Alguien no escuchó, o se hizo el sordo, cuando le aseguraban que Augusto Costa y su equipo se habían reunido, durante varios días, con Guillermo Moreno y los suyos antes de ocupar el cargo de secretario de Comercio. Los encuentros no eran para elegir el nuevo empapelado o cambiar algunos muebles de lugar. Moreno instruyó a sus reemplazantes sobre cada sector de la economía que debían “controlar” y la manera en que debían hacerlo.

   Algunos malentendidos y desencuentros con las nuevas autoridades, la devaluación y ciertas medidas económicas desgraciadas, llevaron a gran número de empresas farmacéuticas a retocar los precios de sus productos. En la mayoría de los casos en sintonía con el 3% pendiente antes del traslado de Moreno a Italia, en otros, con algunos puntos de más.­­
   Estos aumentos provocaron, en diciembre de 2013, una fuerte reacción por parte del Gobierno contra la Industria Farmacéutica.
    Ya en enero de 2014, además de ordenar la “retracción” de los precios en los casos de aumentos más significativos, se puso en marcha la maquinaria legislativa para controlar, sin miramientos, el mercado de los medicamentos y limitar el accionar de los laboratorios, demostrando una formidable capacidad de decisión política cuando es necesario para sus fines.
  Los ataques provinieron de diferentes flancos, como lo fueron la Regulación de la Cadena de Frio (con firma en Comisión de Salud de Diputados); la Fiscalización y Comercialización de Estupefacientes y Psicotrópicos (con Orden del Día para tratar en el recinto de la misma Cámara cuando lo dispongan);  Fragmentación para la Comercialización de Medicamentos destinados a Patologías Frecuentes en la Tercera Edad (con tratamiento en Salud del Senado para su Sanción definitiva); la Publicidad de Medicamentos o Historia Clínica Digital (ambos en la Cámara Baja) y Receta Médica Electrónica (aprobada en Diputados y buscando la Sanción en Cámara Alta).
“Entendemos que esta batería de proyectos presentados fue con la intención de diversificar las propuestas como estrategia parlamentaria. De esta manera, las iniciativas individualmente tienen más posibilidad de avance. En este sentido y siguiendo con la lógica armada por el FPV, varias de las iniciativas avanzaron como el caso del proyecto de la diputada oficialista Carolina Gaillard con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap)”, explica Esteban Bicarelli, director de Blapp Asuntos Públicos y Parlamentarios.
   El 28 de enero de 2015, se promulga  la ley 27.113 que establece la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, uno de los proyectos más temidos por la industria privada del medicamento, que servirá de apoyo a ese sector a través de incentivos económicos, compras comunes de principios activos y articulación de la demanda, entre otras acciones, aseguran especialistas.
   Alrededor de 12 laboratorios con capacidad industrial dependen de provincias, municipios y universidades, aunque no todos cuentan con la autorización de la ANMAT para comercializar sus productos fuera de los límites de los respectivos distritos. Según los defensores de esta Ley, podrían llegar a 30 unidades productivas en todo el país.
   La discusión con los productores de medicamentos públicos, se remonta a 2002, cuando en plena crisis, los laboratorios privados no respondían a la demanda post crisis 2001 que el Gobierno exigía.
 "A partir de allí comenzamos a juntarnos y luego fuimos convocados desde el propio Gobierno, cuando estaba a cargo del Ministerio de Salud Ginés González García", recordó el doctor en bioquímica Patricio De Urraza, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
  "Esta ley es complementa la 26.688 de Producción Pública de Medicamentos que fue sancionada en 2011, y lo que pretende es fijar a la producción pública de medicamentos como una verdadera política de Estado, independiente de los gobiernos y de los partidos políticos", aseguraba por su parte la diputada del Frente para la Victoria Ana Carolina Gaillard, autora de la norma aprobada por el Congreso en diciembre de 2014, en declaraciones a la Agencia Télam.
“Si bien la iniciativa que crea la Agencia Nacional de Producción Pública de medicamentos fue un proyecto que tomo relevancia por ser una medida de soberanía en plena campaña electoral, el gobierno también mostró sus síntomas de avanzar más allá al reglamentar la Ley 26.688 de producción pública de medicamentos”, sostiene Bicarelli
   El director de Blapp Asuntos Públicos y Parlamentario  agrega que “el Congreso no se quedó conforme con esa sola medida, sino que también dio el visto bueno a otros proyectos como el de Fragmentación para personas mayores, Historia Clínica Digital, Receta electrónica, Sistema Braile, entre otras. Es decir, que el año electoral fue la coyuntura que transcurrió por cuerda separada de la dinámica legislativa, pero también es cierto que está la intención de que se regulen distintos factores de la industria”.
  Pero la preocupación de los laboratorios no termina con esta Agencia. Otra iniciativa, actualmente en stand by, es el que les quita el sueño desde su presentación.
  La diputada Gloria Bidegain (FPV), presentó un proyecto de ley que Modifica el Art. 2 de la Ley 25649. Dicha norma, establece que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración.” Y continúa, “La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.”
  En propuesta de Bidegain, la posibilidad de indicar un “nombre o marca comercial” se descarta por completo.
  Si bien la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Salud de Diputados, actualmente se encuentra en agenda de la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por la radical Patricia Ferrari, poco afecta a la realización de las reuniones reglamentarias, por lo que podría retrasarse una eventual aprobación en dicha Comisión.
  En tiempo de “sensaciones”, la que queda ante estas instancias, es la amenaza permanente por parte del Gobierno, y su laderos legislativos, para con la industria farmacéutica ante el menor intento de no aceptar las reglas del juego propuestas por la autoridad nacional.
  “Hay voluntad política para que avancen los proyectos, más allá de la presión a la industria” asevera Bicarelli. “Distinto son los casos del proyecto de Genéricos de la diputada Graciela Bidegain y el proyecto sobre la regulación en la publicidad de los medicamentos que impulsa el camporista Horacio Pietragalla Corti, puesto que son los que más impacto causan y los que quedaron pendientes de tratamiento luego de la alarma que causaron en los medios” concluyó.
   En este sentido, que 2015 sea un año electoral fue beneficioso para los laboratorios. Si bien los aumentos logrados por estos son significativamente inferiores a los índices de inflación o a los aumentos obtenidos por otros sectores (Obras Sociales, por caso), algunos referentes sostienen que no deberían “provocar” nuevamente a la secretaría de Comercio, para evitar una nueva embestida que termine por cerrarle a la industria privada todos los caminos posibles de subsistencia.
 
 
Matías Bíscaro
Colaboración especial para PharmaBaires.com