Las tres cámaras industriales farmacéuticas enviaron una carta documento al director del PAMI, Sergio Cassinotti, en la que amenazan con dejar de entregar medicamentos a los afiliados a la obra social, en respuesta a la carta documento del funcionario rescindiendo el convenio entre las partes, en una actitud que calificaron de “improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe”. Además, en un tema sensible para el gobierno que busca inversiones, se insiste con el concepto de inseguridad jurídica, por la rescisión intempestiva de un convenio suscripto hacía apenas 90 días.

En la carta documento las tres cámaras farmacéuticas recordaron que el convenio vigente había sido firmado apenas el 27 de enero y desde entonces “no se perciben cambios en la situación económica vigente en el país y las proyecciones actuales de consumo de manera que se provoque un grave desequilibrio en las obligaciones asumidas por las partes”.

A continuación, las cámaras instalan un contrapunto entre las razones esgrimidas por Cassinotti y las variables económicas favorables que está difundiendo el gobierno de Mauricio Macri que indicaría que “la situación financiera actual es mucho más holgada que en el momento en que se acordó el convenio PAMI-Industria”.

El PAMI “ha mantenido continuamente y desde hace años una deuda enorme con los laboratorios que ha puesto reiteradamente en riesgo la continuidad del convenio”, señala la carta de siete carillas.

Incluso, las cámaras recordaron que todavía hoy “nos encontrarnos litigando por las sumas de dinero adeudadas entre agosto de 2001 y marzo de 2002”.

En la carta se recuerda que durante el gobierno de Macri el PAMI “ha impuesto la renegociación de las condiciones del convenio en cuatro oportunidades, incumpliendo sistemáticamente en cada caso con los acuerdos previamente alcanzados, afectando indebidamente la necesaria previsibilidad de las partes y la seguridad jurídica”.

Los laboratorios en cada renegociación “se sentaron a renegociar de buena fe y efectuaron enormes sacrificios, otorgando cuantiosos descuentos que superan ampliamente todas las condiciones normales y usuales del mercado”.

“La pretensión (del PAMI) de forzar irresponsablemente una nueva negociación del convenio mediante una improcedente comunicación de rescisión, no solo es contrario al propio texto del Convenio sino que, insistimos, es abusivo y contrario al principio de buena fe, demostrativo de un ilegítimo desprecio por la obligación de los contratos, la previsibilidad de las partes, la continuidad de la provisión de medicamentos de calidad a sus afiliados y, en suma, la seguridad jurídica que la República Argentina tanto necesita para encaminarse hacia el desarrollo social y económico”, fustigan las tres cámaras, CILFA, CAEME y COOPERALA.

A su vez los laboratorios intimaron al director del PAMI que en el plazo de cinco días (a partir del 4 de mayo) ratifique o rectifique que el organismo pagará “como máximo” 2.214.000.000 pesos mensuales por el convenio a partir del primero de mayo.

En el mismo plazo se intima al PAMI que cancele los pagos vencidos por 261.312.648.01 pesos, 348.505.623.32 pesos y 342.944.920,89 pesos, correspondientes a diferentes liquidaciones que se detallan en la carta documento.

Por último, la industria anticipa que de no cancelarse la deuda en una semana, “procederemos a suspender las prestaciones a nuestro cargo” y “no aceptará ni procesará recetas de medicamentos que hayan sido dispensadas a beneficiarios” del PAMI.

Y, como corolario, en la carta documento se amenaza con considerar rescindido el convenio PAMI en el plazo de 15 días, “deslindando todo tipo de responsabilidad de los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia de vuestros incumplimientos”.