La industria farmacéutica fue acusada de impulsar la medicalización de niños y adolescentes y de imponer modelos de “colonización” de docentes y profesionales médicos, que ha provocado una “epidemia de enfermedades mentales”.

En coincidencia con la denuncia efectuada durante un zoom del centro de profesionales farmacéuticos CEPROFAR, el laboratorio estadounidense Purdue Pharma aceptó declararse culpable de los cargos penales que se le imputaban por ocultar los efectos adversos de su opioide OxyContin, que provocó alrededor de 450 mil muertes desde 1999, según las estadísticas de los departamentos de salud de todo el país.

Gabriela Dueñas, psicóloga y psicopedagoga, sostuvo que “existe una epidemia de enfermedades mentales, que a veces sólo son crisis vitales que se medicalizan”.

Dueñas sostuvo esa supuesta “epidemia” de enfermedades mentales viene “de la mano del discurso de la industria, de algunos neurocientistas y de la Asociación Americana de Psiquiatría (The American Psychiatry Association (APA), cuyos miembros son socios o accionistas de la industria farmacéutica”.

“El gran mercado de la industria farmacéutica avanza con sus psicofármacos sobre los chicos y han identificado a las escuelas como el lugar ideal de aterrizaje para colonizar a los docentes con sus mensajes”, aseguró Dueñas, consultora para proyectos de alto nivel de complejidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Los docentes han sido colonizados para que identifiquen trastornos desde la sala de tres, en vez de ver la problemática en la que intervienen un montón de factores”, denunció la expositora.

“La mirada hegemónica que se impone de ese niño es que nació así con deficiencias neurogenéticas y hay que tramitarle rápido un certificado de discapacidad para que se convierta en objeto de drogas psicoactivas”, enfatizó.

Entre esas drogas mencionó Ritalina (metilfenidato) que la ANMAT tiene calificada en el mismo renglón de peligrosidad que la morfina, advirtió.

Clarisa Marchetti, especialista en política de medicamentos y actual directora del Instituto del Cáncer de la provincia de Buenos Aires, propuso “una alianza entre la sociedad civil y el estado para fijar precios justos y asequibles para los medicamentos y frenar los abusos de las patentes”.

Marchetti resaltó que “hay leyes en la Argentina que garantizan a toda persona el acceso a los medicamentos, pero los de alto precio están desfinanciando el sistema de salud”.

“Los medicamentos no deben ser un lujo o bienes suntuarios”, expuso la profesional, para quien se requiere de un cambio sistémico en el sistema de investigación de las nuevas drogas basado en tres pilares: innovación, acceso universal y sostenibilidad de los sistemas de salud.

Marchetti citó estadísticas de la OMS para afirmar que solo uno de cada tres habitantes del planeta tiene acceso a medicamentos seguros en calidad y asequibles en precios.

La profesional reseñó que en todo el país existen 8100 centros de salud que reciben el programa REMEDIAR de medicamentos esenciales que cubre las necesidades de 16 millones de personas que dependen del sistema público de salud.

En la provincia de Buenos Aires, en junio pasado se creó la Dirección de Acceso e Inclusión en Salud para impulsar el programa Incluir Salud Buenos Aires y además existen 27 bancos de drogas distribuidos en la geografía bonaerense para garantizar el acceso a los medicamentos de alto precio, explicó Marchetti.

PURDUE SE DECLARA CULPABLE DE LA EPIDEMIA DE OPIOIDE

El laboratorio estadounidense Purdue Pharma aceptó declararse culpable de los cargos penales que se le imputan por el manejo farmacológico de su opioide OxyContin, en un acuerdo con los fiscales estadounidenses que pondrá fin a los miles de juicios iniciados contra la compañía farmacéutica por los familiares de las víctimas de su medicamento.

La compañía ha admitido formalmente una conducta criminal relacionada con la distribución y promoción de su analgésico opioide y el ocultamiento de los efectos adversos. Además, incurrió en el pago de incentivos a los médicos para que prescribieran su analgésico.

El acuerdo implica pagar 225 millones de dólares para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unido.

Los fiscales habían pedido multas significativas que superaban los 8.000 millones de dólares contra Purdue, “aunque gran parte de estas multas no se pagarán”, reconocieron luego del acuerdo, porque el laboratorio se declaró en quiebra el año pasado.

El Departamento de Justicia estadounidense ha aceptado renunciar a litigar por el resto de la multa si la empresa completa una reorganización por quiebra disolviéndose y transfiriendo activos a una "empresa de beneficio público" o entidad similar.

El fabricante del analgésico OxyContin, se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2019 en Nueva York, cediendo a la presión de unas 2.600 acciones judiciales imputándole de haber contribuido a la crisis de los opiáceos que está asolando a Estados Unidos.

“Purdue conspiró para participar en una conducta criminal a lo largo de los años que mantuvo el flujo de recetas médicamente cuestionables de sus opioides”, afirmó el Departamento de Justicia.

La compañía ha acordado declararse culpable de tres delitos graves, dos de ellos violaciones de una ley federal contra el soborno y otro cargo de defraudar al sistema de salud de Estados Unidos y violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

"Purdue lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia", ha declarado su presidente Steve Miller, quien se unió a la compañía en julio de 2018.

OxyContin ha sido identificado como el principal opioide que desató una crisis de salud en Estados Unidos que está costando alrededor de 78 mil millones de dólares al año, según las estimaciones de las autoridades de salud federales y estaduales.