El próximo gobierno deberá impulsar la producción pública de medicamentos en asociación, colaboración o articulación con el complejo farmacéutico de capital nacional, fue una de las conclusiones del Foro "¿Cuál es el potencial de la Producción Pública de Medicamentos en Argentina?", organizado por la agrupación La Rolando García en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante el extenso foro en el que participaron alrededor de veinte expositores, se enfatizó sobre la necesidad de avanzar en una producción local de medicamentos de alto costo en asociación entre universidades, Conicet y otros organismos de ciencia y tecnología estatales, y también con el complejo industrial privado de los laboratorios nacionales.

Necesidad con cara de hereje “ya que Argentina afronta un déficit crónico de la balanza comercial del sector farmacéutico a causa de que las multinacionales son deficitarias (importan y casi no exportan desde el país) y eso convierte en deficitaria la balanza comercial del sector”, fue el diagnóstico de apertura del Foro.

En el camino que debería adoptar el futuro gobierno, algunos de los expositores mencionaron como experiencia positiva la asociación entre el Laboratorio del Fin del Mundo de Tierra del Fuego y la multinacional BMS para producción un medicamento para el programa nacional de lucha contra el sida.

Fernando Peirano, integrante del Grupo Callao que nutre de insumos políticos y económicos a Alberto Fernández, coordinador de la comisión de Ciencia y Tecnología del Frente de Todos y docente de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), explicó que durante la década kirchnerista se desarrolló la ciencia pero no un sistema tecnológico que engarzara con la producción industrial.

“Formamos recursos humanos, pero no sistemas tecnológicos” afirmó el colaborador en ciencia y tecnología del candidato Fernández.

Peirano explicó que de llegar a la presidente Alberto Fernández impulsará “las empresas públicas y las empresas públicas-privadas mixtas para una gestión pública efectiva”.

“Necesitamos ocho o nueve INVAP en salud para crecer, se necesita que PAMI destine al menos el cinco por ciento de su facturación a la compra de medicamentos de fabricación pública”, propuso Peirano.

Patricio de Urraza, ex presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos ANLAP advirtió que se trata de un organismo “subsidiador” y que excepto algunas excepciones como Hemoderivados de Córdoba, la mayoría de los laboratorios públicos adolece de personal capacitado y adecuadas instalaciones edilicias.

De Urraza mencionó la asociación ente la multinacional BMS y el Laboratorio del Fin del Mundo como ejemplo de una iniciativa para “impactar en el segmento de los medicamentos de alto precio”.

En consecuencia, propuso “una alianza estratégica entre producción pública y los grandes laboratorios nacionales”.

Fabian Nigro, director del Centro de Tecnología Industrial del INTI explicó que es un laboratorio de avanzada en la investigación de biológicos y que la especialidad de ese centro piloto “no se concentra en la producción sino en el desarrollo”.

Nigro también se pronunció a favor de la “articulación entre lo público y lo privado” y dijo que estaría “feliz” si “el próximo gobierno me ‘obliga’ a sentarme en una mesa para articular con otros organismos públicos o emprendedores privados”.

“Hay que recuperar al INTI como brazo tecnológico del Estado”, completó.

Ana Franchi investigadora principal del CONICET también fue partidaria de “no competir sino colaborar entre laboratorios públicos y empresas privadas” y explicó que la biomedicina es el área más grande dentro del  organismo público.

Franchi, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, propuso una Ley de Compre Nacional de Medicamentos de Fabricación Pública para aplicación del PAMI y los hospitales públicos. Esa participación podría reducir los precios de los competidores privados como ocurrió cuando el laboratorio LIF de Santa Fe introdujo Misoprostol en el mercado, mencionó como ejemplo.

También mencionó la existencia de una empresa dentro del INTA llamada Biogea en cuya creación participaron el CONICET y los laboratorios públicos agrupados en ANLIS para el desarrollo de genética ambiental, que fue “frenada” durante el macrismo.

Mauricio Monsalvo de la universidad Isalud y ex coordinador del Programa Remediar, también mencionó que el próximo gobierno deberá alentar políticas de concertación a largo plazo y apuntar la producción pública a los “puntos críticos que al mercado no le interesa como los medicamentos huérfanos, algunas líneas de antibióticos, hormonales, antiparasitarios y sueros y vacunas”.

Monsalvo mencionó que existe “una experiencia público-privado en vacunas” aunque no precisó si se refería a la vacuna contra la Gripe A que produce desde 2010 Sinergium Biotech del grupo Sigman en virtud de un acuerdo celebrado con el entonces ministro de Salud, Juan Manzur.

Dora Corvalán, economista y profesional de apoyo a la investigación del

Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCyT) dependiente de CONICET – UNQ, precisó que “el país no produce las vacunas necesarias” y en consecuencia el 47 por ciento de las dosis que se suministran anualmente son importadas.

Esa importación a su vez representa el 70 por ciento del gasto del Estado en sus campañas de vacunación y por eso cuando escasean los dólares escasean las vacunas, que pasaron de 8 vacunas anuales en 2003 a veinte en la actualidad, comparó.

Fernando Goldbaum de INMUNOVA, empresa de biotecnología argentina de “científicos emprendedores” tal como se presenta, también propuso que el próximo gobierno “debe evitar el enfrentamiento entre el sector tecnológico público y los laboratorios privados”, al que calificó de “anacronismo” y coincidió que existe la necesidad de incrementar las exportaciones del sector farmacéutico, para evitar el estrangulamiento de divisas que condicione su crecimiento futuro.

Ex presidente del Instituto Leloir, Goldbaum afirmó que al mismo tiempo “el Estado debe empujar a la innovación tecnológica de los laboratorios nacionales privados”.

Goldbaum alentó esta “alianza estratégica” de lo público y lo privado “porque la producción de medicamentos de alto costo es muy larga y demanda mucha inversión”.

Patricia Rivadulla de la UNLP y ex directora del Instituto Biológico Tomas Perón de La Plata, se refirió a los “precios obscenos” de los nuevos medicamentos y estimó que “los precios de mercado no se basan en estructuras de costos” sino en monopolios y posiciones dominantes.

Por eso, Rivadulla propuso que la fabricación pública de medicamentos debe concentrar su competencia en los medicamentos esenciales y de esa manera “mejorar los precios de mercado”.

Pascual Fidelio, presidente del Hemoderivados de Córdoba, mencionado varias veces como modelo de desarrollo, argumentó que los laboratorios públicos no deben concentrarse en la producción de medicamentos de bajo valor agregado sino “ampliar la mirada” a otros “servicios asociados”.

Ente otros servicios que ha comenzado a ofrecer el laboratorio dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, figuran los exámenes de biosimilaridad que cuando son encargados a laboratorios privados “hay que embargar hasta las canillas del laboratorio para poder pagarlos”, aseveró.

Fidelio recomendó que el nuevo gobierno le conceda “más independencia económica y política a los laboratorios públicos”.

Nicolas Kreplak ex viceministro de Salud (2014-2015) afirmó que las empresas extranjeras deberían realizar transferencia de tecnología en el país, como se les exige en otros países, o de lo contrario “esa tecnología no nos sirve para nada”.

Krepllak alertó que “las grandes multinacionales están depredando lo poco que queda del mercado, porque solo así se explica que un medicamento pueda costar un millón de dólares”.

“Si el 11 de diciembre no iniciamos un camino estratégico, dentro de un año vamos a tener la soga al cuello a causa de la inviabilidad del sistema de salud”, pronosticó.

Gustavo Marin, docente de la UNLP e integrante de la red Gapurmed para el uso racional del medicamento, alertó del “bombardeo de nuevas moléculas que no siempre son eficaces ni seguras, pero genera una demanda” resuelta a veces vía judicialización.

Esa vía tan utilizada en Argentina en los últimos años introduce otra “inequidad” porque mediante los amparos judiciales se impone el financiamiento a las obras sociales de medicamentos que cuestan “miles y miles de dólares, dejando sin derechos colectivos y sin cobertura a cientos de personas” ya que los recursos son finitos.

Marín opinó que existe una negligencia también de la ANMAT en la aprobación de esos nuevos medicamentos porque “es un colador que registra medicamentos que no son efectivos ni seguros”.

Javier Andrade, legislador de la CABA por Unidad Ciudadana anticipó que el 8 de octubre su bloque y el candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens, presentarán un proyecto de ley para crear un laboratorio de fabricación pública de medicamentos en el ámbito de la ciudad.

Andrade calculó que bastarían alrededor de mil millones de pesos anuales para poner en funcionamiento ese laboratorio de producción pública en la ciudad.

Bruno de Marco, representante del laboratorio recuperado Farmacop (ex Roux Ocefa) anunció que en breve volverán a comercializar sus productos luego de cumplir con las certificaciones de la ANMAT.