Carlos Chiale fue eyectado de la ANMAT a fines de octubre de 2014, víctima de un “carpetazo” que le llevaron a la ex presidenta Cristina Fernández que contenía como principal imputación que no aprobaba los biosimilares. Chiale está de vuelta, para reconstruir un organismo que perdió referencia internacional y que sufrió la “politización” de los funcionarios que desembarcaron de la mano del ministro Daniel Gollán y de Federico Kaski de La Cámpora.

  Chiale fue desplazado de la ANMAT con el argumento de que tenía “poca predisposición” para autorizar la producción de los laboratorios públicos y que demoraba la aprobación de los biosimilares.
El  desplazamiento de Chiale fue el desenlace de una operación política que encabezó Daniel Gollán, por entonces viceministro de Salud,  con la complicidad de algunos empresarios biotecnológicos apurados en aprobar sus productos.
Chiale contaba con el respaldo del ministro Juan Manzur, pero cayó en desgracia luego del “carpetazo” que le llevaron a la presidenta.
Concretamente, se trató de un informe asegurando que la aprobación de los biosimilares permitiría ahorrar al país alrededor de 400 millones de dólares en importaciones, pero que Chiale frenaba o se oponía.
Con esa carpeta en manos del secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y luego de la presidenta Cristina Fernández, la conclusión en la Casa Rosada fue que Chiale “pisaba” la aprobación de los biosimilares. Y su desplazamiento fue cuestión de semanas.
Pero, antes de que lo desplazaran, a comienzos de octubre de 2014, Chiale había aprobado el Novex (Rituximab), biosimilar desarrollado mediante tecnología de ADN Recombinante por laboratorios Elea, que fue autorizada por la disposición 7060 de la ANMAT del 2 de octubre, al término de un proceso de verificación técnica que había comenzado a fines del año anterior.
De esa manera pareció derrumbarse uno de los motivos esgrimidos para separar a Chiale del cargo, aunque voceros de la industria reconocían el proceso de autorización de los biosimilares venía “lento”, esencialmente por cuestiones burocráticas de la segunda línea del organismo, más que por razones ideológicas o de lobbies empresarios.
En realidad, la “operación política” había comenzado mucho antes, pues Chiale había ganado por concurso en mayo de 2014 el cargo que ocupaba. Había sido él mismo el que había convocado a concurso y quien modificó la estructura organizativa de la ANMAT mediante el decreto 1271/13.
Pero Chiale nunca asumió como Administrador General concursado. Siguió funcionando como interventor, tal como había asumido en 2010. Cristina Fernández y el ministro Juan Manzur, nunca firmaron el decreto confirmando su designación por concurso.
  Tampoco hubo demasiadas novedades durante 2015 con la nueva gestión de Rogelio López en la ANMAT y de Raquel Méndez –la esposa de Gollán –en el INAME, en la aprobación de biosimilares, excepto por la autorización, en noviembre pasado, del Probirase,  la versión genérica del sofosbuvir del nacional Richmond, que fue autorizado al mismo tiempo que el Sovaldi de Gilead para la Hepatitis C.
Con Chiale, la ANMAT había adoptado  la recomendación “Guidelines on Evaluation of Similar Biotherapeutic Products” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2009.
En favor de Chiale argumentaron sus defensores que bajo su gestión la ANMAT fue la primera Autoridad Sanitaria de Referencia de América designada por la OPS desde diciembre de 2009.
   La ANMAT con Chiale también adoptó las disposiciones 7075/11, 7729/11 y 3397/12, con los requisitos y exigencias para el registro de especialidades medicinales de origen biológico.
   “Dicen que un grupo de laboratorios operaban a Chiale. Si hubiese sido cierto ya hubiésemos conseguido aprobar muchos biosimilares”, argumentaron voceros de la industria, en respuesta al lapidario comentario de un importante funcionario de la Jefatura de Gabinete-  que publicó Pharmabaires- que Cristina Fernández “finalmente” se había “dado cuenta” que la ANMAT estaba “colonizada por la industria”.
    No fue casualidad y tampoco magia, que la ex presidente Cristina Fernández en su último discurso ante la Asamblea Legislativa le dedicara un sugestivo párrafo: “La ANMAT es del Estado y los que están en la ANMAT deben responder al Estado y no a los laboratorios”.
  “No necesitamos que nos pongan ningún cancerbero ni observadores en la ANMAT y la ANMAT es del Estado”, insistió la presidenta ante la Asamblea Legislativa, con gesto adusto dirigido al plenario.
 “Promover un nuevo interventor con el argumento de que la ANMAT tenía paralizados los registros sanitarios de medicamentos biosimilares que permitirían sustituir importaciones de medicamentos biotecnológicos ha sido una imputación totalmente falsa”, aseguraron voceros del sector.
Pero el “carpetazo” existió y el daño estaba hecho. Y no solo se fue Chiale. Uno de sus colaboradores, Rodolfo Mochetto, titular del INAME, resistió en el cargo hasta el 15 de enero, cuando lo volteó un ACV.
La historia oficial reflejó el pésame de las autoridades de la ANMAT y del INAME por la muerte de Mochetto. La otra historia es un poco más dramática. Mochetto vivía presionado y le habían expresado en los hechos que lo querían fuera del organismo.
 Pocas horas antes del ACV había tenido una más de las virulentas discusiones con las autoridades de la ANMAT. Fue alrededor de las cinco de la tarde del 14 de enero. Esa noche se encontró con Chiale y con otra persona de mutua amistad y les anticipó que iba a renunciar porque la situación era insostenible.
No llegó a renunciar. A su velorio fueron Gollán y las autoridades de la ANMAT. Hubo coronas y necrológicas oficiales. Pero familiares y amigos los recibieron con caras de reprobación. Para ellos, el ACV fue causado por los disgustos y la presión que soportaba en su puesto de trabajo acelerado por esa última y violenta discusión. No tenía antecedentes médicos. Era una persona sana.
Cuando esta narración fue publicada por Pharmabaires a fines de enero de 2015 un importante directivo de la industria nacional estalló en furia y lanzó una caza de brujas contra el autor de la nota. El argumento fue que la información “favorecía a las multinacionales” y quien escribía (y escribe) era una especie de agente encubierto al servicio de CAEME.
Mochetto había ingresado a la ANMAT en 1992 como inspector. Llegó casi en simultáneo con Carlos Chiale, con quien años después formó una dupla inquebrantable.
A la ANMAT llegaron de la mano de Gollan también algunos jóvenes públicamente identificados con La Cámpora. Y según los analistas de la industria, objetivos, sin vinculaciones empresarias, “hicieron mucho daño”.
Rubén Abete, ex presidente de CILFA y secretario General de ALIFAR, en una reciente entrevista a Pharmabaires lamentó que “la ANMAT era altamente técnica y de referencia internacional. Era líder, ya no, ahora nos hemos estacando a nivel regional y tiene menos actividad de referencia”. “Le dieron mucha ideología”, lamentó.
Queda por saber qué pasará con la resolución conjunta 1710/2015 y 406/2015 rubricada por el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, y el ex secretario de Comercio, Augusto Costa, que impuso que los biosimilares de origen nacional tendrán prioridad para los vademécum de las obras sociales y de los Agentes del Seguro de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), siempre que ingresen al mercado con “un precio final de venta significativamente inferior al precio promedio de los similares de origen extranjero”.
Esa resolución fue judicializada por los laboratorios multinacionales y algunos economistas de la salud, especialistas en medicamentos de alto costo, reconocieron “sus buenas intenciones” pero que estaba sesgada para favorecer “a uno o dos laboratorios nacionales”. Los mismos que habían contribuido con el “carpetazo” contra Chiale.

Por Alberto Ferrari