Parece la imputación de una campaña electoral de cualquier país latinoamericano pero ocurrió en Estados Unidos, donde el CEO de Pfizer, el mayor laboratorio norteamericano, acusó a la candidata demócrata Hillary Clinton de ahuyentar las inversiones con su propuesta de control de precios.
En California, habrá una consulta en las urnas sobre un sistema de precios máximos para los medicamentos, junto con la elección presidencial.  

El presidente y CEO de Pfizer, Ian Read, advirtió que la propuesta de Clinton de instrumentar un sistema de controles de precios para los medicamentos  de acceder a la presidencia, “frenará la inversión para el desarrollo de nuevos medicamentos innovadores”.
Clinton anunció recientemente que de acceder a la Casa Blanca intentará evitar “incrementos injustificados” en el precio de los medicamentos sin patente, mediante la creación de un panel de expertos que podría recomendar sanciones a los laboratorios que abusen de posición dominante en el mercado.
“Las propuestas (de Clinton) serían muy negativas para la innovación” y si se aprobasen “sería un paso hacia un sistema de gobierno en que un solo pagador impondría los controles de precios sobre los medicamentos de venta con receta”, afirmó Read, descartando que un sistema de regulación de precios a la europea “sea la solución para Estados Unidos”.
Pfizer intentó este año trasladar su sede fiscal a Irlanda para pagar menos impuestos, mediante una frustrada fusión con Allergan, pero finalmente debió desistir de la mudanza por la reacción en cadena que provocó en Estados Unidos y el repudio de todos los candidatos presidenciales, incluido Donald Trump.
El director ejecutivo de Allergan, Brent Saunders, también mostró su disconformidad con las propuestas de Clinton, asegurando que en “un mercado  libre, como el norteamericano, sería difícil un panel de supervisión determinar los precios justos”.
Sin embargo, la consultora Evercore ISI de Nueva York, alertó que “la negociación de precios de Medicare podría tener apoyo presidencial sin importar quien gané la Casa Blanca, porque Donald Trump, como republicano también cruzó una línea de su partido para endosar la medida de reducción de costos” para el mayor programa de seguridad social de los norteamericanos.  
Tampoco es un buen  momento para Pfizer en Estados Unidos, pues la FDA inició una investigación sobre el presunto pago de “honorarios” a los médicos para obtener informes “positivos y sesgados” de su medicamento Chantix, contra la adicción contra el tabaco.
En un informe de más de 63 páginas, los revisores de la FDA encontraron evidencias de “vínculos financieros” entre Pfizer y los científicos de 32 centros de ensayos y al menos los profesionales de 12 de esos centros “fueron pagados específicamente por Pfizer para que hablaran favorablemente de su medicamento en conferencias”.
Las conclusiones “sesgadas” del estudio evitaron mencionar los trastornos neuropsiquiátricos que produce el medicamento como efectos secundarios.    
 
Pfizer intentó sin éxito en 2014 para convencer a la FDA para eliminar la advertencia de tendencias suicidas que provocaba el medicamento entre los efectos secundarios. La agencia, por el contrario, exigió que se agregara un texto de advertencia acerca de la combinación peligrosa de Chantix con alcohol.
 Pfizer señaló ante las revelaciones del informe de la FDA que el estudio financiado fue una triple comparación “a ciegas” entre su producto, Zyban de GlaxoSmithKline y un placebo.
Los tres medicamentos, sin identificar, fueron distribuidos entre grupos de tratamiento a terapias contra la nicotina.
A principios de este año, los reguladores europeos hicieron incorporar un triángulo negro en el envase de  Chantix, lo que indica que es necesario un seguimiento adicional de seguridad. Esta decisión se basa en los mismos datos de los estudios científicos que la FDA está considerando ahora.
La cuestión de los precios de los medicamentos ha alcanzado un nivel de discusión sin precedentes en Estados Unidos y el 8 de noviembre, cuando los norteamericanos acudan a las urnas para elegir a su presidente, la industria farmacéutica estará muy pendiente de lo que ocurra en California, donde los votantes también deberán pronunciarse sobre la denominada Proposición 61, un proyecto estatal que autoriza a negociar el precio máximo de los medicamentos.
 California es el Estado más poblado del país con 38,8 millones de habitantes y la Proposición 61, conocida como el Acta de Alivio para los Precios Medicamentos, de aprobarse obligará al Estado de California a negociar con las compañías farmacéuticas que los precios de los medicamentos con prescripción no superen a los que abona el Departamento Federal de Veteranos (DVA), el cual es tomado como referencia porque son los precios más bajos que paga un programa federal, entre 20 y 24 por ciento menos que el Plan Medicare.
La propuesta quiere evitar esta diferencia, otorgando al Estado de California la capacidad de no pagar por los fármacos que compre más de lo que paga el Departamento de Asuntos de los Veteranos.
Según las organizaciones sociales que consiguieron que esta denominada “iniciativa popular” sea incluida en las boletas electorales del 8 de noviembre, su aprobación significará un ahorro de alrededor de mil millones de dólares al año.
La preocupación de la industria es que el ejemplo californiano se convertiría en un precedente para el resto del país y Ohio ya ha registrado la convocatoria a una iniciativa en términos similares.
Roger Salazar, portavoz del sí a la Proposición 61 afirmó que existe “un deseo fuerte entre todos los votantes de hacer algo contra los escandalosos altos precios de los medicamentos”.

En cambio, para los opositores, se trata de “un esquema engañoso, profundamente malo para los pacientes, dañino para los veteranos y caro para los contribuyentes”.

“Puede impactar el cobro por el programa de servicios, y afectar la capacidad de los doctores para proveer los medicamentos más efectivos a sus pacientes“, vaticinó Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña No a la proposición 61.

Un reporte de la no partidista e independiente Oficina de Analista Legislativo del Estado californiano de mayo pasado, indica que la medida podría poner en riesgo los reembolsos complementarios que el Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud del Estado (DHCS) recolecta de las farmacéuticas.

Por lo tanto, la medida generaría –como efecto opuesto al objetivo- que suban los precios de las medicinas recetadas por los programas sociales del Estado y el acceso se dificultaría.

La proposición 61 sólo se aplicaría a los programas sociales del Estado y a los empleados públicos.

Más de 80% de los californianos quedarían excluidos, incluyendo 20 millones con seguros de salud privados y Medicare, 10 millones de bajos ingresos con cobertura del programa estatal Medi-Cal y 1.4 millones de afiliados al sistema de salud Covered California.