El gobierno avanza en un proyecto para la compra conjunta de medicamentos a partir de 2018 que involucra al PAMI, el IOMA, la SSS, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Además la agencia evaluadora de medicamentos y tecnologías sanitarias saldrá por decreto presidencial antes de fin de año.

El proyecto de compra conjunta de medicamentos –muchas veces meneado y nunca concretado- está siendo pulido en sus detalles por la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que regula a las obras sociales y la medicina privada.

De concretarse la iniciativa el Estado comprará medicamentos por licitación nacional e internacional para el PAMI, el IOMA, los programas del Ministerio de Salud, los hospitales públicos, las obras sociales sindicales y las empresas de medicina privada.

Entre todos conformarán un poderoso consorcio de organismos estatales - con un poder de compras de más de treinta mil millones de pesos anuales en medicamentos de alto costo-, que se sentará a negociar precios con la industria. Solo el PAMI destina el 30 por ciento de su presupuesto a medicamentos de alto costo y las insulinas.

Además, el proyecto contempla que las licitaciones serán por miligramos y por la Nominación Común Internacional de los medicamentos.

La cotización por miligramo es una herramienta para reducir los precios, aseguraron los especialistas de la SSS.

“El proyecto avanza pero es imposible que se concrete antes de 2018, pues hay cinco ministerios involucrados”, señalaron voceros de la SSS.

Los mismos voceros aseguraron que en Argentina “los medicamentos son 80 por ciento más caros que en los países vecinos” y que estudios encomendados por el actual titular de la SSS, Luis Scervino, encontraron que existían diferencias de hasta 60 por ciento entre lo que pagaban - el año pasado- las obras sociales por el mismo medicamento”.

“En el primer trimestre de año esa elasticidad de precios se redujo al 50 por ciento,  porque saben que los estamos vigilando”, compararon los voceros.

Las obras sociales provinciales todavía no se han sumado al proyecto, pero podrán adherir en el futuro.

Precisamente, las obras sociales provinciales  nucleadas en COSSPRA emitieron recientemente un comunicado en el que expresaron “nuestra profunda preocupación por el comportamiento del mercado farmacéutico” porque “desde enero de 2016 hasta la fecha, los medicamentos para patologías de alto costo, como cáncer, HIV, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, hepatitis, trastornos de crecimiento y trasplante, incrementaron sus precios más de un 50%”.

La entidad que agrupa a 24 obras sociales provinciales que a su vez atienden a 7.200.000 millones de afiliados, advirtió que “los medicamentos de alto costo no forman parte de la oferta farmacéutica y difícilmente se les puedan aplicar lineamientos de libre determinación de precios, porque son provistos por laboratorios específicos con prácticas monopólicas”.

Finalmente, COSSPRA aportó “nuestro apoyo absoluto a la inmediata creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias”.

La Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías en Salud (incluidos medicamentos)  será creada mediante un decreto presidencial ya que el proyecto de ley está empantanado en el Senado.

El proyecto determinará que la agencia nacional será un ente autárquico que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y sus decisiones serán vinculantes.

La única duda es si el decreto será firmado por Mauricio Macri antes o después de las elecciones de octubre.

El gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación en julio de 2016, donde se trabó porque los senadores no quieren que sea vinculante y hay disputas sobre la autarquía.

Para el Ministerio de Salud y la SSS es imprescindible que las resoluciones de la Agencia Nacional sean "vinculantes" para frenar las demandas judiciales contra el Estado y las obras sociales. Algo similar al NICE de Inglaterra.