El reciente acuerdo sobre patentes que firmó el INPI de Argentina con su similar de Estados Unidos es discriminatorio para la industria nacional y constituye una plataforma para presionar a los examinadores locales, sostuvo Carlos Correa, uno de los mayores expertos en propiedad intelectual del mundo.

Correa,  director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico  de la UBA y asesor de Naciones Unidas y OMS, entre otros organismos internacionales, sostuvo que el reciente acuerdo bilateral  que introduce en el país el procedimiento de Patent Prosecution Highway (PPH) “discrimina contra los solicitantes nacionales de patentes, en tanto brinda prioridad en el trámite a solicitantes extranjeros”.

Correa explicó a Pharmabaires que el PPH “proveerá una plataforma para presionar a los examinadores locales para conceder una patente en el país a pesar de que los criterios de patentabilidad de los EEUU y la Argentina son sustancialmente diferente”.

El acuerdo, casi secreto ya que en Argentina aún no fue difundido oficialmente, fue firmado en febrero pasado  entre el  titular del INPI, Dámaso Pardo, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

Además el INPI a partir de este acuerdo “deberá otorgar prioridad en el trámite (de un patente) aún antes de que se haya concedido la patente por la USPTO o que haya concluido un procedimiento de oposición (conforme a la ley de EEUU)”, alertó Correa,  integrante del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos que conformó el ex secretario general Ban Ki-moon.

Correa también subrayó que el acuerdo “altera el procedimiento de las solicitudes sin una debida modificación de la reglamentación y sin que el INPI tenga competencia para suscribir un acuerdo internacional (aunque sea una experiencia ‘piloto’”.

   El acuerdo  durante los próximos tres años habilitará en Argentina la aplicación del Patent Prosecution Highway (PPH),  del que se sabe poco, salvo que es una vía acelerada para obtener patentes de cualquier tipo y sin someterse a exámenes rigurosos.

El acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica sino también a otros sectores industriales y por eso disparó también el alerta de la Unión Industrial Argentina (UIA)que ha comenzado a analizar sus secuelas y como primera medida ha solicitado una copia oficial del acuerdo al INPI.

Pero esa copia oficial por lo menos hasta la semana pasada era inexistente para los industriales y en la web del INPI la solapa “novedades”, permanece vacía.

“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO)  ya que el INPI no brindó ninguna información”, informó  Rubén Abete, secretario general de ALIFAR la semana pasada a Pharmabaires.

ALIFAR, la asociación latinoamericana de laboratorios nacionales, tiene previsto analizar este acuerdo bilateral y las implicancias en propiedad intelectual de las  negociaciones UE-Mercosur que se reanudarán el 20 de marzo, durante una minicumbre prevista en Brasilia para los próximos días.

Voceros de los pequeños y medianos laboratorios agrupados en Cooperala también expresaron su “preocupación” por este acuerdo que siembra más confusión a la ya existente desde la emisión 56 y la “correctiva” 125 del INPI.

El INPI ya le había aplicado un duro golpe por la espalda a esos laboratorios nacionales, cuando el año pasado emitió la resolución 56  admitiendo patentes extranjeras y eliminando las Guías de Patentabilidad locales  aunque esa resolución fue parcialmente corregida posteriormente por la 125 de diciembre pasado.

El acuerdo firmado por el INPI de Argentina aparece a contramano de la tendencia regional, donde Colombia declaró de utilidad pública la patente del Glivec de Novartis y Chile aprobó las licencias obligatorias para los medicamentos oncológicos y de alto costo.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó las licencias obligatorias a fines de enero mediante la Resolución  798 por 67 votos afirmativos, cero negativo y 32 abstenciones.

La Resolución 798 incorpora el uso “de oficio” de las licencias obligatorias  “por razones de salud pública”  y para “facilitar la adquisición de medicamentos oncológicos y de alto costo “a precios competitivos por parte “de los servicios públicos como por los servicios de salud privados y la población que lo requiera; y en definitiva garantizar su acceso”.

A su vez Phrma de Estados Unidos, que está nerviosa por las habituales declaraciones del presidente Donald Trump por el precio de los medicamentos, ha solicitado sanciones contra  Colombia por “incumplir compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC)” entre ambos países.

Phrma señaló a Colombia  por supuesta “debilidad” a la hora de defender las patentes de los medicamentos” y por el uso de la figura de “declaración de interés público” para forzar un descuento del precio del medicamento Glivec de Novartis que, aun siendo un laboratorio suizo, consiguió que Estados Unidos –incluso durante los últimos meses de la gestión de Barack Obama- se “preocupara” por esa presunta “debilidad” de Colombia en respetar las patentes.

El INPI también aparece a contramano del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recientemente instó a considerar las recomendaciones del informe del grupo de Alto Nivel sobre acceso a los medicamentos, informó Correa.http://goo.gl/NhZWjv