La versión se fortalece cada semana: se vienen los biosimilares, como estrategia para bajar el precio de los medicamentos patentados. La incógnita es si alumbrará mediante un decreto presidencial o mediante una ley enviada al Congreso Nacional.

“La decisión está tomada y quizás se concrete antes de fin de año”, aseguran fuentes oficiales. Sin embargo, admiten que los tiempos conspiran contra el proyecto que anima el viceministro de Salud, Daniel Gollan, el hombre que milita y construye sin pausa. La intención es sumar voluntades para un nuevo modelo de política sanitaria que deberá perdurar más allá de diciembre de 2015.

La demora se la adjudican al desplazado Carlos Chiale, el ex titular de la ANMAT, donde se siguen produciendo cambios que apuntan, precisamente, a la nueva política de salud y acelerar la aprobación de biosimilares.

“Chiale le daba vueltas al tema de los biosimilares. Se perdió mucho tiempo, pero la intención es recuperarlo ahora”, afirman algunos profesionales del organismo, identificados con la nueva conducción de Rogelio López. 

López “es un compañero a quien lo designó directamente Cristina, tardíamente, es cierto, pero al final (la presidenta) se dio cuenta que a la Anmat la manipulaban cinco o seis laboratorios”. El comentario lapidario procede de un importante funcionario de la Jefatura de Gabinete en diálogo con Pharmabaires.

“Compañero” significa pertenecer a “Unidos y Organizados por la Salud” que ha comenzado a movilizarse por todo el país y que convoca para el sábado 29 a su Primer Encuentro de Equipos de Salud en la Ex Esma.

El modelo de decreto que se estudia en la ANMAT y en el INAME para aprobar antes de fin de año está copiado del que recientemente promulgó el gobierno colombiano y que contiene una “vía abreviada” que favorece a los laboratorios nacionales.

“Si el modelo es Colombia, no estaría mal”, reconocieron a Pharmabaires voceros de la industria nacional. Aunque tampoco es una posición homogénea.

El proyecto de biosimilares goza “del apoyo de cinco o seis grupos farmacéuticos muy importantes de Argentina” aseguran funcionarios oficiales. Y, a decir verdad, otros miran de “afuera” y con cierto temor de los cambios por venir.

Cambios que también apuntan a la unificación en una base de datos de los precios de los medicamentos. Por eso la obligación de incorporarlos al Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) del Anmat.

“Hay medicamentos oncológicos que la PAMI le cuestan 20 mil pesos y las obras sociales lo pagan dos mil”, según afirma la gente de Gollan que ha detectado estas diferencias y que adjudican a la falta de coordinación.

“Ha llegado el momento de alinear los planetas”, insisten, a modo de metáfora sobre lo que vendrá en materia de precios, en la búsqueda de coordinación desde la Secretaria de Comercio al Ministerio de Salud, pasando por Anmat y PAMI.

Gollan “va para adelante” con los biosimilares en su intento de alinear los planetas, algunos más díscolos que otros dentro del propio tejido oficial, con el supuesto apoyo presidencial.

“Cristina le pidió a Gollan que biosimilares en treinta días tiene que salir”. La frase corresponde a uno de los referentes de Unidos y Organizados en la Salud. Los treinta días ya pasaron y la culpa es, ahora, de Carlos Chiale.   

En ese contexto de una política de salud que avanza como los ríos de montaña (desaparecen para volver a resurgir más adelante) fueron potencializadas las declaraciones de la ministra de Salud de Uruguay, Susana Muñiz, sobre “las negociaciones abusivas” de la industria por la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Muñiz había participado una semana antes en la reunión de ministros de Salud del Mercosur realizada en Buenos Aires y el comunicado de prensa del encuentro sólo le dedicó un párrafo a la denuncia de la funcionaria uruguaya.

“Nosotros consideramos que están habiendo precios abusivos y una negociación abusiva de la industria que fabrica la vacuna del HPV”,  afirmó Muñiz, desde Montevideo, involucrando a sus colegas. Pero no todos hablaron, ni para respaldar las imputaciones de su colega.