“Lo que hizo calentar a la presidenta (Cristina Fernández) fue enterarse por (Augusto) Costa y (Axel) Kicillof que los laboratorios tenían una rentabilidad del 24 por ciento y encima aumentaban los precios”. De esa manera voceros oficiales explicaron el estallido de ira del gobierno contra la cámaras farmacéuticas disparadas por –apenas- 7 por ciento de aumento, en mayo pasado. Finalmente, hay una explicación que suena coherente para la catarata de imprecaciones que surgieron desde la Casa Rosada y que colocaron a la industria durante una semana en el escarnio público y en la tapa de los diarios.

A partir de ese momento, ha surgido desde la Casa de Gobierno –instrumentada a través del Ministerio de Salud por un andarivel y por la Secretaria de Comercio por el otro- una agenda para el sector farmáceutico que básicamente alienta la producciòn pública, la aprobación de dos proyectos legislativos motorizados por el oficialismo, que apuntan a reactivar la prescripción por génericos y regular la promoción publicitaria.

También figura en la agenda – de alrededor de diez puntos- la eliminación de la resolución 150/92 heredada de los tiempos de Carlos Menem, Domingo Cavallo y el “Chiche” Araoz, redactada a medida de las multinacionales.

El proyecto de genéricos que ingresó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados modifica el artículo 2 de la Ley 25.649 de prescripción de genéricos de la época del ex ministro Gines González García, para imponer “en forma obligatoria” la prescripción por “la denominación común internacional” del principio activo.

El proyecto fue presentado por la bonaerense Gloria Bidegain y entre sus adherentes figuran Andrea Garcia, presidenta de la Comisión de Salud, Hector Recalde, y Araceli Ferreyra, todos del Frente para la Victoria.

La iniciativa parlamentaria cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud donde sostienen que “hay que alinear los planetas”, una metáfora para explicar que el PAMI y las obras sociales también deben aceptar la prescripción de genéricos. Por lo menos el PAMI, ha sido refractario hasta ahora a la ley 25.649.

El proyecto de “Regulación de Publicidad de Medicamentos, Alimentos y Complementos” es de la autoría también de Andrea García, Jose Guccione, uno de sus vicepresidentes, y de Gloria Bidegain, entre otros.

La “autoridad de aplicación” seguirá siendo la ANMAT, pero incorpora a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como “la autoridad de control”.

En cuanto a la resolución 150/92 que favoreció -y aún favorece - a las multinacionales para obtener la autorización para introducir en el mercado argentino  sus nuevos productos mediante trámites expeditivos, está también en la agenda gubernamental y podría ser eliminada, tal como ocurrió con excenciones similares que concedía para importar insumos médicos y hospitalarios, ya hace tiempo.

Para los medicamentos la resolución 150 fue intocable. Pero a causa de los medicamentos de alto costo, hay quienes desde el Ministerio de Salud y otros organismos oficiales, que alientan su derogación.

“Los medicamentos de alto costo representan la mitad del 32 por ciento del gasto en medicamento del  presupuesto total en salud”, afirmó un funcionario, planilla en mano y comparando con la incidencia del mismo gasto en otros países.

“Le hemos explicado a la presidenta que la derogación de la 150 permitiría avanzar en una alianza estratégica con los laboratorios nacionales, porque no es posible que los extranjeros obtengan autorizaciones casi express y a los nacionales los tengan seis meses juntando orina”, explicó a Pharmabaires uno de los impulsores desde el Ministerio de Salud de la nueva “agenda para el sector farmacéutico”.

“En su momento la 150 tenía una justificación, pero ahora con el ANMAT que tiene 1.200 empleados y un excelente nivel profesional, no se justifica”, aseguran en el Ministerio de Salud.

En cuanto a la producción pública, admiten que la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos "es una herramienta más en manos del ministerio" pero con efectos prácticos retardados a por lo menos tres años y sin incidencia efectiva en el mercado en por lo menos una década, vislumbraron funcionarios de Salud sobre el proyecto de la diputada oficialista Ana Gailard.

En un ejemplo de la polìtica  a futuro, el MInisterio de Salud y el laboratorio público LIF de Santa Fe firmaron un acuerdo para la producciòn de morfina y metadona para los enfermos oncológicos que se distribuirán como calmantes con receta médica en nueve hospitales públicos.

En cambio, tendrà un recorrido apenas testimonial el proyecto del diputado Carlos Raimundi de Nuevo Encuentro, que propone conformar una comisiòn para regular precios y màrgenes de rentabilidad.  "Es muy complejo. Como decía Perón, para no resolver nada lo mejor es formar una comisión", ironizan en la Casa de Gobierno y en el MInisterio de Salud. Para precios, está la espada de Costa, aseguran.