El acuerdo “piloto” PPH de patentes firmado entre el INPI y la oficina de patentes de Estados Unidos sumó el rechazo de Farmacéuticos sin Fronteras y la Fundación GEP. Ese programa también comenzó a aplicarse en la Alianza del Pacífico, pero en Chile se movilizaron para exigir licencias compulsivas para los medicamentos para la hepatitis C.

Farmacéuticos sin Frontera se reunió con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, para expresarle que el acuerdo firmado con Estados Unidos pone “en riesgo la accesibilidad de la población a los medicamentos debido a que encarecerá los precios” como consecuencia del monopolio de las patentes.

El acuerdo fue firmado en febrero entre  el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos  (USPTO) para aplicar en el país el Programa de Patentes de Prospección (PPH).

La reunión fue muy cordial, relataron a Pharmabaires los interlocutores del ministro, pero Cabrera y sus asesores aseguraron que el acuerdo no tiene marcha atrás porque consideran que es vital para atraer al país inversiones de empresas norteamericanas.

La única promesa que hizo Cabrera es que no se aceptarán patentes de segundo uso para medicamentos que bloqueen el ingreso al mercado de versiones genéricas o copias nacionales a menor precio.

“Eso no lo vamos a tocar”, aseguró el ministro a sus interlocutores durante la reciente reunión sostenida en el Ministerio de la Producción.

A su vez, la Fundación GEP calificó de “gravedad” el nuevo acuerdo porque “deroga de hecho la Ley de Patentes afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales “en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.

“A esta situación deben agregarse el artilugio legal de firmar el acuerdo como ‘programa piloto’ para saltear su aprobación por el Congreso, paso necesario para cualquier convenio que modifique la aplicación de una ley nacional, y la capacitación del personal del INPI a cargo de la oficina de patentes estadounidense para que `’los empleados y técnicos argentinos sigan los procesos de concesión de marcas y patentes de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estados Unidos’”, denunció la fundación..

Esa “capacitación” comenzó el 16 y 17 de febrero - cuando la tinta de la firma del acuerdo todavía no se había secado- en el propio INPI,  denunció el Observatorio Sudamericano de Patentes.

La capacitación comenzó con un Taller de Examen de Marcas (Trademark  Examination Workshop) llevado a cabo por dos funcionarios del gobierno de EEUU, Laura Hammel y John Rodriguez, este último responsable de la cooperación internacional de la USPTO para América Latina y El Caribe, precisó el Observatorio.

La Fundación  GEP recordó que en agosto del año pasado mantuvo una reunión con el titular del INPI, Dámaso Pardo, quien les expresó que su función es simplemente “entregar derechos de propiedad si cumplen con los requisitos fijados”.

“Traducción: bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos como el acceso a la salud”, analizó la fundación.

El mecanismo de PPH es conocido como la “autopista para otorgar patentes”, señaló GEP y reforzó que en todo el mundo es considerado como “un peligro para el acceso a tratamientos que salvan vidas”.

“Su desembarco ilegítimo en Argentina debe ser denunciado y combatido por toda la sociedad”, propuso la Fundación GEP:

Los laboratorios nacionales agrupados en Cooperala solicitaron el jueves 23 una entrevista con Dámaso Pardo para expresarle también su preocupación por el nuevo acuerdo “piloto”.

Sin embargo, la sensación de los industriales argentinos es que “la cámara de comercio de Estados Unidos (AmCham) y la AAAPI (Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual)  tienen una oficina dentro del INPI y en el Ministerio de Producción”, metafóricamente hablando del grado de dependencia.

La AAAPI solicitó la anulación de las Guías de Patentabilidad doce días después de la asunción del ministro Cabrera y Dámaso Pardo era socio de la AAAPI, por lo menos hasta el día de su nombramiento en el INPI

El PPH no solo desembarcó en Argentina a partir del 3 de marzo, sino que además comenzó a aplicarse simultáneamente en la Alianza del Pacífico,  integrado  por Chile, Colombia, Perú y México.

La oficina de patentes de Chile, INAPI, otorgó a comienzos de marzo la primera patente acelerada en virtud de este procedimiento, aunque no fue de un medicamento, sino a un sistema de empaque de frutas patentado por un mexicano.

El INAPI informó que tiene acuerdos vigentes de procedimientos acelerados de patentes (PHH) con Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay,  “suscritos en el marco de los convenios de cooperación a nivel regional de Alianza del Pacífico y PROSUR, y con CIPO de Canadá en el marco de un convenio bilateral”, precisó Esteban Figueroa, Subdirector de Patentes del organismo.

Al mismo tiempo en Chile, diputados y organizaciones de la sociedad civil reclamaron recientemente que se otorguen licencias compulsivas para la fabricación de medicamentos contra la Hepatitis C y el cáncer de próstata.

Las licencias obligatorias han sido reclamadas a la ministra Carmen Castillo  Taucher, para el medicamento para el cáncer de próstata Xtandi de Astellas Pharma de Japón y Sovaldi contra la Hepatitis C de Gilead.

La solicitud presentada el 17 de marzo identifica como pasibles de licencias compulsivas a:

i.- Sofosbuvir, y sus combinaciones con: retrovirales de acción directa apropiados para el tratamiento de la Hepatitis C Crónica, tales como a) daclatasvir, b) ledispasvir, c) velpatasvir,d) ravidasvir y otros.

ii.- Enzalutamida, indicado para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó las licencias obligatorias para medicamentos de alto costo el 25  de enero mediante la Resolución  798 por 67 votos afirmativos, cero negativo y 32 abstenciones.

La Resolución 798 incorpora el uso “de oficio” de las licencias obligatorias  “por razones de salud pública”  y para “facilitar la adquisición de medicamentos oncológicos y de alto costo “a precios competitivos por parte “de los servicios públicos como por los servicios de salud privados y la población que lo requiera; y en definitiva garantizar su acceso”.

Los diputados y organizaciones de la sociedad civil estimaron que en Chile hay alrededor de 135 mil enfermos de Hepatitis C y “la problemática de la falta de tratamiento adecuado de la hepatitis C” radica en que “en Chile los precios no competitivos del Sofosbuvir son una barrera de acceso a su uso por los pacientes que lo requieren”.

Un tratamiento con Sovaldi de Gilead en Chile tiene un costo de 24 millones de pesos chilenos  (572 mil pesos argentinos).

En cuanto al Xtandi para el cáncer de próstata, en la solicitud a la ministra se comparó que existe disponibilidad de genéricos de enzalutamida mucho más baratos que la marca comercial de Astellas Pharma.

Por ejemplo, el laboratorio canadiense Biolyse Pharma ofrece una versión genérica de enzalutamida a una décima parte de lo que se paga en Chile por el Xtandi.

También en Uruguay hay malas noticias para los laboratorios nacionales ya que el gobierno de Tabaré Vázquez envió al congreso  un proyecto de ley para adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), tal como impone el Tratado de Libre Comercio firmado entre Uruguay y Chile el año pasado.

La Cámara de Diputados de Uruguay en agosto pasado organizó un seminario sobre el TLC con Chile y los nuevos acuerdos sobre propiedad intelectual que merecieron las quejas de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y de la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CNFF).

Alfredo Antía, presidente de la ALN, aseguró que  el PCT  provocaría un aumento del precio de los medicamentos y Guillermo Arrospide de la CNFF afirmó que en 2014 se habían presentado 215 mil solicitudes de patentes en todo el mundo. “Se imaginan si ese número de pedidos recayera en el mercado uruguayo?”, alertó.