Funcionarios del Ministerio de Salud, del PAMI y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) confirmaron en los últimos días la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) y la compra conjunta de medicamentos, como anticipó Pharmabaires. Sin embargo, ya surgieron interrogantes sobre la validez jurídica de sus resoluciones. Un debate que recién comienza.

Luis Scervino, titular de la SSS, confirmó que “para la política nacional de medicamentos es fundamental contar con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias”,  durante el Congreso de Salud de los Trabajadores, organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social (IIESS).

“Es importante contar con la Agencia porque es necesario evaluar el costo-eficacia de las nuevas tecnologías que son siempre de alto costo”, reforzó Scervino.

Sin embargo, María Cristina Cortesi, asesora legal la SSS y abogada especialista en Derecho de la Salud, consideró que la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que será creada por decreto presidencial antes de fin de año “es una muy buena idea”, pero puso en dudas que los jueces acepten sus resoluciones.

“La Agencia tendrá como facultad que sus resoluciones serán vinculantes, pero no necesariamente para los jueces serán vinculantes. Ojalá me equivoqué pero me temo que los juicios van a seguir”, vislumbró la profesional.

Voceros de la SSS habían comentado para el adelanto de Pharmabaires que el decreto presidencial impondrá la condición vinculante de las resoluciones de la agencia y que precisamente esa imposición ha frenado el proyecto en el Senado, “porque los legisladores dicen que no quieren dejar sin medicamentos a la gente”.

“Esas medidas cautelares que obligan a una obra social a entregar un medicamento en 24 horas son autosatisfactivas porque ningún juez en 24 horas tiene tiempo de pensar, pero quiere ir a dormir con la conciencia tranquila y concede la cautelar”, cuestionó Cortesi.

“Pero si después el medicamento no era el indicado alguien se hace responsable?”, se preguntó Cortesi, autora de varios libros sobre judicialización de la salud y presidenta de la Fundación Fundaleis, durante un debate organizado por el Comité de Bioética del Hospital de Clínicas.

Cortesi también afirmó que “los jueces, excepto algunas juezas, no tienen idea” cuando fallan a favor de los recursos de amparo que obligan a las obras sociales y al Estado a suministrar un medicamento, aunque su eficacia no esté demostrada.

Las asociaciones de pacientes pueden resultar “grupos positivos, pero a veces hay intereses que las incentivan a actuar como grupos de presión. Por eso decimos que hay enfermedades como el Chagas y enfermedades con hinchada, porque por detrás están los intereses de la industria farmacéutica”,subrayó.

Por tratarse de medicamentos de alto costo con protección de patentes e importados, esos intereses que denunció Cortesi se emparentan con las multinacionales farmacéuticas que actúan de modo similar en Argentina y el resto del mundo, según una reciente investigación de The Big Pharma Project.https://bigpharma.ojo-publico.com/

A los jueces “no les interesa quien pague, pero sostienen al fallar en favor de los recursos de amparo que alguien tiene que cubrir el medicamento”, explicó la profesional.

Graciela Hamilton, sanitarista de extensa experiencia y ex directora del Programa Nacional de Sida durante la gestión de ministro Ginés González García, en cambio defendió la utilidad de la AGNET.

“Tenemos necesidad de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que sea transparente y vinculante”, afirmó durante la presentación del libro “¿Podemos tener una política de Salud Equitativa?” de Fundación Femeba.

Hamilton incluso afirmó que “nosotros estamos atrasados, ya que otros países han avanzado con sus agencias y sus políticas de medicamentos, mientras que a nosotros nos lleva la vida”.

La sanitarista remarcó que la agencia evaluadora es necesaria porque “tenemos nuevos medicamentos, pero cada vez son más caros y no siempre son mejores”.

El profesor Héctor Buschiazzo, experto en farmacología de la Universidad Nacional de La Plata, avisó durante el debate que “los médicos están trabajando para la industria”, cuando alientan las demandas judiciales contra las obras sociales o el Estado.

La AGNET “es una necesidad absoluta para el país y no solo para el PAMI”, coincidió Sergio Cassinotti, titular de la obra social de los jubilados durante el Congreso de Salud de los Trabajadores.

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Enrique Rodríguez Chantore, confirmó que avanza el proceso de compra conjunta de medicamentos a través de los organismos oficiales, incluidos el PAMI, el IOMA y las obras sociales provinciales.

“Es la primera vez que el Ministerio de Salud de la Nación, la SSS y el PAMI trabajan de forma conjunta y unificada en las gestiones de compra de medicamentos para obtener mejores precios”, resaltó el funcionario.