Estados Unidos volvió a incluir a la Argentina en la Priority Watch List (Lista Negra) de países que presuntamente violan los derechos de propiedad intelectual.  Mientras tanto, un senador norteamericano propuso quebrar la patente del Sovaldi (el medicamento más caro del mundo) en su propio país.

El informe anual “Special 301” de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) coloca a China una vez más al tope de la lista de vigilancia prioritaria, aunque destaca el “amplio esfuerzo de reforma de la ley de propiedad intelectual” y “algunas iniciativas positivas” sobre “el uso de los derechos de propiedad intelectual”.

La USTR también alerta sobre “la grave y continua preocupación” sobre la insuficiente protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en trece países: Argelia, Argentina, Chile, China, Ecuador, India, Indonesia, Kuwait, Pakistán, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela.

En Argentina, la USTR identifica tres conflictos sustanciales:

-  “La salada”, uno de los “mayores mercados al aire libre en América latina que ofrecen productos falsificados y pirateados, y sigue creciendo “, señala el informe.

-  La tasas de piratería de internet que “se acerca al 100 por ciento en varías áreas de contenido” y el “uso generalizado de software sin licencia por parte de empresas privadas y el gobierno”.

 - “El uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos”.

Sobre las patentes farmacéuticas, hay una queja rotunda: “en lugar de proporcionar protección para las patentes pendientes, Argentina sólo proporciona protección de las patentes desde la fecha de concesión”.

También hay reclamos por “el atraso considerable de solicitudes de patentes que se traduce en largas demoras en el registro de derechos “.

La USTR señala que “para ser patentable, Argentina exige que los procesos para la fabricación de compuestos activos descriptos en la especificación sean reproducibles y aplicables a escala industrial. No está claro si también estás directrices restrictivas se aplican a los productos de la biotecnología”.

“Estas restricciones limitan la capacidad de las empresas que invierten en Argentina para proteger sus derechos de propiedad intelectual y son incompatibles con la práctica internacional”, asegura la USTR.

En el caso de Brasil, el informe reconoce que “continuó mejorando su régimen de derechos de propiedad intelectual durante 2014”, pero sigue en la lista de vigilancia durante 2015,  porque hay quejas contra la agencia reguladora ANVISA, por la duplicación de las solicitudes para el registro de nuevos productos, que la USTR considera que es un procedimiento burocrático y que “carece de transparencia”.

También la USTR se quejó “de la protección inadecuada de Brasil contra el uso comercial desleal de datos de la prueba no revelados y otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos”.

El informe resaltó de Brasil la labor del Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería y la Propiedad Intelectual (CNCP) que colaboró “positivamente” con la policía estadounidense en detectar productos falsificados.

También hay quejas contra Perú por no aplicar, supuestamente, las obligaciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre ambos países (APC).

Chile también se mantiene en la lista de vigilancia prioritaria, mientras Estados Unidos “sigue instando” a que el país vecino implemente “un sistema eficaz para hacer frente a problemas de patentes con urgencia, en relación con las solicitudes para comercializar productos farmacéuticos”.

Mientras tanto en Estados Unidos, el senador Bernard Sanders (precandidato presidencial demócrata) propuso quebrar la patente del medicamento Sovaldi de Gilead, debido a su elevado costo, en una carta al US Department of Veterans Affairs.

Sanders, senador por Vermont, consideró que si el medicamento Sovaldi cuesta 1,000 dólares por píldora y 84 mil dólares por un tratamiento”, se debería acudir a la Ley Federal 28 USC 1498 sobre patentes y derechos de autor.   

La ley federal en cuestión autoriza a fabricar un medicamento en Estados Unidos abonando “una indemnización razonable” al titular de la patente. La vigencia del procedimiento se remonta a 1910 cuando la Corte Suprema de Washington validó su aplicación.

Sanders propuso recurrir a la Ley Federal 28 USC 1498, en una carta al secretario del departamento que se ocupa de los ex combatientes, Robert McDonald, en la que advierte “el impacto devastador” de la Hepatitis C entre los veteranos, de los cuales alrededor de 180 mil tienen diagnosticada la enfermedad.

El departamento ya reasignó 400 millones de dólares para pagar los tratamientos con Sovaldi que requieren los veteranos .

Pero Sanders reforzó que “a los veteranos de nuestra nación no pueden y no deben ser negados el tratamiento, mientras las compañías farmacéuticas pasan por el rastrillo miles de dólares en ganancias”.

También el partido Podemos de España incluyó en su programa político la expropiación de las patentes para mejorar “el acceso a las innovaciones farmacéuticas”.

Podemos impulsa “la fabricación de medicamentos genéricos que sean beneficiosos para los enfermos que tienen que afrontar tratamientos costosos (como la hepatitis C)” así como por establecer “líneas de cooperación con otros países y continentes, especialmente con África y América Latina”.

Mientras, el canciller chileno Herraldo Muñoz, afirmó que su país no aceptará la protección de 12 años que reclama Estados Unidos para los productos biológicos en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) que discuten las autoridades de 12 países.  

Muñoz fue enfático en señalar que “no vamos a ir más allá del estándar vigente en nuestro país” y aseguró que no se abrirán ni asumirán más compromisos que los ya adquiridos en los Tratados de Libre Comercio (TLC), que el país ha suscrito en materia de propiedad intelectual, patentes y servicios.

El Observatorio Sudamericano de Patentes a su vez repudió declaraciones de Gonzalo Rovira, presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comerco de Estados Unidos en Argentina (AnCham), que publicó en medios locales “un artículo con afirmaciones falsas sobre la realidad argentina”.

Rovira apeló a “conceptos en apariencia irrefutables” sobre la “correlación entre los países que ofrecen una protección a la propiedad intelectual y las sociedades que gozan de una mejor calidad de vida”.

“Las patentes crean monopolios extranjeros”, respondió Marcos Piña, vocero del Observatorio Sudamericano y que “el número de patentes se relacione con el crecimiento de un país es falso de toda falsedad, pues, solamente representa una mayor presentación de solicitudes de invenciones que por lo general constituyen novedades o innovaciones en no más de un 5% de las presentaciones de patentes en las oficinas de propiedad intelectual”.

"En realidad, en Argentina se presentan unas 5 mil solicitudes de patentes de las cuales el 80 por ciento son extranjeras y del 20 por ciento restante, la mitad son abandonas por sus titulares. Una gran mentira orquestada por los lobistas de Estados Unidos en un país, mentira que se reproduce y alimenta desde las propias instituciones del Estado formado por funcionarios mediocres que ponen en riesgo la economía nacional", denostó el Observatorio Sudamericano de Patentes.

México en cambio liberó las  patentes de medicamentos biotecnológicos -como la insulina - decisión que se presentó como la posibilidad de acceder a medicamentos más baratos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco (CIATEJ),  fueron habilitados en marzo para realizar pruebas científicas a medicamentos biotecnológicos y asegurar el acceso de la población a estos productos.

Pero no todas son malas noticias para las multinacionales, pues en India Merck se anotó una victoria cuando el Supremo Tribunal de Justicia falló recientemente a su favor por las patentes de sus medicamentos contra  la diabetes Januvia y Janumet, y bloqueó las versiones genéricas del laboratorio Glenmark de Mumbai.

La sentencia está en contraste con fallos habituales del Supremo Tribunal de Justicia con sede en Nueva Delhi,  que tradicionalmente suele fallar a favor de las empresas nacionales de genéricos. Novartis, Bayer y Pfizer en los últimos años perdieron demandas similares.