El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, calificó de “amenazas inquietantes” la carta que le envió la poderosa PhRMA de Estados Unidos, exigiendo que revoque la autorización para extender licencias obligatorias para medicamentos contra la hepatitis C, fundamentadas en razones de interés público.

Gaviria ha sido el impulsor en Colombia de las resoluciones que autorizan las licencias obligatorias para combatir los altos precios del oncológico Glivec de Novartis y de los medicamentos para la hepatitis C, medidas que han desatado la furia de las multinacionales y del gobierno de Estados Unidos.

El ministro reconoció que a mediados de enero recibió una carta de PhRMA en que la cámara empresaria de los laboratorios estadounidenses le advierte al gobierno colombiano que su política de licencias obligatorias podría convertirse en un palo en la rueda en sus negociaciones con la  OCDE.

“Este tipo de amenazas son inquietantes. ¿Debe expulsarse a Chile de la OCDE por hacer algo similar? ¿Habla PhRMA en nombre de algunos países específicos? ¿Es consciente PhRMA de que la presión indebida sobre los gobiernos por ejercer las flexibilidades va en contra de la declaración de Doha?”,  respondió el ministro colombiano.

La referencia a Chile obedece al pedido de dos docenas de grupos de la sociedad civil de todo el mundo dirigido al gobierno de Michelle Bachelet para que instrumente el sistema de licencias obligatorias aprobado en el Congreso chileno   para los medicamentos contra la hepatitis C y el Xtandi para el cáncer de próstata, antes de completar su mandato.

En Colombia, en diciembre pasado el Ministerio de Salud habilitó mediante una resolución la extensión de licencias obligatorias para los medicamentos contra la hepatitis C,  monopolio de Gilead en el mercado local.

PhRMA ya había solicitado sanciones para Colombia a la oficina de comercio exterior de Washington (USTR), a causa de su decisión de romper la patente del Glivec para favorecer la competencia.

La misiva enviada por PhRMA al gobierno colombiano que Gaviria tradujo correctamente en “presiones”, fue acompañada por una demanda similar de la cámara de los laboratorios multinacionales radicados en Colombia,  Adifro.

PhRMA  afirmó que “no hay indicios de que en Colombia exista una emergencia por cuenta de la Hepatitis C y, por tanto, su declatoria de interés público iría en contra del interés colombiano de hacer parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Afidro en sintonía con PhRMA le pidió al Ministerio de Salud “no dar continuidad al proceso” que abrió en diciembre para permitir la competencia de precios  mediante las licencias obligatorias.

En la misiva, firmada por Gustavo Morales Cobo, presidente de Afidro, le reclamó a Gaviria archivar “la presente actuación, previo análisis motivado de los argumentos individuales expuestos”, porque “no hay razones suficientes para que se inicie use proceso, que busca declarar como de interés público” los tratamientos contra la hepatitis C.

Además, Afidro le pidió a Gaviria apartar del proceso a Carolina Gómez, Directora de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud. Un tweet en el que Gómez anunció el inicio del proceso como “un regalo de navidad” ha sido para la cámara empresaria una evidencia de que no hay parcialidad en el proceso.

Gustavo Morales, el presidente de Afidro, expresó públicamente su malestar con la reacción del ministro Gaviria denunciando presiones: “no puede considerarse ‘presión’ el que, dentro de un proceso diseñado para que las personas participen y opinen, las personas cometan el atrevimiento de participar y opinar. ¿Va a calificar de ‘presión’, cuando lleguen escritos favorables a una declaratoria de interés público?”, replicó en Twitter.

El Espectador de Bogotá recordó que la iniciativa para declarar como de interés público el Glivec y los medicamentos contra la hepatitis C, nació hace un par de años por iniciativa de la Fundación Ifarma. Pese a que el Ministerio de Salud redujo el costo de esos tratamientos en 2017, sus precios aún continúan siendo altos. El Harvoni (combinación de sofosbuvir y ledispavir), producido por la farmacéutica Gilead, bajó de 114,3 millones pesos a 23,5 millones pesos colombianos. Daklinza (producidos por Bristol-Myers Squibb) y sofosbuvir, pasó de 137,2 millones a 29 millones. “Con esta nueva medida pueden costar cerca de 1 millón. ¿Será que no vale la pena?”, se preguntaba entonces Francisco Rossi, director de Ifarma. En Colombia hay unos 400 mil pacientes con hepatitis C.

El experto colombiano Oscar Lizarazo, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional resumió que “Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el país en Suramérica que más patentes ha concedido en este tema. Ha otorgado más que Chile o Perú, que son amigables con la protección extranjera. Brasil no las ha concedido. En Argentina tampoco hay patente de sofosbuvir. Allí hay una empresa de genéricos que comercializa el tratamiento completo por US$ 1.500”.

La  carta enviada por PhRMA  es la siguiente: