Más de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos  pidieron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que ejerzan “su autoridad legal” para requerir de los titulares de patentes farmacéuticas que hubiesen sido obtenidas a partir de proyectos de investigación  financiados por el Estado,  que otorguen  “una licencia en condiciones razonables y asequibles para el uso público”.

El pedido está contenido en una carta enviada por los legisladores y expresa una creciente preocupación pública por el  aumento de los precios de los medicamentos con receta.

El argumento de los legisladores es que muchas patentes han surgido  de proyectos de investigación financiados con fondos del gobierno, es decir “dinero de los contribuyentes” y que una vez instalado el paraguas de la propiedad intelectual, esas patentes “permiten la  especulación con  los pacientes que luchan y sus familias, en lugar de simplemente ganar beneficios suficientes para prever futuras investigaciones y los ingresos propios de los investigadores”.

El Representante Lloyd Doggett (demócrata de Texas), quien lideró la iniciativa dirigida a las autoridades federales del HHS y los NIH, dijo en un comunicado que "la Administración (Federal) debe utilizar todas las herramientas que tiene para frenar en la práctica la fijación de precios de un fármaco para cualquiera que sea la enfermedad, el sufrimiento, o morir si no pueden pagar”.

Si la tendencia actual continúa - la carta subrayó – los  medicamentos especializados, incluyendo medicamentos para el tratamiento del cáncer, representarán más del 30 por ciento del gasto médico, a pesar de sólo representan el 2 por ciento de los medicamentos recetados según estimaciones para el año 2020.

En la carta se hizo énfasis que la innovación en el campo de la medicina no se vería amenazada en virtud de esta ley, ya que sólo penalizaría el delito en lugar de restringir de forma individual cada licencia.

Las agencias federales tienen la autoridad en relación con la propiedad intelectual financiada por el gobierno en virtud de  la cláusula “march-in rights” contenida en la Ley Bayh-Dole 1980 que fue sancionada con la finalidad de garantizar “la mejor manera de gestionar”  los inventos financiados por el gobierno.

La claúsula “march-in rights”  es un derecho concedido al Gobierno Federal a emitir una nueva licencia o revocar una licencia existente de una propiedad patentada. Se aplica en los casos en que un invento con fondos federales no ha sido desarrollado o aplicado a las invenciones en un plazo razonable requerido por el gobierno de manera adecuada. Esta atribución está codificada en la reglamentación 35 USCS § 203.

De acuerdo a la 35 USCS § 203,  la agencia federal bajo cuyo acuerdo de financiación se hizo la invención en cuestión tendrá el derecho a exigir al beneficiario o licenciatario que conceda una licencia no exclusiva y de persistir la negativa la agencia federal podrá conceder la licencia en los términos económicos que considere mas razonables.

Los firmantes fueron los Representantes Bass, Becerra, Blumenauer, Cartwright, Chu, Cicilline, Clarke, Cleaver, Cohen, Conyers, Cummings, DeFazio, DeLauro, DeSaulnier, Doggett, Ellison, Farr, Fattah, Hahn, Hastings, Huffman, Garamendi,. Al Green, Grijalva, Gutiérrez, Kaptur, Lawrence, Lee Lewis, Lujan Grisham, McDermott, Moore, Napolitano, Nadler, Nolan, Norton, O'Rourke, Pingree, Pocan, Rangel, Roybal-Allard, Ruiz, Schakowsky, Serrano, Scott, Masacre, Takano, Bennie Thompson, Waters, Welch y Yarmuth.

El  texto original de la carta es el siguiente: http://doggett.house.gov/images/DoggettLetter1.11.pdf