En medio de un año atravesado por el escándalo del fentanilo contaminado y la salida de Agustina Bisio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a comienzos de enero, el organismo profundizó los controles sobre las droguerías. Bajo la conducción de Luis Fontana, ex directivo de OSDE, ya se suspendió la habilitación para operar entre provincias a 114 droguerías.

La medida surge de la disposición 694/2026 y se suma a otras decisiones publicadas previamente en el Boletín Oficial. El motivo es similar en todos los casos: irregularidades en la renovación de permisos y el vencimiento del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, un requisito indispensable para trasladar medicamentos entre jurisdicciones.

La suspensión no implica el cierre de las empresas. Las droguerías afectadas pueden seguir operando dentro de su provincia o municipio, siempre que tengan los permisos locales al día. Lo que queda prohibido es el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, una actividad que está bajo control de la ANMAT como autoridad nacional.

El certificado en cuestión tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse al menos 60 días hábiles antes de su vencimiento. Según el organismo, las empresas sancionadas no iniciaron ese trámite en tiempo y forma. No obstante, podrán recuperar la habilitación si regularizan la situación.

La magnitud del número —más de cien droguerías con permisos vencidos— genera interrogantes sobre la eficacia de los controles previos. Desde el sector señalan que los casos son diversos: algunas firmas podrían haber estado inactivas, otras operar solo a nivel local y también existirían situaciones de empresas que habrían trabajado sin la autorización nacional vigente.

En Argentina no existe un registro público detallado de droguerías. Fuentes oficiales estiman que hay alrededor de 520 con legajo ante la ANMAT, aunque en el sector aseguran que activas serían unas 400 y que el mercado está concentrado en cuatro o cinco grandes jugadores totalmente confiables. Entre ellas se menciona a Droguería Suizo-Argentina, vinculada a la familia Kovalivker, que además quedó bajo la lupa en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde su ex director Diego Spagnuolo fue procesado por fraude al Estado y coimas.

Según el anexo de la nueva disposición, cerca de la mitad de las droguerías suspendidas operaban en el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires. El resto se distribuye en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Río Negro.