Era previsible que con la presidencia de Mauricio Macri más temprano que tarde se reactivarían las presiones para modificar la Ley de Propiedad Intelectual, tal como ha sido una constante de los gobiernos de Estados Unidos y de las multinacionales, en cualquier lugar del mundo. La Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Intelectual (AAAPI) arrojó la primera piedra.

La AAAPI,  entidad que  agrupa a los estudios de abogados más prestigiosos de Buenos Aires que atiende los intereses de las multinacionales, en especial de Estados Unidos, presentó una carta al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, en la que reclamó que el INPI “vuelva a estar de acuerdo con la constitución, con los tratados internacionales firmados por nuestro país y con la propia Ley de patentes”.
En su carta, presentada cuando Cabrera hacia apenas 23 días que ocupaba su sillón, la AAAPI afirmó que el sistema de patentes de Argentina se encuentra “en grave crisis” y pidieron los mismos cambios que desde hace tiempo reclaman las filiales farmacéuticas radicadas en el país.
Entre los reclamos contenidos en la carta figura la eliminación de la circular 08 del 2002 que prohíbe los segundos usos médicos o farmacéuticos, y las directrices de patentamientos de productos químico-farmacéuticos y en especial de productos biotecnológicos (patentes de semillas y variedades de vegetales o animales).
La AAAPI en su carta asegura que “el mayo daño fue producido por una serie de normas de carácter inferior dictadas en los últimos años que en forma contraria a derecho limitaron serveramente la protección de las invenciones en determinados campos de la técnica”.
El listado de quejas incluyó:
“La Circular 08 del año 2002- La Disposición 147/2010 relacionada con la prohibición de presentar solicitudes de patentes divisionales en forma sucesiva- La Resolución Ministerial Conjunta 118/2012 y 107/2012 – La Resolución 283/2015 sobre invenciones biotecnológicas que hace lo mismo en dicho campo”.
La Resolución Ministerial Conjunta del 2 de mayo  de 2012, menciona entre otros considerandos: “Que los Ministros de Salud del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) señalaron, en ocasión de la XXVII Reunión de Ministros celebrada en la Ciudad de Montevideo, el 4 de diciembre de 2009, que la coincidencia de objetivos entre las políticas públicas y el sistema de propiedad intelectual, en particular del cumplimiento y aplicación de los criterios de patentabilidad en la región, despierta preocupación debido a la proliferación de solicitudes de patentes sobre materias que no constituyen propiamente una invención o son desarrollos marginales.  En consecuencia, los Ministros acordaron en dicha oportunidad promover en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) la adopción de criterios que protejan la salud pública en las pautas o guías de patentabilidad”.
 Sin embargo, para la AAAPI “el contenido de las normas mencionadas es claramente ilegal y abiertamente inconstitucional” y que “a ello debe agregarse que el INPI carece de las facultades necesarias para emitir este tipo de actos de alcance general, lo que agrava aún más la situación”.
“Son numerosas las empresas que han visto cercenados sus derechos debido a las normas aludidas”, agregó la carta.
“Como consecuencia de ello, muchas han decidido posponer inversiones en la Argentina a la espera de que nuestro país cumpla con las normas del Acuerdo ADPIC. Otras directamente han decidido dirigir sus inversiones a países vecinos”, subrayaron.
 “Todo ello se ha reflejado en una constante reducción de las solicitudes de patente en Argentina, al punto que en pleno siglo XXI se presentan por año menos solicitudes de patente que en las décadas del 50 y del 60”, enfatizaron.
Además, la entidad, presidida por Carolina Fernández del estudio Hausheer Belgrano & Fernández y cuyo vicepresidente es Iván Poli de Marval, O´Farrel & Mairal, tiene entre sus clientes a Pfizer, Gilead, Monsanto y Cargill, elevó la apuesta: “Le sugerimos (a Cabrera) la realización de una revisión integral de las Directrices de Patentamiento a fin de remover todas las referencias directas o indirectas a las normas cuya derogación proponemos”.
El centro de estudios Cedieduca/ Cediquifa, ante una consulta de Pharmabaires justificó el reclamo porque “lo que hizo el INPI fue crear restricciones importantes para los resultados de las investigaciones incrementales que son las que más se pueden hacer en el país, vía reglamentaciones que no son legítimas y que están siendo también discutidas en el ámbito judicial para que se anulen”.
Precisamente, en un documento de Cedieduca, se reclamó que el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y el INPI,  un giro copernicano en la política de negar protección a la propiedad intelectual para invenciones incrementales, que son las predominantes y donde más posibilidades de éxito tiene la investigación”.
La carta parece haber tenido sus efectos, pues a mediados de febrero la comisión directiva de la AAAPI fue recibida por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, el ingeniero Ignacio Pérez Riba.
Durante la reunión, “pudimos manifestar nuestras inquietudes acerca del funcionamiento en general del INPI y la necesidad de lograr una mejoría en las distantes áreas, su modernización y profesionalismo”, sintetizó la AAAPI en un boletín destinado a sus asociados.

La carta completa al ministro de Producción es la siguiente:
http://www.aaapi.org.ar/files/Carta%20Ministro%20de%20Producci%C3%B3n%2013-01-2016%20Copy.pdf

Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar109es.pdf