Estados Unidos redobla su presión sobre América Latina por la extensión de las patentes farmacéuticas, a través de las imposiciones de los tratados de libre comercio que sometan a las industrias nacionales y les impidan ingresar al mercado con versiones más baratas. Se reedita la polémica y los escenarios de los 90, en momentos en que en Argentina comienza a diseñarse una estrategia, desde el Ministerio de Salud, para reglamentar los biosimilares que compitan con los biotecnológicos de alto costo.

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) de México, Alfredo Rimoch, advirtió que se avecinan “presiones muy fuertes influenciadas por Estados Unidos” para extender las patentes en el marco de las negociaciones del Acuerdo de AsociaciónTranspacífico (TPP).

“La Ley de Protección Industrial en México estipula que las patentes tienen una vigencia improrrogable de 20 años. Sin embargo, vienen presiones muy fuertes influenciadas por Estados Unidos para extenderlas”, advirtió el directivo de los laboratorios nacionales mexicanos.

La exigencia de Estados Unidos surgió durante la última ronda de negociaciones del TTP que se realizó en Hanoi, Vietnam, en septiembre pasado.
De acuerdo con la versión de Anafam, en dicho encuentro el gobierno mexicano solicitó un periodo de gracia de ocho años ante la propuesta de ampliar la vigencia de las patentes de los fármacos.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que entre 2015 y 2019 vencerán las patentes de 4.852 medicamentos y podrán ingresar las versiones genéricas producidas por los laboratorios nacionales. 
Los laboratorios mexicanos temen que Eli Lilly y Pzifer, entre otras multinacionales instaladas en el país, utilicen el TPP para retrasar el ingreso de sus competidoras locales.
Los fabricantes nacionales alertaron que una eventual extensión de las patentes ataría a los pacientes mexicanos a altos costos de medicamentos.
“El precio del medicamento se vuelve uno de los principales factores para que la gente abandone su tratamiento”, dijo para 24 HORAS de México, Astrea Ocampo, directora comercial del laboratorio Alpharma.
Una extensión en las patentes también afectaría el costo de la salud pública, especialmente en tratamientos con biotecnológicos.
Alfredo Rimoch, el presidente de Anafam, explicó que las terapias con medicamentos biotecnológicos de alto costo componen tan sólo 3% de todas las medicinas que adquiere el Sector Salud mexicano, pero absorben la mitad del presupuesto destinado a la compra de medicamentos.
“El problema ya no es si hay o no una cura para una enfermedad, el problema ahora es si hay dinero para pagar el tratamiento”, dijo Alfredo Rimoch.
El gobierno de Colombia recientemente aprobó el decreto que regula el ingreso de biosimilares al mercado pese a la presión de Estados Unidos que incluso recurrió a las “recomendaciones” del vicepresidente, Joe Biden, al presidente Juan Manuel Santos, sobre el supuesto daño al comercio bilateral que implicaba la nueva normativa.
En Argentina se percibe un cambio desde el ministerio de Salud que busca profundizar mediante una política coordinada desde Anmat, Iname, Pami y otros organismos oficiales, la utilización de genéricos.
En esa ruta también comienza a vislumbrarse la intención de reglamentar el ingreso de biosimilares, a semejanza del modelo colombiano, confirmaron voceros oficiales.
Colombia, al mismo tiempo y atendiendo a los compromisos asumidos por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, recientemente aprobó –también por decreto- la “compensación del plazo de vigencia en materia de patentes” por los atrasos de la administración en los trámites de concesión.
Sin embargo, el gobierno colombiano excluyó a las patentes farmacéuticas de la compensación de los plazos, pues ya tienen una vigencia de veinte años, generándose otra demanda de los laboratorios estadounidenses instalados en el país.
La compensación de hasta ocho años, que previamente debieron aceptar Chile, Perú y Panamá, propone “garantizar a los inventores un proceso de patentabilidad agil y eficiente y, en caso contrario, compensar las demoras en que incurra” el Tribunal de Propiedad Industrial (Inapi) de Colombia.
El organismo rechazó, en cambio, el tema de la “retroactividad” que reclamaban las multinacionales y la compensación se comenzó a aplicar a partir del 29 de septiembre de 2014.
El argentino Carlos Correa, especialista y referente ineludible en propiedad intelectual, advirtió recientemente que “el constante aumento en la solicitud y concesiónde patentes que se observa en los países industrializados y China no corresponde a un genuino progreso en la innovación”.
“La proliferación de patentes refleja, en gran medida, el bajo nivel de requerimientos por parte de las autoridades que las conceden” y “el otorgamiento de patentes que no implican una verdadera invención sustrae conocimiento del dominio público y refrenan la legítima competencia”, advirtió Correa.  
El experto argentino –consultor de organismos internacionales como la OMC y Naciones Unidas- subrayó que “la proliferación es particularmente elevada y problemática en el sector farmacéutico, donde grandes empresas tratan de adquirir portafolios de patentes para extender la exclusividad de las licencias más allá de su expiración, mediante el agregado de nuevos componentes”.
Correa mencionó un ejemplo: la patente básica de paroxetina, un antidepresivo, expiró en 1990, pero en virtud de la trampa de las patentes “secundarias” se mantendrá protegido hasta 2018.