La Unión Industrial Argentina (UIA) denunció la “industria del juicio” que está prosperando con demandas por presuntos accidentes de trabajo y que en consecuencia conllevan el crecimiento de las alícuotas que pagan las empresas.

La advertencia fue formulada por la UIA luego de una entrevista con el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola, quien expuso ante la Junta Directiva de la entidad la situación del sistema de riesgos del trabajo, su evolución y la problemática vigente.
Durante el encuentro se analizó el avance de la industria del juicio dentro del sistema. “En este punto, a pesar del fuerte crecimiento de las indemnizaciones y la caída de la siniestralidad (en especial los accidentes mayores), crecen las demandas y con ello las alícuotas que pagan las empresas”, alertó la UIA.
Desde la UIA, se remarcó “que en algunos casos la alícuota llega a superar el 10 por ciento de la masa salarial, un porcentaje que carece de un correlato con el grado de siniestralidad, lo que hará inviable muchas actividades con la consecuente pérdida de puestos de trabajo”.
Durante la reunión se comentó el caso de una empresa que emplea a 150 trabajadores y recibió 49 demandas idénticas, presentadas por el mismo abogado, sin informes médicos que las avalen, “en una manifiesta acción fraudulenta”, remarcó.
“Por esta situación la alícuota de la ART aumentó del 8,5 al 20 por ciento de la masa salarial, poniendo en riesgo la continuidad de la empresa. Casos similares a este se registran en todo el país, con alícuotas que llegan a superar el 30 por ciento”, alertó la entidad.
También se analizó el fuerte impacto sobre los costos de los litigios que implicaría la eventual sanción del proyecto de ley (aprobado en Senadores) que establece como de orden público los honorarios de los abogados y auxiliares de justicia.
“Este proyecto, de convertirse en ley, implicará costos adicionales a toda la sociedad y agravará la situación de la actividad productiva” y por eso la Junta Directiva encomendó al Comité Ejecutivo llevar adelante acciones para alertar al Poder Legislativo sobre las consecuencias de esta iniciativa, informó.