Con terapias de cuestan más de dos millones de dólares y una persistente judicialización, la agencia nacional de evaluación de tecnologías es una necesidad imperiosa para imponer transparencia y racionalidad al sistema de salud, coincidieron funcionarios y expertos de la SSS de Argentina, Uruguay y el País Vasco.

“La evaluación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud del Siglo XXI. Presente y futuro”, fue el tema del debate convocado por la Fundación Isalud en el contexto del ciclo internacional organizado por su trigésimo aniversario.

El debate coordinado por Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud, contó con la participación de Iñaki Gutiérrez Ibarbucea  Director de Innovación Organizativa y de Gestión de BIOEF( Fundación vasca de Innovación e Investigación Sanitaria), Alicia Ferreira Maia, Directora del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, David Aruachan , Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y  Natalia Jorgensen, Directora del Centro de Evaluación de Tecnología Sanitaria de la Universidad Isalud.

“No estoy de acuerdo que la industria farmacéutica determine las prioridades de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud que tiene técnicos que trabajan ad honoren, porque todavía no tiene presupuesto”, advirtió el Gerente General de la SSS.

“Estamos financiando tecnologías que terminan siendo obsoletas”, alertó Aruachan. Al mismo tiempo pronosticó que “la definición final de creación o no de una agencia será anecdótico en el corto o mediano plazo, porque cuando vean que los números no alcanzan se tomará la decisión de crear la agencia”.

“Tenemos que lidiar con la judicialización constantemente y vemos indicaciones de tratamientos que son muy cuestionados por agencias de otros países y muchas veces la firma del juez autoriza tratamientos que terminan siendo contraproducentes para el paciente”, lamentó el funcionario.

Sin embargo, mencionó como positivo que “vemos el interés de la justicia en capacitarse e informarse sobre tecnologías de salud” y comentó que recientemente “un grupo de jueces nos pidió que ayudáramos a entender cómo funciona el sistema”.

El Gerente General de la SSS explicó que “estos procesos fallan cuando los jueces consultan a grupos o entidades que no son de expertos, como el Cuerpo Médico Forense, integrado por calificados profesionales pero que no tiene experiencia para asesorar a un juez sobre un medicamento de dos millones de dólares”.

El País Vasco es un ejemplo mundial sobre la evaluación e investigación de tecnologías sanitarias, pues el BIOEF fue fundado en 1999, dos años antes que el NICE de Reino Unido.

Así lo explicó Iñaki Gutiérrez Ibarbucea, miembro además del Steering Committee de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y miembro del comité asesor externo de la iniciativa “One Million Genome” de la Unión Europea.

“Las prioridades las marcan las comunidades autonómicas y el Ministerio de Salud, y no las empresas farmacéuticas, atendiendo la carga de la enfermedad, la población a la cual cubrir, los costos económicos y los aspectos éticos”, explicó el experto vasco durante la conferencia virtual de Isalud.

 Iñaki Gutiérrez Ibarbucea explicó que en España existen ocho agencias evaluadoras dependientes de las comunidades autonómicas, que colaboran en red, “o sea la capacidad evaluativa del país es muy alta y lo que no podemos evaluar nosotros, pueden los colegas de Galicia o Cataluña”, destacó.

Las evaluaciones confluyen en un plan nacional que es financiado por Estado español y responde a un esquema “participativo en que todos tengan vos para poder aportar recomendaciones consensuadas”.

 Iñaki Gutiérrez Ibarbucea alertó que “aparecen fantásticas tecnologías, pero hay que poner el foco de la justicia redistributiva para que llegue a todos”.

La uruguaya Alicia Ferreira Maia explicó que en su país el presupuesto del Fondo Nacional de Recursos es de 210 millones de dólares anuales y si bien se puede aumentar para incorporar nuevos tratamientos, la decisión final es del Ministerio de Economía.

“hay rigurosidad en no incorporar nada sin evaluar el impacto presupuestario y por eso el Fondo nunca tuvo déficit”, destacó Ferreira Maia.

“Es la academia la que prioriza las tecnologías que deben ser incorporadas y el Estado negocia con los laboratorios el precio antes de incorporarlos y si no se puede financiar no se incorpora al sistema”, afirmó Alicia Ferreira Maia.       

En detalle, explicó que “once medicamentos han sido incorporados a pedido de la academia, pero muchos quedaron afuera y eso ha originado una judicialización que hasta hace poco era inusual en Uruguay, explicó.

Desde 2018 se estableció en Uruguay un sistema de priorización consistente en una grilla multicriterios  con la participación de las  asociaciones de pacientes y de la academia que suman sus propias prioridades y recomendaciones.

La Directora del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay recordó que entre los criterios ponderados figuraba las demandas de la población a través de los recursos judiciales, o sea las demandas judiciales sumaban puntaje.

Pero, “las asociaciones de pacientes finalmente pidieron eliminar la judicialización porque la industria farmacéutica iba a alentar las demandas” ,  destacó.

El presupuesto de salud de Uruguay es del 9,5 por ciento del PBI   y el 2 por ciento financia tratamientos a través del Fondo Nacional de Recursos que -insistió- “financia tratamientos con medicamentos y no medicamentos”.

Natalia Jorgensen recordó que los científicos de la CONETEC trabajan a ad honorem porque todavía no se le adjudicó un presupuesto a la comisión.

“La agencia evaluadora debe ser una definición institucional sobre el futuro de los sistemas de salud”, vislumbró Natalia Jorgensen y advirtió que “la evaluación de valor de los medicamentos de alto precio tiene un enfoque de múltiples criterios, porque puede aportar valor pero tenemos que preguntarnos como lo vamos a pagar”.

“Cada vez hay más técnicos especializados y conocemos más herramientas y tenemos interrelación con otros países que tienen más experiencias y personal más capacitado”, para calificar las evaluaciones, reforzó.

Sin embargo, “la barrera enorme que tenemos es el presupuesto y el equipo de CONETEC trabaja ad honorem”, comparó.

Natalia Jorgensen es Directora del Centro de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Isalud,, que acaba de firmar un convenio con el Sistema Centroamericano de Administración Pública para capacitar a profesionales en evaluación de tecnologías de los nueve países integrantes del sistema, a través de cursos que comenzarán en enero venidero, informó Rubén Torres durante la video conferencia.

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