El acuerdo de libre comercio con la UE que los gobiernos de Argentina y Brasil quieren firmar antes de fin de año provocará la destrucción de la industria farmacéutica de capital nacional, objetivo  que, paradójicamente, no consiguió la Ley de Patentes de la década del 90 exigida por Estados Unidos y patrocinada por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo y el ex presidente Carlos Menem.

Las condiciones leoninas del acuerdo Mercosur-UE fueron expuestas por CILFA - entre otras cámaras industriales- y la UIA durante una audiencia especial convocada por las comisiones de Industria y Comercio y Ciencia y Tecnología del Senado Nacional que parece reaccionar ante el panorama funesto que vislumbran los empresarios argentinos.

Los mismos argumentos, incluso con mayores precisiones, fueron repetidos días después durante una semanario sobre las negociaciones entre el Mercosur y la UE organizado por la UIA y en cuyo transcurso una decena de cámaras empresarias –incluida CILFA- expusieron sus quejas y advertencias ante funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de la Producción.

“No se va a poder competir ni lanzar las versiones genéricas de medicamentos si se adopta la legislación de datos de prueba que pretende imponer la Unión Europea al Mercosur”, advirtió Mariano Genovesi, experto en propiedad intelectual de CILFA. 

“Lo que se está generando es un derecho administrativo más fuerte que la patente porque un empresario que considere que la patente es nula y comete una infracción corre el riesgo de que puede ser sacado del mercado, pero sin la autorización de la ANMAT no puede comercializar aunque no necesita patente”, explicó.

Genovesi  explicó ante los senadores que la cámara industrial de los laboratorios nacionales accedió a los borradores de la negociación por “cámaras colegas del Mercosur” y no por el acceso directo a través de la Cancillería Argentina.

“Eso nos da la posibilidad de hacer un análisis que nos llena de preocupación porque implica un cambio jurídico en la Argentina de los acuerdos de la OMC de 1994 que obligó a modificar la ley de patentes de Argentina”, afirmó Genovesi.

Uno de los reclamos de la UE es la extensión de las patentes en compensación por eventuales demoras de las autoridades sanitarias locales en aprobarlas,  por lo que piden ampliar el plazo de 20 años a 25 años.

“Muchas de las patentes que están venciendo entre el año pasado y este año fueron concedidas a partir de 1995 cuando Argentina adoptó la nueva ley de patentes y hay muchas empresas que están esperando el vencimiento para salir al mercado (con genéricos de marca), pero si se aprueba esta exigencia , (las multinacionales) van a seguir teniendo una posición monopólica”, alertó el expositor de CILFA.

 Genovesi  resaltó que sobre los datos de prueba que en Argentina existe un decreto desde 1991 que se convirtió en un modelo en el mundo porque reglamenta la aprobación por similaridad que no exige repetir los estudios.

“Esto lleva a un proceso simplificado que nos coloca en promedio a los 82 días” o incluso en Europa la autoridad sanitaria EMA “lo hace en menos plazo”, precisó.

El experto de CILFA enfatizó que en Argentina existe desde hace 20 años “un sistema equilibrado (de propiedad intelectual) que garantiza la renta y al mismo tiempo el desarrollo de políticas económicas”.

También aseguró que las exigencias de la UE constituyen un retroceso ya que existen en las discusiones de los tratados de libre comercio “un cambio de paradigma” con relación a esos mismos tratados en la década del 90 “cuando eran más cerrados y monopólicos”.  

Pero ahora a través del acuerdo de libre comercio, “la UE pretende que  se implante su estandar jurídico que impone que a partir del primer registro sanitario no puede ser  aprobado ningún genérico por diez años”.

“Esto es como si en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos se establezca un bar y que el gobierno de la ciudad no de autorización para otro bar a diez cuadras a la redonda”, comparó Genovesi ante los senadores.

“Esto nos preocupa muchísimo”, resaltó Genovesi  y recordó que desde 2002 se registraron 250 nuevos medicamentos, a un promedio de 10 a 15 por año que son los más costosos y los que tienen mayor impacto y no se podrá competir con versiones genéricas” de imponerse la exigencia de la UE.

Genovesi  les propuso a los funcionarios presentes que consultaran con el PAMI sobre el costo “de los medicamentos únicos para la seguridad social” y explicó que solo el 3 por ciento de los productos medicinales con patentes se fabrican en el país.

Además, si se hubiese aplicado en el país el sistema de protección de datos que pretende imponer la UE,  la producción nacional de medicamentos hubiese caído del 58 por ciento actual al 23 por ciento.

Genovesi advirtió sobre “la letra chica” del acuerdo que se firme con la UE porque será objeto de interpretaciones disímiles y a partir de “una coma” se puede desatar una andanada de juicios.

En tal sentido recordó que a partir de las demandas judiciales de las multinacionales hubo en Argentina una “lluvia de medidas cautelares y se suspendieron licitaciones en virtud de una interpretación judicial de los tratados de la OMC, por eso la importancia de que en la negociación del acuerdo haya transparencia”.

“Consideramos que Argentina y Mercosur deben respetar niveles de observancia y protección que surgen del acuerdo TRIPs de la OMC y continuar haciendo uso de las flexibilizaciones que ha permitido una industria  competitiva a nivel mundial y que brinda trabajo a sus conciudadanos”,  pidió Genovesi.

Isaias Drajer, presidente de CILFA, reconoció que las exigencias de la Unión Europea tendrán un “fuerte impacto” en la industria farmacéutica argentina que “es una de las cuatro en el mundo que tiene preponderancia en el mercado interno y es la única de las cuatro en que la industria nacional tiene el 64 por ciento de participación en unidades en el mercado”.

Drajer se preguntó durante el seminario de la UIA “cuál será el costo  de las concesiones para firmar un tratado antes de fin de año? cómo pretenden los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay”.

El presidente de CILFA alertó en sendas exposiciones que la cuestión de fondo no es la competencia de mercado sino cómo afectará “en el acceso a la salud” si restringimos los datos de pruebas”.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la salud de la gente y un desvío de las normativas de la OMC generaría un fuerte impacto negativo en la Argentina”, reforzó Drajer.
El presidente de CILFA alertó que las obras sociales podrían encaminarse “hacia la ruina” de prosperar las demandas judiciales para que financien medicamentos de alto costo.

En este sentido mencionó el caso del medicamento Spinraza cuyo nombre comercial es Nursirensen del laboratorio Biogen para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) que ha sido aprobado recientemente en Argentina a un costo de 125 mil dólares por unidad, más caro que en Canadá y que en Europa.

Drajer detalló que el primer año de tratamiento con Spinraza cuesta 750 mil dólares y luego 125 mil dólares por año con el agravante de que es de por vida. Como ejemplo reveló que la obra social OSDE ya perdió diez amparos judiciales que le obligarán a desembolsar diez millones de dólares para tratar a diez pacientes con AME.

El presidente de CILFA pidió un equilibrio “entre el derecho a la propiedad y el derecho a la salud” y recordó que los laboratorios multinacionales a diferencia de los nacionales importan productos terminados y no generan valor agregado en el país.

“A las multinacionales  les conviene fabricar en sus plantas centrales o en países donde están favorecidos por el valor de la mano de obra” y por el contrario, “los laboratorios nacionales garantizan 43 mil empleos directos y 120 mil en forma indirecta”, resaltó Drajer.

“Veinte años de patentes son pocos?” se preguntó el presidente de CILFA durante la audiencia en el Senado y citó estudios que indican que el monopolio de Spinraza dejará ganancias por 1.700 millones de dólares en su primer año en el mercado.

Drajer pidió un estudio del “impacto” que tendrá el acuerdo entre Mercosur y la UE, recordando que un informe de la Cancillería de 2003 ya alertaba que un acuerdo con la UE representaría una reducción del superávit comercial de Argentina por mil millones de dólares, mientras que para Brasil la reducción trepaba a 7.300 millones de dólares. La contracara era la UE que se favorecía en más de 8 mil millones de dólares.

“Los negociadores no vienen acá a explicar que es lo que se está negociando”,  enfatizó Drajer en una crítica velada a la Cancillería cuando expuso en el Senado y advirtió a los senadores el riesgo de aprobar un acuerdo a “libro cerrado” por presiones políticas o exigencias presidenciales.

El presidente de CILFA afirmó que “esto no es un mero ejercicio intelectual o una discusión doctrinaria entre universitarios sobre los derechos de patentes,  sino que tiene fuerte impacto en la economía argentina y fundamentalmente en el gasto del medicamentos”. 

“Me estoy refiriendo esencialmente a los planes de salud del Estado y no solo a las prepagas y a las obras sociales sindicales”, enfatizó.

“No es un tema de competencia sino de impacto a la salud”, reforzó Drajer durante su exposición.

Drajer explicó que “somos respetuosos del derecho de patentes, del derecho de propiedad, pero  el ejercicio de ese derecho de propiedad debe tener un equilibrio entre el derecho de patentes y el derecho a la salud que hasta ahora en Argentina ha sido claramente posible”.