“No vamos a firmar un acuerdo a cualquier  precio”, aseguraron los funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de la Producción que participaron de un seminario organizado por la UIA sobre las negociaciones de un tratado de libre comercio Mercosur-UE.  Sin embargo,  la promesa no pareció reflejar tranquilidad en los rostros de los dirigentes empresarios que participaron de la reunión.

Horacio Reyser Travers, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, afirmó que “nadie nos está obligando (a firmar el acuerdo antes de fin de año) y no vamos a negociar algo negativo para el país”.

Sus palabras fueron en respuesta a los comentarios precedentes de Adrián  Makuc, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales de la UIA, y de Isaías Drajer, presidente de CILFA.

El embajador Reyser Travers prometió que “seguiremos avanzando si se dan los equilibrios que se tienen que dar” y en varias oportunidades insistió que el gobierno argentino trabaja para “una inserción inteligente” que convierta a Argentina “en un país confiable con reglas de comercio más claras”.

También mencionó como para deslindar responsabilidades, que las negociaciones con la UE “no las inventamos nosotros, vienen desde hace 15 años y nosotros tomamos la oferta que había preparado el gobierno anterior” y que a la actual gestión le corresponde “negociar los equilibrios finales del acuerdo”.

Para Adrián Makuc, “la negociación viene mal desde el principio, desde 2002, y siempre discutimos lo mismo”.

Makuc fue especialmente punzante cuando afirmó que “la UE se hizo una fiesta con las declaraciones del gobierno argentino cuando hace un año dijo que quería firmar el acuerdo en paralelo con la cumbre ministerial de la OMC de diciembre 2017 en Buenos Aires”.

“El apuro se juntó con el desequilibrio que siempre existió”,  sintetizó el directivo de la UIA.

Drajer a su vez se preguntó “cuál será el precio de las concesiones” por el apuro de los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay por anunciar el acuerdo con la UE mientras la OMC delibera en Buenos Aires.

 Alberto Álvarez Saavedra, secretario de la UIA, coincidió con Drajer que la entidad industrial “requerirá previamente conocer los resultados de estudios de impacto del acuerdo”,  que deberían poseer los funcionarios argentinos.

El embajador Reyser Travers previamente había descartado, diplomáticamente, repartir entre los empresarios asistentes copias del borrador del acuerdo que se discute actualmente con la UE, como sugirió alguno de ellos.  

“Es necesario contar con información específica de los impactos sobre nuestras importaciones y exportaciones con la Unión Europea, con nuestros socios del Mercosur, así como con el resto del mundo. Todo ello para evaluar la magnitud de los efectos de creación y desviación de comercio que genere el acuerdo”, alertó el directivo de la UIA.

 “Finalmente y teniendo en cuenta que la eventual firma del acuerdo es sólo la primera etapa de un proceso, es claro que el paquete final, integrado por el conjunto de concesiones intercambiadas y compromisos asumidos entre las partes, deberá ser acordado con todos los sectores de la sociedad, tanto trabajadores, los empresarios y, en última instancia, con todos ustedes, el poder Legislativo, que deberá ratificar lo que sea firmado”, reclamó Álvarez Saavedra.

A semejanza de Drajer,  el secretario de la UIA cuando expuso en el Senado,  también reclamó que “no quisiéramos que un documento final les sea presentado para aprobación a libro cerrado, sin antes contar con la información necesaria” y subrayó que “es  necesario que tanto ustedes, como nosotros trabajemos articuladamente para acceder a la información, validar los ofrecimientos y garantizar el consenso político y social que brinde sustentabilidad y legitimidad a los acuerdos que sean alcanzados”.

“Nada más alejado de un país retrógrado y donde los industriales estén subsidiados por el Estado, pero pedimos herramientas para seguir compitiendo”, pidió el secretario de UIA.

“No queremos que se equivoquen nunca”, enfatizó Álvarez Saavedra, ante sus interlocutores de la Cancillería y el Ministerio de la Producción, un pedido que reflejó la preocupación de los empresarios presentes que fueron desgranando sus interrogantes  sobre como el acuerdo con la UE puede afectar a sus respectivos sectores.

El sector de agroquímicos, por ejemplo, compartió con CILFA “la misma preocupación por las patentes y la protección de datos” y subrayó que corren peligro 120 plantas instaladas en el país que en términos económicos representan un mercado interno de 2.500 millones de dólares y exportaciones por 300 millones.

“Con los agroquímicos los zapatos nos aprietan de la misma forma”, coincidió Mariano Genovesi, el experto de CILFA en propiedad intelectual.

La cámara del zapato, precisamente, fue otra de las que expresó su preocupación si deben competir en desventajas con productos fabricados en el Sudeste asiático a menor costo, si después ingresan al país con el sello de “Made en Italy”  o “Made en España”.

La cámara de la alimentación COPAL a su turno alertó que “los sectores europeos que reciben subsidios no pueden ser parte de la negociación”.