Temas pendientes para el futuro como la reforma laboral y otros de resolución en el corto plazo como el convenio PAMI, aparecen en el horizonte de la industria farmacéutica luego de las elecciones legislativas del domingo.

La industria espera un nuevo escenario para después de las elecciones. Con un margen certero de previsibilidad después de los resultados electorales para planificar las próximas inversiones. Si hasta ahora hubo especulaciones, a partir de ahora comienza la etapa de las concreciones y de los cambios prometidos por el modelo gobernante.

Reforma laboral, inflación, convenio PAMI y propiedad intelectual aparecen como lo temas dominantes en la agenda de los laboratorios nacionales.

El convenio PAMI es quizás es tema más importante en el horizonte empresario porque deberá resolverse antes de fin de año y los primeros movimientos a semejanza de un tablero de ajedrez indican que el titular del organismo, Sergio Cassinotti, va por más ajuste.

La pregunta que flota en el ambiente no es si habrá ajuste, sino hasta que profundidad Cassinotti se propone hundir su escalpelo. O hasta donde podrá avanzar sin dinamitar el convenio como intento con fuegos de artificio a poco de asumir para luego dar marcha atrás con el mismo estrépito.

La segunda pregunta vinculada a la primera de irrefutable certeza, es hasta qué nivel de ajuste la industria podrá seguir sosteniendo el convenio PAMI sin dejar de ser rentable. 

La respuesta tampoco es homogénea ya que hay laboratorios que aún con el escalpelo de Cassinotti hasta el hueso podrían seguir soportando sobre sus espaldas los recortes del PAMI. Pero otros ya están en el límite y la siguiente caída sería en números rojos.

Sobre la reforma laboral hay que desechar paquetes de leyes o cambios sustanciales por decreto. El camino elegido por el gobierno parece orientarse hacia un nuevo modelo de relaciones laborales consensuado con los sindicatos para evitar conflictos en cadena.

Sin embargo hay una postura traslúcida por parte del Ministerio de Trabajo de avanzar en flexibilidades a través de los convenios paritarios y lo que será una exigencia para todos ya se vislumbra en la interminable paritaria con los visitadores médicos, que cumplió quince meses sin resolución.

En esa paritaria con los visitadores médicos se refracta el futuro pues el Ministerio de Trabajo lejos de imponer o apurar un acuerdo como en el pasado, ha dejado que el tiempo transcurra a la espera de una convergencia consensuada. Y si no la hay, tampoco hay intervención estatal.

Es cierto que no será igual en todos los casos porque hay convenios más duros de penetrar o sindicatos con mayor capacidad de movilización a la hora de forzar negociaciones.

Un tema aún más conflictivo que los convenios paritarios y que le dolerá al bolsillo de los sindicalistas, son los cambios que se avecinan en la fiscalización de las obras sociales,  una fuente inagotable de recursos que explica cómo hay sindicalistas empresarios, quien desvió fondos para sostener al equipo de fútbol de sus amores como admitió Hugo Moyano, quien tiene un fortín gauchesco con decenas de caballos de raza cómo Andrés Rodríguez y hasta un “honorable” Momo Venegas recientemente fallecido y cuya hija reclama un campo de 20 millones de dólares en Córdoba a la obra social de los peones rurales.

Otra cuestión que se avecina es la resolución que adopte la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de Farmacity contra la provincia de Buenos Aires, que se estima que se pronunciará en breve, pues hay señales desde antes de las elecciones.

El abrazo simbólico de los farmacéuticos a la Corte Suprema, el rechazo de muchos intendentes de Cambiemos al desembarco de la cadena en sus ciudades y la neutralidad (por lo menos en lo público) del gobierno bonaerense pueden incidir en la decisión de los miembros de la Corte Suprema, aunque los “supremos” difícilmente dejen que las voces de la calles influyan en sus acordadas.

Será mucho más pegajosa para la Corte Suprema la figura de Mario Quintana, el Vicejefe de Gabinete y aún accionista de la cadena,  si falla a favor de Farmacity y obliga a revisar la sentencia de su homónima bonaerense.

Igualmente un fallo de la Corte Suprema sobre Farmacity no será de efecto inmediato en la provincia de Buenos Aires como no lo ha sido el que meses atrás adoptó sobre la demanda de los farmacéuticos mendocinos contra la misma cadena.

Sobre propiedad intelectual el gobierno ha decidido alinearse con las demandas de Estados Unidos y las multinacionales. Es a cambio de promesa de inversiones.

Sin embargo esas inversiones no solo están atadas a leyes de propiedad intelectual sino esencialmente a la competitividad que es la resultante de una ecuación de costos laborales y contexto económico.

La inflación interna, el costo de la logística y las tarifas, la paridad cambiaria, la oportunidad de producir para otros mercados a menor costo laboral, son variables que pesan más que las leyes proteccionistas sobre propiedad intelectual.

Y son los laboratorios nacionales los que más arraigados están a invertir con la mirada a largo plazo y no solo en la coyuntura.

El nacional Montpellier anunció recientemente que completó la instalación de su planta en el polo farmacéutico de Lugano como resultado de una inversión que comenzó hace casi una década.

El laboratorio Denver Farma, también nacional, presentó recientemente la "Producción Nacional de Insulina Humana recombinante", única en Argentina y que competirá con la importada, junto con el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme). El proyecto es anterior a las elecciones del domingo, a las PASO de agosto e incluso a las presidenciales del 2015. Comenzó hace 20 años.