El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, Atenea, señaló las limitaciones que sufren los jubilados y pensionados para obtener remedios luego de las disposiciones que ordenó el Gobierno Nacional. Calificó los cambios como “medidas que vulneran la accesibilidad a la salud.”

En un informe, Atenea afirmó que “el inicio de 2017 trajo como novedad la modificación de las condiciones para acceder al Subsidio Social de Medicamentos Ambulatorios, que otorga descuentos del 100% en algunos remedios y se encuentra vigente desde el año 2005”.

  “Si bien el listado de medicamentos incluidos ya fue reducido en abril de 2016, en esta oportunidad la el organismo exigió un aumento de los requisitos solicitados a los jubilados y pensionados con el fin de obstaculizar aún más el acceso al beneficio”, analizó.

A través de la Disposición Conjunta N° 0005/2017 del 5 de enero pasado, PAMI, estableció las condiciones previsionales para acceder al 100% de subsidios. Estas son: cobrar menos de una jubilación mínima y media equivalente a ($8.491.7), no tener prepaga, no tener un auto menor a 10 años de antigüedad, no tener embarcaciones o aeronaves y que el consumo en remedios represente más que el 5%.

“Además, en caso que el jubilado o pensionado requiera el subsidio, la autoridad realizará un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica sanitaria a fin de evaluar la pertinencia o no de la asignación”, resaltó.

En materia de medicamentos, Atenea identificó dos tipos de restricciones en el acceso a los mismos: por un lado, una reducción de 160 remedios que se podían obtener con un subsidio del 100% y por el otro una limitación sobre los afiliados según el tipo de haber percibido. “En síntesis, una doble limitación a los servicios de salud”.

Además el informe recordó que en noviembre de 2016 se realizó una desregulación del sistema de médicos de cabecera, afectando las condiciones laborales de los médicos que prestaban servicios a través de esta entidad, generando mecanismos expulsivos y flexibilizando la atención.

“Del universo de jubilados y pensionados hay una distribución dispar entre los tipos de haberes. El 55% de los jubilados y pensionados del país cobra menos o igual que la mínima, el 15% cobra entre una y dos mínimas, el 13% igual a dos mínimas y el 17% supera el cobro de dos mínimas. Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, en febrero de 2017, el haber mínimo jubilatorio asciende a un total de $ 5.661, precisó el informe.

Para los investigadores de Atenea, “la nueva disposición del PAMI se sanciona en un contexto adverso para los jubilados y pensionados, teniendo en cuenta que desde 2016, el devenir de la economía nacional afectó gravemente al bolsillo de los adultos mayores”.

  La inflación calculada por Atenea para 2016 fue de 37,6%. “Sin embargo, para el mismo año, el haber jubilatorio tuvo un incremento acumulado del 31,7%, quedando por debajo de la inflación promedio, significando para los jubilados una pérdida de poder adquisitivo del 4.1%”.

“Si se compara con el 2015, los aumentos acumulados de marzo y septiembre dieron un 33%, número que frente a la inflación promedio del 28.8% superó un 3.3% a la inflación, es decir logró sostener y hasta mejorar el poder adquisitivo”, comparó.

“En definitiva, mientras que en 2015 los aumentos previstos por la Ley de Movilidad Jubilatoria resultaron en la recomposición de los haberes y en una mejora en la capacidad de consumo de los jubilados y pensionados, el año 2016 constituyó un gran retroceso en el poder adquisitivo de los mismos”.

La inflación afecta de forma regresiva sobre los ingresos de quienes menos tienen. Más de la mitad de los jubilados y pensionados del país (55%) cobra la mínima o menos, por lo tanto, aunque la disposición no afecte directamente a quienes cobren menos de $8.491,7, todos los afiliados a PAMI cuentan con un 4.1% de disminución en sus ingresos en términos reales.

También Atenea consideró “importante destacar que el PAMI se sostiene a partir de un sistema solidario que se financia mediante el aporte obligatorio de toda la población económicamente activa del sector formal (autónomos o en relación de dependencia)”.

 “En este sentido, la cobertura en salud brindada por el organismo constituye un derecho adquirido para todas las personas que, luego de 30 años de aportes, acceden a una jubilación. Ésta es un derecho de los trabajadores y no meramente un beneficio cuyas prestaciones pueden ofrecerse y quitarse. Estas trabas representan un nuevo revés que se suma a la pérdida de poder adquisitivo consolidada en 2016 y otras medidas implementadas por el organismo en perjuicio de sus beneficiarios”.

Por último, estos últimos días se propuso por decreto la modificación de la modalidad utilizada para calcular la actualización de haberes de jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, ex combatientes de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares de los trabajadores formales.

“Esta medida generó el repudio de todo el arco opositor y hasta de parte del propio espacio de la Alianza Cambiemos. Más allá de la reconsideración de la medida, Atenea entiende que la agenda impulsada por el gobierno se encuentra conformada por la quita sistemática de prestaciones y derechos otorgados por el Estado”, señaló el informe.

“En síntesis, esta nueva disposición adoptada por el organismo es una medida más que contribuye a la vulneración en la accesibilidad a la salud, traduciéndose también en un deterioro en términos de calidad de vida de los jubilados y pensionados”, advirtió.