La Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de Capital (CEPUC) elaboró un documento y lo presentó ante el Ministerio de Educación para manifestar su inquietud por la Resolución N° 1254/ 2018, generada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que afecta el ejercicio profesional de 37 títulos universitarios en todo el país.

El Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal informó que participó "en la redacción del documento y adhirió a su presentación".

CEPUC representa a las entidades que nuclean a las profesiones universitarias como: abogados, escribanos, arquitectos, contadores, traductores públicos, entre otros, agrupando diecisiete entidades profesionales en total.

El documento de la CEPUC expresa:

“Nuestra entidad se nutre de opiniones de los Consejos y Colegios más relevantes de la vida cultural y tecnológica de la CABA, y recepta el sentimiento de inquietud y desconcierto de los profesionales de estas disciplinas que ven desdibujado su futuro ejercicio profesional en un texto escueto y alejado del ejercicio cotidiano de estas disciplinas.

Las entidades profesionales ejercen la tarea de control de los titulados en la vida real y por ende nos sentimos en la obligación de aportar nuestra visión sobre el futuro de estas profesiones.

Estamos convencidos de que el país y el mundo está en un acelerado cambio de paradigmas culturales y del uso de las tecnologías disponibles en todos los ámbitos del conocimiento y la vida en general, pero es cada vez más necesario afianzar la responsabilidad y liderazgo social de los titulados en cada comunidad para promover el desarrollo nacional e individual de las personas.

No obstante, en la citada Resolución 1254/18 se establecieron criterios interpretativos que no compartimos. Particularmente, en la redefinición del concepto de riesgo directo, de donde resulta una revisión de las actividades reservadas para aquellas profesiones que, en su ejercicio, podría ponerse en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, que se procura resguardar con las previsiones del artículo 43 de la Ley de Educación Superior.

Concluyendo, no fuimos oportunamente consultados y deseamos hacer nuestro aporte, su decisión sembró inquietud y no aporta claridad al futuro de los jóvenes estudiantes sobre nuestra realidad.

La autonomía universitaria no puede confundirse con la exclusividad para imaginar el futuro de los recursos humanos con los que contará nuestra sociedad para su desarrollo.

Sepa, Señor Ministro, que, como tantos argentinos, hemos aportado mucho a la ciencia, la técnica y la gestión cotidiana de estas décadas difíciles de nuestro país y que seguiremos alzando nuestra voz en defensa del bien común y la vida de las generaciones por venir.”

Por todo lo expuesto, CEPUC solicita formalmente al Ministro de Educación que abra la discusión pública de esta norma, que a nuestro modo de ver está viciada de aislamiento y que ya ha generado tanto desconcierto e inquietud entre nuestros matriculados.