REVÉS JUDICIAL PARA LAS PREPAGAS: YA NO PODRÁN APLICAR AUMENTOS LIBRES SIN EL AVAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y restituyó las facultades de revisión y fiscalización del organismo oficial sobre los aranceles de los planes médicos.

Las empresas de medicina prepaga ya no podrán fijar incrementos tarifarios de manera libre y deberán someter nuevamente sus ajustes a la revisión, fiscalización y autorización previa del Estado Nacional. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, normas mediante las cuales el Poder Ejecutivo había suprimido la supervisión oficial sobre los valores de los planes de salud.

La sentencia, rubricada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, marca un precedente institucional al convertirse en la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal respecto del decreto 70/2023. El expediente arribó a la instancia suprema tras los recursos extraordinarios interpuestos tanto por el Estado Nacional como por la firma de medicina prepaga demandada.

A través de este pronunciamiento, la Corte ratificó parcialmente un fallo previo de la Cámara Federal de La Plata en el marco del reclamo impulsado por una afiliada cuya cuota había escalado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según consta en la causa, de haberse mantenido vigente la resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, la actualización correspondiente a enero de 2024 habría sido de apenas el 6,26%.

Un fallo con fuerte efecto dominó en los tribunales

La resolución del máximo tribunal proyecta consecuencias directas en dos frentes de litigiosidad vinculados al sector de la salud privada:

  • Expedientes en la Corte: Marca el criterio jurídico que impactará de manera inmediata sobre alrededor de 500 causas similares que aguardan definición en los estrados del propio tribunal supremo.
  • Demandas y devoluciones: Sienta jurisprudencia clave para múltiples presentaciones judiciales tramitadas por otros usuarios en distintos juzgados del país, abriendo además el escenario para quienes ya abonaron las subas desreguladas y exigen el reintegro de lo pagado.

Cómo funcionará el esquema de revisión tarifaria

Los artículos invalidados del DNU 70/23 habían dejado sin efecto una disposición de la Ley 26.682 y alterado otra normativa que sujetaba los aranceles de la medicina prepaga a la órbita de control estatal. Con la restitución de ese marco legal, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) retoma la obligación de auditar cada propuesta de aumento para asegurar su razonabilidad.

En concreto, la autoridad de aplicación volverá a tener la facultad exclusiva de autorizar subas siempre y cuando estén respaldadas por variaciones comprobables en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

No obstante, el máximo tribunal dejó sin efecto el tramo del fallo de la Cámara Federal de La Plata que establecía el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como techo obligatorio para las actualizaciones. La Corte aclaró que su decisión no impone un límite automático atado a la inflación, sino que devuelve las herramientas regulatorias al organismo oficial para que evalúe cada incremento bajo los parámetros legales restablecidos.

Sin urgencia acreditada para legislar por decreto

Al argumentar la invalidez de ambos artículos, los jueces recordaron que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a ejercer funciones legislativas únicamente bajo circunstancias de estricta excepcionalidad. Para que un DNU sea válido, debe verificarse la imposibilidad de que el Congreso sancione una ley mediante los canales ordinarios, o bien una urgencia tal que exija una respuesta en tiempos incompatibles con el debate parlamentario.

Apoyándose en su jurisprudencia sobre decretos de necesidad y urgencia —consolidada en el precedente “Cencosud”, fallado el 13 de agosto—, el tribunal advirtió que los fundamentos del DNU 70/23 carecían de una justificación mínima sobre las condiciones excepcionales que ameritaran eliminar los controles tarifarios en la medicina prepaga.

Para los magistrados, las referencias genéricas a una “crisis del sistema de salud” y a la búsqueda de “aumentar la competitividad del sistema” a través de la desregulación de precios no alcanzan para probar una emergencia de esa envergadura. Tampoco se acreditó un vínculo concreto entre la situación de emergencia económica y social invocada por el Gobierno y la quita de las facultades de control estatal.

Asimismo, la Corte enfatizó que las razones de mera conveniencia del Poder Ejecutivo no justifican el uso de un mecanismo de excepción, dado que la Carta Magna no permite optar discrecionalmente entre el trámite legislativo en el Congreso y la vía más expedita del decreto.

Por último, el tribunal dejó expresamente asentado que su decisión se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, sin abrir juicio sobre la constitucionalidad del resto del articulado de la norma.