El proyecto de Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS perdió estado parlamentario y el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH realizó un banderazo en la Puerta del Congreso Nacional.

El Frente con la consigna #NadaQueFestejar denunció “la desidia de quienes lo dejaron caer y la gravedad del daño que produjo el gobierno de Mauricio Macri en la Dirección de Sida”

Eñ documento completo que se leyó en el acto: 

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Sida, las organizaciones que componemos el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH venimos a hacer oír nuestra voz: La respuesta al VIH y el sida sufre nuevamente en Argentina un deplorable retroceso, al igual que la salud pública nacional que ha padecido durante los últimos cuatro años brutales ajustes y un sostenido proceso de desguace planificado.

Nos encontramos a pocos días de que el proyecto de Nueva Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual pierda estado parlamentario una vez más.

El gobierno de Macri demostró su falta de voluntad política durante estos años para impulsarla, y sus legisladores en este Congreso para sancionarla, obstruyendo intencionalmente su tratamiento en comisiones legislativas, siendo los diputados del bloque oficialista Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina los máximos responsables de esta desidia.

Igual suerte corrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual que presentamos este año en la Legislatura, dado que el macrismo también impidió que avanzara su tratamiento en comisiones.

Así, la ciudadanía de nuestro país pierde una valiosa oportunidad para poner en vigencia una norma consensuada a nivel nacional por una amplísima comunidad de organizaciones y entidades que la debatieron durante años.

Sin embargo, este esfuerzo de la sociedad comprometida y la imperiosa necesidad de actualizar una Ley vigente desde el año 1990 a las nuevas demandas de la sociedad, se frustran por segunda vez en los últimos cuatro años.

Remarcamos que este escenario lamentable al que asistimos se inscribió en el marco de un contexto político y socioeconómico signado por políticas gubernamentales que empobrecieron deliberadamente a la población, le quitaron derechos y la privaron de necesarias medidas que aseguren algunas mínimas condiciones de subsistencia. Las personas que vivimos con el VIH fuimos y seguimos siendo blanco directo de esas políticas de ajuste y asfixia.

Hemos padecido en primera persona el desabastecimiento y la falta de tratamientos. No ha habido planificación ni previsión en las compras de medicamentos antirretrovirales desde 2016.

Se subejecutó el presupuesto asignado al área de competencia, y de manera continuada se abandonó el mecanismo habitual de compra anticipada de medicamentos mediante licitación pública, provocando desabastecimiento en la provisión de los mismos a escala nacional, como también innecesarias compras directas que representaron un injustificado incremento en los precios y la falta de garantías de transparencia en la adquisición de los medicamentos.

La demostrada negligencia de las autoridades, denunciada en numerosas ocasiones por las organizaciones que integramos el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, ocasionó en todo el país fraccionamientos imprevistos en la provisión de medicamentos, como también cambios de tratamientos compulsivos y hasta abandono de los mismos, los cuales requieren una regularidad continuada para su eficacia, afectando así la vida de quienes vivimos con el virus.

El presupuesto asignado a campañas o programas de prevención nacionales se redujo de manera alarmante. De forma paralela a esta situación de abandono de políticas sanitarias preventivas aumentaron los casos de infecciones de transmisión sexual evitables, tales como la sífilis, la sífilis congénita, la clamidia y la gonorrea, por citar algunas.

La distribución de material preventivo, como folletería y preservativos en los hospitales públicos nacionales y centros de atención sanitaria es prácticamente nula.

La falta de previsibilidad de las autoridades sanitarias afectó los controles de transmisión del virus y los efectos de la medicación suministrada, al interrumpirse en más de una oportunidad la provisión de reactivos tanto de diagnóstico como para la medición de la carga viral en todas las provincias.

Continúan produciéndose muertes evitables en distintos contextos, de distintas edades, géneros y posición social, pero sobre todo en los sectores más vulnerados.

Este Gobierno decidió la eliminación del Ministerio de Salud y su posterior degradación a Secretaría. Con la adopción de esta medida, se evidenció que el contenido de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri se caracterizó por su profunda insensibilidad, daños y lastimosamente contrarias a derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Esta semana renunció el ex ministro desde 2017, devenido ex-secretario de salud, Adolfo Rubinstein, y aún este Gobierno no ha dado señales por la designación inmediata de quien lo reemplace en la actual transición.

Tanto Rubinstein como su antecesor Jorge Lemus, se negaron a recibir personalmente a representantes de las diversas organizaciones que integran este Frente Nacional, pese a sucesivos pedidos de reunión solicitados ante los graves inconvenientes que padecimos durante su administración.

Han renunciado hasta la fecha tres directores nacionales, situación que confirma el estado caótico y de orfandad en el que estamos sumidxs.

Entre septiembre y diciembre de 2018 la Dirección de Sida, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis se encontró acéfala.

Por entonces, la Ley del Presupuesto 2019 sufrió un brutal ajuste en las partidas de la Dirección de Sida, y oportunamente denunciamos la afectación que implicaría dejando a miles de personas sin tratamientos. En lugar del presupuesto previsto por el equipo de la Dirección de Sida, que era de 5.100 millones de pesos, aprobaron uno por 3.100 millones, 2.000 millones de pesos menos de lo que se iba a necesitar, sin contar el proceso devaluatorio que luego ocurrió.

Pero eso no fue todo. Avanzaron con una masiva quita de pensiones a personas en situación de extrema vulnerabilidad y que viven con VIH en todo nuestro país. Situación que logró revertirse en la Justicia, gracias a la lucha de las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien no pudieron sacarle las pensiones a quienes ya las tenían, durante estos cuatro años no otorgaron pensiones para las personas en situación de extrema vulneración.

En los sistemas de atención sanitaria públicos y privados continuamos siendo estigmatizades o maltratades. Algunas personas ni siquiera recurren a la consulta sanitaria, consecuencia directa del destrato recibido o la imposibilidad de trasladarse.

Se han desmantelado también los servicios específicos hospitalarios, como los de Infectología.Se han recortado los presupuestos que garantizaban las compras y el acceso a la leche maternizada o de fórmula, aumentando así los casos de transmisión del virus por vía perinatal.

Nos privan de la posibilidad de obtener créditos bancarios a causa de nuestra situación de salud, obligándonos a judicializar en reclamo del ejercicio de legítimos derechos, así como se violentan normativas en vigencia, impidiéndonos acceder a empleos con cobertura de seguridad social, al interponer testeos de VIH en los exámenes preocupacionales, violando nuestra privacidad. Es por eso que casi el 70% de las personas con VIH no tenemos cobertura de obra social, porque no logramos acceder a los empleos registrados.

Resistimos el embate de códigos contravencionales provinciales, como en Mendoza, que intentaron criminalizarnos por el sólo hecho de ser personas con VIH.

Seguimos denunciando la falta de acceso a los tratamientos de las personas privadas de la libertad, lo cual implica una condena a muerte.

Seguimos denunciando el lenguaje discriminatorio y descalificante que se usa de forma frecuente para nombrarnos en la mayoría de los medios masivos de comunicación.

Seguimos denunciando la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, que contribuya a reducir el número de nuevas infecciones.

Seguimos denunciando la falta de políticas públicas dirigidas para adolescentes y jóvenes que nacieron con el virus, grandes olvidados de la epidemia.

Seguimos denunciando el genocidio trans perpretado por el estado, que abandona a las compañeras privándolas de acceso a la salud, a la educación y a un trabajo digno. Porque para adherir a un tratamiento, primero es necesario tener un plato de comida.

Denunciamos enfáticamente el comportamiento discriminatorio y vergonzante dirigido en contra de nuestres compañeres, que ante los numerosos y silenciados casos de faltantes de medicamentos, deben trasladarse por su cuenta personalmente a retirarlos a la sede del ex Ministerio de Salud de la Nación y se les impide el acceso al piso donde se encuentra la Dirección de Sida, ocasionándoles un sinnúmero de molestias y contratiempos que no están previstos en la normativa legal vigente e incluso poniendo en riesgo su derecho a la confidencialidad.

Necesitamos imperiosamente que el Congreso de la Nación adecúe nuestra realidad al actual paradigma de los derechos humanos, tutelando el acceso a todos los derechos y que garantice la vida digna de las 140.000 personas que vivimos con el VIH en Argentina.

¡NO HAY MÁS TIEMPO. NECESITAMOS UNA NUEVA LEY DE VIH, HEPATITIS E ITS YA!

VIDEO: https://youtu.be/XL1ZUf8MP_4