“Gestión de Alto Costo en Salud- Un dilema no resuelto” es un estudio de La Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y la Universidad Isalud que fue presentado por sus autores y varios expertos que coincidieron en lo que aparece como subtítulo: el dilema no está resuelto, pero el tiempo apremia porque los presupuestos de salud de los países ricos o pobres, indistintamente, son finitos.

La presentación del libro-estudio a través del zoom que también patrocinó el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, comenzó con el reconocimiento de Rubén Torres, rector de Isalud, de que “tenemos deudas pendientes como la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias”.

“Pero no solo con la agencia será suficiente para resolver el problema”, alertó Torres.

Juan Pivetta presidente de FAMSA y gerente general de Federada Salud de Rosario, explicó que la federación agrupa a 36 prestadores y 1.500.000 asociados.

Para todos, “la problemática del alto costo es una situación compleja de gestionar”, pues algunas tienen 600 mil afiliados y otras 200 mil asociados y cualquier cobertura de alto costo difícilmente pueden afrontar”.

El libro, precisamente, es el resultado de la alianza entre todas las mutuales y la universidad Isalud para generar herramientas para el abordaje del alto costo.

Pivetta mencionó como ejemplo que “en una asociación mutual de salud con 130 mil asociados el 1,3 por ciento de los asociados consume el 22 por ciento del presupuesto” en medicamentos y tratamientos de alto costo, mientras que el 30 por ciento de pacientes con tratamientos crónicos representan el 65 por ciento del presupuesto.

Mario Glanc, uno de los autores del estudio, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la CABA y Director de la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad Isalud, afirmó que “no existe un piso en argentina para hablar de efectividad medicamentos de alto costo” y además “hay ausencia de protocolos para hegemonizar el consumo de medicamentos de alto costo”.

Glanc propuso la creación de un fideicomiso que maneje un fondo fiduciario de reserva para para financiamiento y provisión de medicamentos de alto costo y la elaboración de una canasta de medicamentos de alto costo. También propuso modelos de contratos compartidos con cláusulas de riesgo y un observatorio de resultados de los medicamentos de alto precio.

El estudio está estructurado a partir del seguimiento de 250 mil pacientes de dos entidades cooperativas durante doce meses, detalló. El gasto per cápita promedio de medicamentos alto costo en marzo de 2021 fue de 12.931 pesos abarcativo de 240 moléculas y 80 tratamientos.

El expositor advirtió sobre “el costo residual de la pandemia y de los daños colaterales en una economía inestable e incierta”.

Con restricciones fiscales en el horizonte “no podemos esperar del Estado que vaya al rescate del modelo tradicional de financiamiento del sistema de salud con una insolvencia del 72 por ciento de las obras sociales y tampoco hay regulación de precios de medicamentos”, advirtió.

En este sentido, enfatizó que “cuando el 55 por ciento de los chicos se van a la cama con hambre, el Estado no puede hacerse cargo del ato costo”.

Por último, vislumbró que “tengo reservas del carácter vinculante de la agencia evaluadora” que se constituya en el futuro.

Sergio Del Prete, coautor del ensayo y ex secretario de Salud de la ciudad de La Plata y ex vice ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, remarcó que “en todos los paises del mundo por ricos que sean, los presupuestos de salud terminan siendo finitos”.

En medicamentos de alto precio, “hubo diferentes fórmulas de componentes financiadores y todos fracasaron”.

Los medicamentos biotecnológicos “son cada vez más sofisticados y no solo son medicamentos sino plataformas y dispositivos innovadores o sea que ya no son diez o quince medicamentos y hay tratamientos que van de la mano con la sofisticación”.

“El paciente con patología crónica con gastos sobre la media también es un paciente de alto costo y enfermedades con riesgo de vida también es alto costo”, subrayó Sergio Del Prete.

“El derecho a la salud debe ser la cuestión central al resolver el problema del alto costo que también es un impacto económico para la familia del paciente y para el financiador”, aportó durante el zoom de presentación del libro.

Pero, “por ahora hay planteos teóricos y la experiencia regional más interesante es el Fondo Nacional para Enfermedades Catastróficas de Uruguay”.

Ese fondo incluye medicamentos de alto costo, “pero antes deben demostrar efectividad real”, aclaró.

Un Fondo Nacional para medicamentos y tratamientos de alto precio “debería ser política de Estado, pero ¿se está en condiciones de sostener gastos en las tecnologías que han irrumpido en los últimos tiempos?”, se interrogó.

El costo enorme de algunos tratamientos confronta con la evidencia de que no son suficientemente efectivos para ser aprobados y “no podemos ser tan amplios porque supuestamente alguien lo necesite”.

Por ejemplo, mencionó la droga Zolgensma de Novartis, un medicamento de dos millones de dólares que “tendrá una catarata de reclamos asociados especialmente con los que están recibiendo tratamiento con Spinraza” para la Atrofia Muscular Espinal (AME).

“La salud no tiene precio, pero tiene costos cada vez más altos incluso en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos están llegando a niveles exorbitantes”, advirtió.

También denunció que “también hay presiones de las asociaciones de pacientes que en Estados Unidos han conseguido que la FDA autorice estos medicamentos como de uso compasivo (Fast Track)”.

No son solo medicamentos, también comienzan a aflorar plataformas inmunooncológicas que “pueden tratar cinco tipos diferentes de cáncer que están en etapa de desarrollo en Alemania, pero no se sabe con precio saldrá al mercado”.

Se sabe, por cierto, que la terapia CAR-T en Europa y Estados Unidos cuestan hasta 500 mil dólares “pero la Universidad de Barcelona desarrolló una similar por 50 mil dólares”, comparó Del Prete.

“En todo este escenario de oncología y enfermedades poco frecuentes, con 600 drogas oncológicas y 500 para enfermedades poco frecuentes hay conflictos de intereses y no solo de la industria sino con asociaciones de pacientes como se denuncia en Estados Unidos y Europa”, remarcó.

Del Prete, aseveró que los dictámenes de la futura agencia evaluadora “deben ser vinculantes, además de inmaculados desde lo científico”.

Daniel Alvarado, presidente de Farmacéuticos sin Fronteras recordó que existentes tres proyectos de ley que tocan este tema. El primero la creación de la agencia evaluadora, otro proyecto sobre enfermedades catastróficas que incluye medicamentos y tratamientos. En la sumatoria, el Congreso Nacional “debería ponerse a trabajar en firme para garantizar la gobernanza del sistema de salud”.

Alvarado destacó que mientras tanto existe la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Conetec) donde “están el Estado, la academias, los agentes de salud y que todos los meses emite informes, pero hay que trabajar rápidamente” con un marco legal fortalecido con las leyes pendientes en el Congreso.

En definitiva, los medicamentos y tratamientos de alto costo “generan un problema de accesibilidad y profundizará la inequidad si no se trabaja seriamente y rápido”, alertó Alvarado.

El expositor también mencionó que “cuando nos ponemos a leer y estudiar como se llega a los precios se descubre que cuesta mil veces mas cuando se pone ese medicamento en el mercado” con relación a los gastos de investigación y desarrollo.

“El hemisferio sur no puede financiar la investigación del norte” alertó Alvarado y mencionó que el medicamento Remodulin, para la hipertensión arterial pulmonar cuesta 18 mil pesos por un miligramo.

Jorge Neira, presidente de la Fundación Trauma y miembro de la Academia Nacional de Medicina alertó sobre la “falta de números para poder medir costa/efectividad y cuando esto pasa a la justicia no hay elementos para exhibir ante el juez”.

Miguel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias se preguntó ¿Qué está pasando con esos proyectos de ley (como la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) que desde hace diez años están en despachos senatoriales?”.

“Para el juez puede ser vinculante” la consulta a la agencia evaluadora de tecnologías” cuando debe decidir sobre los amparos y “después de la obligación de consultar, el juez tiene que tener la libertad de decidir”, pero recién después de acudir obligatoriamente a la agencia evaluadora.

“Ahora hay ligereza en las medidas de amparo y los jueces se sienten presionados porque hay un tema de salud en juego”, reconoció.

Por eso, “el 99,99 por ciento jueces dicen si porque no quieren ser juzgados por no darle al paciente algo que está pidiendo”, subrayó.

En cuanto al PMO, “no ha sido actualizado en veinte años, pero ha sido actualizado por acciones de amparo y eso no es ortodoxo”, completó.

Descargar el libro: "Gestión del Alto Costo en Salud en Argentina"