La reciente jornada organizada en la Cámara de Diputados sobre la prescripción por el nombre genérico, evidenció que existe consenso político entre los legisladores para modificar y relanzar la ley aprobada en 2002, esta vez eliminando la opción de la marca que concedía el artículo 2. El interrogante es si el sistema cuenta también con el consenso de médicos y los farmacéuticos y si el convenio con el PAMI sobrevivirá a los cambios.

   La jornada demostró la unanimidad de los discursos de los legisladores oficialistas, sin fisuras y convencidos de que el genérico más el proyecto para regular la publicidad del medicamento, serán medidas legislativas eficaces para reducir los precios.

   El proyecto de modificación de la Ley 25.648 que presentó la diputada oficialista Gloria Bidegain, tuvo su correlato en la Provincia de Buenos Aires, donde el senador sciolista Marcelo Carignani presentó una iniciativa similar para anular el artículo 2.

   Precisamente, la titular del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, Isabel Reinoso, fue taxativa cuando aseguró que “vamos a comenzar a devolver las recetas cuando vengan con el nombre comercial. Es duro mandar de nuevo al médico al paciente para que le redacten otra receta por el nombre genérico. Pero hay que hacer cumplir la ley”.

   Reinoso, de paso, puso sobre la mesa otra preocupación de los farmacéuticos: La figura de “distribuidor de medicamentos”que permitiría a un puñado de droguerías distribuir directamente los medicamentos de alto costo sin pasar por las farmacias.

   Voceros del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal aseguraron a Pharmabaires que la propuesta de Reinoso es “impracticable”.

   “Ningún farmacéutico le va a devolver una receta a un jubilado” y se preguntaron si “la cámara de genéricos está en condiciones de bancar el convenio Pami como nosotros”.

   Raúl Mascaró, presidente de la COFA buscó un punto de menor fricción al proponer “una distribución más equitativa entre las cuatro cámaras” en referencia a CILFA, CAEME, Cooperala y CAPGEN.

   Mascaró propuso “libertad de prescripción, libertad de elección y libertad para elegir farmacias” quejándose de que “los medicamentos de alto costo hoy no pasan por las farmacias”.

   “Sustituir no es fácil. A veces el paciente sospecha del farmacéutico cuando propone una sustitución”, advirtió el presidente de la COFA que, igualmente, consideró que “hay que darle igualdad de condiciones a los genéricos”.

   El sitio digital Mirada Profesional que habitualmente expresa sus disidencias con la conducción del colegio farmacéutico bonaerense y con la COFA, también sumó su mirada crítica a los cambios que se avecinan, en una editorial.
 
  “Desde afuera, la estrategia puede parecer acertada, pero en el fondo demuestra la falta de visión a largo plazo para manejar un mercado tan trascendental para la salud pública como los medicamentos”, escribió el sitio digital.

  “Usar estas dos leyes (genéricos y fabricación pública) para “atar” el valor de los tratamientos, algo que sólo servirá por poco tiempo y de manera parcial, es un error que marca la mirada “cortoplacista” con que se trata el tema. Un parche circunstancial, que puede “dibujar” una estadística pero que apenas sirve para el problema de fondo: las asimetrías en la cadena de valor del mercado de los medicamentos” refutó.

Para Mirada Profesional “De poco servirán en un país con una inflación proyectada de más del 35 por ciento si se recetan más o menos medicamentos por su nombre genérico, si estos no tienen una real incidencia en la cadena de valor”.

  También los visitadores médicos (AAPM) se convirtieron en aliados impensados de la industria en tiempos de discusiones paritarias y sumaron su voz crítica al sistema de genéricos e insistieron que el problema son los medicamentos de alto costo.

 “Cuando hay tratamientos que cuestan hasta 300 mil pesos, de nada sirven los genéricos”, afirmaron, proponiendo en cambio un sistema de costo/beneficio antes de aprobar los medicamentos que se presumen innovadores. Una iniciativa que el Ministerio de Salud estudia a semejanza del modelo inglés, “donde se paga a los seis meses y de acuerdo a los resultados”, explicaron sus funcionarios a Pharmabaires.

   Rubén Torres, rector de Isalud y ex director de la SSS en tiempos del ministro Gines González García, apoyó la modificación a la ley de prescripción por nombre genérico pero expuso algunas incertidumbres sobre su real eficacia.

   Para Torres, la clave del gasto en salud está en los desembolsos del PAMI y las obras sociales, proponiendo que es por ahí,  que hay que ajustar los gastos.

   Un reputado economista de la salud, a quien nadie podría vincular con la industria, también sumó una mirada crítica: “Las marcas no se eliminan por ley y el jamón del medio de la industria farmacéutica está en el segmento de los Medicamentos de Alto Costo (MAC) y no en los medicamentos esenciales”, analizó para Pharmabaires.