Cuatro entidades que representan a prestadores privados mantienen en evaluación una suspensión de servicios durante 48 horas, prevista para el 21 y 22 de octubre, en reclamo de una actualización de los aranceles que abona el PAMI y de cambios en las condiciones de contratación. La medida, que no alcanzaría a las emergencias, continúa en pie por el momento, aunque las organizaciones volverán a consultar a sus asociados tras una reciente propuesta del organismo.

Desde el PAMI señalaron que las negociaciones siguen abiertas y que el jueves próximo se realizará una reunión de equipos técnicos, según consigna una nota del día de hoy del diario La Nación. Además, indicaron que el viernes pasado se acordó incrementar los valores de determinadas prácticas clínicas, con una actualización que, según afirmaron, permitiría recomponer prácticamente la inflación acumulada de 2026.

Sin embargo, las entidades consideran que el ofrecimiento es insuficiente frente al atraso acumulado de los aranceles y sostienen que la situación compromete la continuidad de las prestaciones. Por eso, evaluarán si mantienen la medida de protesta anunciada.

El reclamo por los aranceles y los costos

Las instituciones advierten que los ingresos que reciben del PAMI quedaron rezagados frente a la inflación y al aumento de los costos operativos. Según datos de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), entre diciembre de 2022 y junio de 2026 el valor de la cápita correspondiente al segundo nivel de atención subió un 447,47%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 942,35%.

De acuerdo con esos cálculos, los aranceles deberían aumentar más de un 90% para recuperar la diferencia frente a la evolución de los precios. En tanto, los medicamentos registraron un incremento del 1181,70%, según un índice elaborado por la cámara.

Los prestadores también cuestionan las condiciones contractuales, que, según referentes del sector, incluyen límites para determinadas prácticas médicas. Además, reclaman la regularización de los pagos, un modelo de atención adecuado para los jubilados y el fortalecimiento de las contrataciones con clínicas privadas, para evitar una mayor presión sobre los hospitales públicos.

Qué entidades impulsan la medida

La suspensión fue anunciada por Capress, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia. En conjunto, las organizaciones representan a más de 100 entidades sanitarias de distintas regiones del país.

En un comunicado, señalaron que no obtuvieron respuesta a un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Entre los temas que buscan discutir figura una reforma tributaria para el sector y una solución para las aproximadamente 5.000 entidades que mantienen deudas fiscales.

Las cámaras también manifestaron preocupación por lo que describen como una reducción de las prestaciones disponibles para los casi seis millones de afiliados al PAMI. Según referentes del sector, en los últimos meses se habrían derivado contratos hacia hospitales públicos, lo que, sostienen, reduce la actividad de las clínicas privadas y aumenta la presión sobre establecimientos estatales.

Las actualizaciones de este año, bajo cuestionamiento

Los prestadores señalaron que, durante 2026, algunas prácticas recibieron aumentos del 1,9% en junio y del 8% en julio, aunque las variaciones difieren según el servicio. También se estableció un adicional para instituciones de internación que superan determinados niveles de utilización.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de General Roca, en Río Negro, afirmó que en las clínicas patagónicas la actualización anual fue del 8% y alcanzó solo a una parte de las prestaciones. Según explicó, los servicios de alta complejidad no recibieron aumentos y algunos incluso afrontarán una reducción de valores en octubre, junto con limitaciones para prácticas como hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía.

El directivo sostuvo que la propuesta reciente del PAMI contempla una actualización vinculada con los aumentos salariales acordados, pero consideró que no alcanza para compensar la inflación ni para resolver el atraso de fondo. Por eso, las entidades volverán a consultar a sus integrantes antes de definir si avanzan con la suspensión.

El conflicto ya tuvo antecedentes recientes: a fines de agosto, clínicas patagónicas interrumpieron la atención durante 24 horas. También se registraron medidas que afectaron los servicios en el conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza.

Por el momento, la suspensión anunciada para el 21 y 22 de octubre sigue bajo evaluación y su alcance definitivo dependerá de las decisiones que adopten las entidades prestadoras en las próximas horas.