LA LEGISLATURA PORTEÑA EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA DEUDA DE DEL PAMI CON LOS HOSPITALES PÚBLICOS
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una declaración en la que expresó su profunda preocupación por la falta de pago del PAMI, que acumula nueve meses de deuda por las prestaciones hospitalarias brindadas a sus afiliados en los hospitales públicos porteños.
La iniciativa advierte sobre el impacto que esta situación tiene en el financiamiento del sistema de salud de la Ciudad y en la continuidad de los servicios médicos destinados a las personas mayores. El pronunciamiento fue impulsado por la diputada de Confianza y Desarrollo (CyD), Graciela Ocaña, quien cuestionó la falta de cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del organismo nacional.
En el documento aprobado, se señala que "la reticencia por parte del gobierno nacional a abonar los servicios prestados por los efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compromete seriamente el financiamiento del sistema de salud porteño, y configura un grave abandono de persona hacia los adultos mayores locales, afiliados al PAMI ".
Entre los fundamentos de la presentación, Ocaña remarcó que los establecimientos públicos de salud porteños reciben diariamente a miles de afiliados del PAMI y garantizan su acceso a una amplia variedad de servicios médicos. Entre ellos, mencionó consultas, estudios diagnósticos, tratamientos, internaciones y otras prácticas afines.
Según explicó la legisladora, estos servicios generan créditos a favor del Sistema de Salud de la Ciudad, cuya recuperación resulta fundamental para garantizar el sostenimiento económico de las prestaciones que se brindan a la población.
En ese sentido, advirtió que la acumulación de varios meses de facturación impaga repercute directamente sobre la capacidad financiera y operativa del sistema sanitario porteño.
La diputada sostuvo, además, que el escenario adquiere una dimensión aún más preocupante debido a las características de la población afectada. "Los principales afectados son personas mayores, sector especialmente vulnerable que requiere atención médica de forma constante", señaló.
La declaración, considera que el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del organismo nacional excede una cuestión meramente administrativa o financiera, ya que pone en riesgo derechos fundamentales contemplados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En el tramo final de sus fundamentos, Graciela Ocaña cuestionó la conducta del Estado Nacional respecto de sus responsabilidades en materia de salud.
"Esta Legislatura no puede permanecer en silencio, ya que el Estado Nacional está incurriendo en una conducta incompatible con su deber de garantizar el Derecho a la Salud y la protección integral de las personas mayores. La política de déficit cero no puede ser a costa de la salud de las personas mayores, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad", concluyó.
Fuente: El Parlamentario.