Alrededor de sesenta cámaras industriales agrupadas en la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), entre las que figura Cooperala, presentarán un recurso colectivo ante la justicia por la sentencia de la Corte Suprema que excluyó a las empresas pymes de la suspensión de los aumentos en las tarifas de gas. También el Colegio Farmacéutico de la Capital Federal inició un derrotero similar.

Para los laboratorios pymes la tarifa del gas se incrementó de 8 mil pesos promedio a 66 mil, otro factor que le quita competitividad al sector y que padece, además, los ajustes del Convenio PAMI.

La presentación será presentada en breve y está siendo redactada por los abogados de CGERA, en consonancia con el Departamento Pymes de la UIA, que no se constituyó como afectada directamente, pero acompañará la demanda de sus asociadas.

“Las cámaras no queremos judicializar estas cuestiones, pero es el camino que nos dejó la falta de diálogo”, señaló Marcelo Fernández, titular de CGERA.

El Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal ya presentó una nota formal ante el Ministerio de Energía, dirigida a su titular, Juan José Aranguren, como paso previo a una acción judicial prevista "para defender a las farmacias y los laboratorios bioquímicos", señaló la entidad.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también presentó una acción de amparo colectivo ante la justicia federal en la que solicita la nulidad del incremento del servicio público del gas. La presentación se hizo en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, distrito donde ya se falló contra los aumentos.
En el amparo se solicita que "se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (...) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios".

Asimismo, pidió "que dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país; y que se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado".

Desde el gobierno, dan por descontado que la demanda conseguirá un fallo a favor, que impondrá también la suspensión del aumento de las tarifas, por lo menos hasta la audiencia convocada  para el 16 de septiembre.

El equipo de abogados que prepara la demanda está integrado por Carlos Cruz, ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Fernando Muriel y Florencia Sinagra, especialistas en amparos y derechos constitucionales.
La línea argumental de la presentación apuntará al trato desigual del fallo de la Corte Suprema, que suspendió el aumento para consumo residencial, pero no así para pymes, clubes de barrio y entidades sociales.
“No entendemos por qué las empresas pymes quedamos afuera ya que somos justamente quienes generamos el 80 por ciento del empleo. El fallo de la Corte es injusto por haber dejado a las pymes afuera”, señaló Fernández.

CGERA agrupa a los laboratorios nucleados en Cooperala, manufacturas de cuero, curtiembres, fabricantes de tintas gráficas, insumos textiles, fabricantes de juguetes, indumentaria del calzado y empresas procesadoras avícolas, entre otras.
La presentación de CGERA está en sintonía con un estudio similar del Departamento pymes de la UIA que en su última reunión decidió que los equipos técnicos de la entidad participen de la audiencia del 16 de septiembre para explicar el efecto del nuevo cuadro tarifario entre sus empresas, “especialmente las pymes industriales”.

“La UIA está convencida de que el diálogo permanente con el sector público es la mejor manera de lograr consensos y el camino indicado para el desarrollo industrial, que deriva en más y mejor empleo”, señaló un comunicado de la entidad aventando que se colocara a la cabeza de las demandas judiciales.
Sin embargo, la UIA dijo que “contemplaba la posibilidad de presentarse como Amicus Curiae ante la Corte Suprema para aportar toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial”.
La UIA, en tal sentido, reclamó “una política energética que brinde previsibilidad y precios competitivos para genera el mercado adecuado que favorezcan la producción industrial”.

Durante un debate en el Senado, organizado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el especialista Leandro Despouy afirmó que “constituye una necesidad  imperiosa la realización de las audiencias públicas porque el tema de las tarifas compromete una racionalidad que debe ser explicada y cumplida ante la sociedad”.

Al mismo tiempo avanza el programa de “Precios Cuidados” para los medicamentos y algunos laboratorios ya pasaron por la Secretaría de Comercio para rubricar el acuerdo con su firma. Pero, mientras el gobierno no consiga un compromiso pleno, no habrá anuncio.
En cambio está parada la licitación internacional 4/2016  para la adquisición de medicamentos, aseguraron fuentes del sector.
Todavía no hay noticias del amparo presentado por CILFA y que quedó radicado en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Número 2 a cargo del juez Esteban Furnari.

Mientras tanto, los reclamos administrativos de la UIA y los pedidos de informes de los diputados Héctor Daer, José Ignacio De Mendiguren y Gustavo Bevilacqua, parece que han frenado la licitación, por ahora.

Presentación de los farmacéuticos contra el tarifazo:
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