de pacientes, programas específicos por enfermedad y modalidades innovadoras de contratación, incluyendo acuerdos de riesgo compartido y pagos vinculados a resultados.

“El paciente debe estar en el centro de las decisiones y la gestión tiene que apoyarse en datos”, resumió.

La economía detrás de la crisis

La exposición de Gustavo Martínez, jefe de Gabinete de IOMA, aportó una mirada macroeconómica al problema y ayudó a entender por qué las dificultades trascienden a cada financiador en particular.

Martínez partió de una premisa central: la salud es un derecho, pero también funciona como un mercado imperfecto. A diferencia de otros mercados, explicó, las personas no deciden libremente cuánto consumir cuando están enfermas. La necesidad de atención está determinada principalmente por la oferta médica y tecnológica disponible.

Desde esa perspectiva, mostró que en todo el mundo el gasto sanitario crece más rápido que la economía. Sin embargo, en los países de ingresos medios y altos ese incremento fue absorbido históricamente por la seguridad social y por el Estado, no por el sector privado.

Su advertencia fue especialmente contundente. Según planteó, cuando la economía se estanca o retrocede y el gasto público disminuye, los distintos actores del sistema intentan mantener sus niveles de ingresos. En un mercado tan sensible como el de la salud, esa tensión termina trasladándose a los financiadores y amenaza la sustentabilidad general.

Martínez también alertó sobre varios fenómenos simultáneos: el aumento de cuotas de las prepagas, la caída del empleo formal, el crecimiento de categorías bajas del monotributo y la reducción de transferencias hacia las provincias. Todo ello impacta directamente en obras sociales como IOMA, donde el gasto en medicamentos ocupa una proporción cada vez mayor del presupuesto.

Para el economista, la salida pasa por dos caminos complementarios: construir un sistema integrado de información sanitaria y avanzar hacia mecanismos de pago por resultados, donde se remunere el valor generado para la salud de las personas y no únicamente la cantidad de prestaciones realizadas.

“El sistema financiado por el bolsillo de la gente se terminó”

La presentación más provocadora fue probablemente la de Gabriel Lebersztein, gerente médico de OSECAC, quien recurrió a la figura mitológica de Casandra para advertir sobre una realidad que, a su juicio, muchos prefieren ignorar.

Apoyado en datos de evolución de tratamientos oncológicos durante la última década, sostuvo que mantener las mismas coberturas incorporando las nuevas tecnologías exigiría incrementos salariales imposibles de alcanzar y una cantidad de aportantes que excede cualquier proyección realista.

Por eso lanzó una frase que atravesó el auditorio: “El sistema de salud financiado a través del bolsillo de la gente, por la cuota o por el salario, se terminó”.

Lebersztein reconoció el aporte de la industria nacional para moderar algunos costos, pero advirtió que existe un umbral económico que ninguna organización puede absorber indefinidamente.

También cuestionó la falta de un nomenclador nacional y la disputa distributiva entre los distintos actores del sistema, al tiempo que propuso avanzar hacia una historia clínica interoperable y mecanismos de financiamiento basados en calidad y resultados sanitarios.

Uno de los conceptos más celebrados por los farmacéuticos presentes fue su defensa de una transformación profunda en la remuneración profesional: “El farmacéutico debe ser remunerado por el servicio farmacéutico y no por entregar medicamentos”.

Una agenda común para un sistema bajo presión

Pese a provenir de organizaciones diferentes, los tres expositores coincidieron en varios reclamos estructurales: la necesidad de una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, sistemas de información interoperables, herramientas comunes para medir resultados y nuevos modelos de contratación y financiamiento.

El consenso fue claro: el desafío ya no pasa únicamente por conseguir más recursos, sino por utilizarlos mejor y demostrar qué resultados generan para la salud de la población.

Si bien la mesa estuvo centrada en la sustentabilidad económica, el tramo final dejó en evidencia que una parte importante de las respuestas puede encontrarse en el trabajo del profesional farmacéutico. Las preguntas del público pusieron el foco en la farmacovigilancia, el seguimiento de pacientes polimedicados, la trazabilidad y la calidad del uso de los medicamentos.

En un contexto donde cada tratamiento representa una inversión creciente y donde la prescripción adecuada se vuelve decisiva para la sustentabilidad del sistema, el farmacéutico aparece como un actor estratégico para mejorar resultados clínicos, prevenir eventos adversos, optimizar terapias y aportar información clave para la toma de decisiones.

En definitiva, si la discusión de la jornada giró en torno a cómo sostener el sistema de salud del futuro, el rol profesional farmacéutico surgió como una de las herramientas más concretas y consensuadas para lograrlo.