El comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a una audiencia para el 8 de diciembre al director ejecutivo y algunos de los dueños del laboratorio Purdue Pharma, para que testifiquen sobre la epidemia de opioides que provocó su medicamento OxyContyn con un saldo estimado de 450 mil muertos.

El laboratorio Purdue Pharma finalizó la semana pasada un acuerdo con los fiscales federales en los tribunales de Nueva Jersey, declarándose culpable de cargos penales por el manejo de su adictivo analgésico, aunque la admisión de culpabilidad no exceptuará a su CEO y propietarios de responder en la audiencia parlamentaria.

El acuerdo de culpabilidad y otros acuerdos relacionados han sido criticados por los demócratas en el Congreso que piden que Purdue y sus propietarios enfrenten consecuencias más severas por su responsabilidad en la crisis de los opioides que provocado alrededor de 450 mil muertes en Estados Unidos.

El fiscal federal adjunto J. Stephen Ferketic explicó que el acuerdo exceptuaba el derecho de enjuiciar a las personas asociadas con Purdue, incluidos propietarios, funcionarios y directores.

El actual CEO de Purdue, Steve Miller, se declaró culpable en nombre de la empresa y admitió su conducta criminal bajo el interrogatorio de Ferketic.

"Purdue lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia", ha declarado su presidente Steve Miller, quien se unió a la compañía en julio de 2018.

Sin embargo, dos docenas de fiscales generales estatales se han opuesto al acuerdo de culpabilidad con el argumento de que respalda efectivamente un plan de quiebra que, según ellos, enredará a los gobiernos locales con una empresa de beneficio público que continúa vendiendo OxyContin.

Durante una audiencia judicial llevada a cabo de forma remota ante la jueza de distrito Madeline Cox Arleo en Nueva Jersey, Purdue se declaró culpable de tres delitos graves que cubrían una mala conducta generalizada.

Las violaciones criminales incluyeron conspirar para defraudar a los funcionarios estadounidenses y pagar comisiones ilegales tanto a los médicos como a un proveedor de registros médicos electrónicos llamado Practice Fusion para que las recetas de opioides siguieran multiplicándose sin control de las autoridades federales.

De los tres cargos criminales contra Purdue, dos fueron por violaciones de una ley federal anti-sobornos, mientras que el tercero acusó a la compañía con sede en Stamford, Connecticut, de defraudar al sistema de salud de Estados Unidos y violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

El acuerdo de culpabilidad conlleva más 5.5 mil millones de dólares en multas, pero de improbable cobranza ya que el laboratorio se declaró en quiebra el año pasado.

Purdue acordó pagar 225 millones de dólares para un decomiso criminal de 2 mil millones y el Departamento de Justicia renunció al resto, a condición de que la compañía complete una reorganización por quiebra disolviéndose y transfiriendo activos a una "compañía de beneficio público" o entidad similar que derive la porción impaga de 1.775 mil millones a miles de comunidades estadounidenses que lo demandan por la crisis de los opioides.

Los miembros de la familia Sackler, propietaria del laboratorio ahora en quiebra, argumentaron siempre que habían actuado “de manera ética y responsable mientras se desempeñaban en el directorio de Purdue” y que durante ese período les aseguraron que “las prácticas de ventas y marketing de la compañía cumplían con los requisitos legales y reglamentarios”, una forma de descargar las responsabilidades sobre sus subordinados.

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes citó para el 8 de diciembre al presidente actual del directorio y a miembros de la familia heredera, para que testifiquen sobre las prácticas del laboratorio que salieron a la luz a través de correos internos de la empresa.

De los correos internos, se desprende que la familia Sackler, que controlaba Purdue Pharma, utilizó las ventas del controvertido analgésico OxyContin para "estirar" los objetivos financieros y presionó a los ejecutivos de la empresa para que aumentaran su participación en el mercado de opioides abordando a prescriptores de alto volumen y promoviendo dosis de mayor concentración, según documentos publicados por el Comité del Congreso.

Los documentos también señalan cómo los miembros de la familia Sackler trataron uno de sus opioides como una "fuente de ingresos" y retiraron aproximadamente 10 mil millones de dólares de las arcas de Purdue desde 2008.

La compañía cosechó más de 30 mil millones de dólares de las ventas de OxyContin a lo largo de los años, enriqueciendo a los miembros de la familia Sackler, según el informe de la Comisión del Congreso.

El fabricante del analgésico OxyContin, se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2019 en Nueva York, cediendo a la presión de unas 2.600 acciones judiciales imputándole de haber contribuido a la crisis de los opiáceos que está asolando a Estados Unidos.

Purdue conspiró para participar en una conducta criminal a lo largo de los años que mantuvo el flujo de recetas médicamente cuestionables de sus opioides”, afirmó el Departamento de Justicia.