El Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal  expresó su malestar con la senadora Gabriela Michetti, que en su intento por defender a su pareja, el empresario farmacéutico JuanTonelli, terminó por instalar un debate –siempre subyacente- sobre los medicamentos de venta libre. A su vez los legisladores Hernán Rossi y Graciela Ocaña presentaron un nuevo proyecto de Ley de Farmacias que es la contracara del modelo de la cadena Farmacity vigente en la ciudad.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Claudio Ucchino, en una carta abierta expuso “la confusión” de la candidata disidente del PRO durante una entrevista con la revista Noticias.

“El hecho de que los medicamentos sean de venta libre no significa que su venta tenga que ser liberada a cualquier comercio”, advirtió el colegio profesional, en respuesta a las declaraciones de Michetti. “Ningún medicamento es inocuo ni es una golosina para ser tomado con liviandad”,  subrayó Ucchino.

“Cuando se habla de medicamentos de venta libre, son de venta libre. Si no quieren que haya medicamentos de venta libre, que se los prohiba y listo”, propuso la candidata del PRO durante la entrevista con Noticias, que con varias preguntas punzantes íntentó de demostrar la condición de “lobbysta” de Juan Tonelli, CEO de la cámara de venta libre (Capemvel) .

Por ejemplo, la revista preguntó “es mas eficiente Michetti como lobbysta que usted, Tonelli. ¿No cree que hay incompatibilidades ahora?”. La respuesta del CEO de Capemvel fue “Yo no soy muñeco que nunca hice nada” y su pareja, la senadora, lo defendió con el argumento de que hace un trabajo “sano y digno” y que el tema “es si se hace mal, si se pagan coimas”.

Las incisivas preguntas de la revista Noticias pueden refractar un ejercicio de periodismo independiente. Pero también responden a la insidiosa campaña del bando del candidato oficialista Horacio Rodríguez Larreta, quien intenta instalar que Michetti está financiada en su campaña por un lobbysta de los laboratorios.

La candidata, menos agresiva, evitó mostrar fotos del candidato oficial del PRO con Mario Quintana, el dueño de Farmacity. Tal vez, se puede suponer, que su pareja el CEO de Capemvel y el dueño de la mayor cadena de farmacias de la CABA, sellaron un pacto mutuo de no agresión.

También parece que bajaron los decibeles de confrontación desde el Ministerio de Salud, que luego de las inspecciones del verano no da señales de que la nueva gestión tenga intenciones de hacer cumplir la ley nacional en el ámbito de la ciudad.  En otras palabras, nadie impide que Farmacity siga vendiendo sus pebetes de jamón y queso.   

A su vez, los legisladores Hernan Rossi y Graciela Ocaña del bloque ECO, presentaron la Ley de Regulación de la Actividad Farmacéutica en la Ciudad de Buenos Aires,  que se propone “regular el ejercicio de la actividad farmacéutica” y también “la actividad de laboratorios, distribuidoras y droguerías”  en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto se propone “garantizar la comercialización de los medicamentos, como bien social, en condiciones de protección de la salud y los derechos de los consumidores de los habitantes de la ciudad”.     

El texto presentado por los legisladores prohíbe “la oferta, venta y despacho de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre, fuera de las farmacias”. La prohibición incluye internet y cualquier medio electrónico.

El proyecto propone que las farmacias “por ser una extensión del sistema de salud” y un “servicio de interés público” estarán “racionalmente distribuidas en el territorio de la cludad, a fin de asegurar la accesibilidad, atención y calidad de su servicio”.

El criterio de distancia será de “una farmacia cada 300 metros”. Pero las farmacias que acrediten cinco años de antiguedad podrán trasladarse hasta una distancia no menor a 100metros de una ya instalada.

El proyecto limita las cadenas de farmacias a solo diez locales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, “sin perjuicio de las situaciones preexistentes a la fecha de sanción de la ley”.

O sea, Farmacity no debería desprenderse de sus locales por exceso de sucursales permitidas, a diferencia del conflicto que instaló el presidente uruguayo José Mujica en diciembre de 2013, al regular las bocas de expendio de las cadenas de farmacias en su país, con un máximo de 15 locales.

Las farmacias que no sean propiedad de un farmacéutico deberán ser dirigidas por un farmacéutico Director técnico, quienes entre otras prohibiciones no podrá recibir “honorarios bajo ningún concepto de profesionales o colaboradores del arte de curar, de   laboratorios de análisis clínicos, ortopedias,  ópticas o actividad comercial afin”.

El proyecto también impone multas, decomiso y clausura,  en caso de venta de medicamentos sin brindar la debida información o  en presentaciones no autorizadas.