Las obras sociales están al borde del quebranto a causa de los medicamentos de alto precio y de la proliferación de amparos judiciales que obligan a suministrarlos sin evaluar su costo/beneficio, si otros cientos de pacientes se quedarán sin prestaciones básicas o si definitivamente desfondarán los presupuestos de la salud pública, alertó el Tercer Foro de Obras Sociales Sindicales.

Coincidentemente, el ministro de Salud, Ginés González García, precisó que en enero pasado su ministerio debió desembolsar 300 millones de pesos en medicamentos de alto precio que pacientes reclamaron vía judicial.

La Superintendencia de Servicios y Salud y el Consejo de Obras Sociales Provinciales (Cosspra) también avisaron que se acaban los recursos y que cubrir las demandas de unos pocos provocará el quiebre del sistema.

“Hemos llegado a que los medicamentos de alto precio se llevan el 50% del presupuesto total (de las obras sociales), destinado a medicamentos, en algunos casos”. señaló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, durante el Foro realizado en la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca).

“La respuesta que se debe dar ante esta situación no puede ser defenderse en forma individual ante poderes que son tan grandes y que tienen enormes recursos económicos, sino que pasa por aplicar el poder del Estado a nivel nacional, provincial, municipal en una alianza estratégica con las obras sociales, incidiendo en conjunto. De esta forma se comenzarán a obtener mejores resultados”, vislumbró.

El tema del Foro fue, precisamente, la incidencia actual de los medicamentos de alto precio en el presupuesto de la seguridad social, los mecanismos de regulación posibles y la necesidad de generar estrategias y compras centralizadas.

Gollán alertó que se está produciendo “un fenómeno nuevo, que comenzó hace unos quince años y se manifiesta como un aparato de ingeniería de mucha precisión para vaciar los recursos de los sistemas de salud en el mundo”.

“Esto no se soluciona- advirtió Gollán- con un mayor aporte de los trabajadores porque sería injusto y además, ante cualquier mejora en la disponibilidad de dinero, las corporaciones que manejan la salud como un negocio irán por ese dinero”.

“Entre estas corporaciones están las empresas que proveen los medicamentos de alto precio. La solución entonces no es agregar más fondos para financiar la salud, mientras haya sectores que los extraigan con ganancias extraordinarias. Las polinómicas que usan los laboratorios para fijar los precios de los medicamentos de alto costo en el mundo incluyen variables que están relacionadas con la capacidad de pago del comprador”, analizó Gollán.

El ministro Gollán se refirió también a los casos en que los jueces respondiendo a pedidos de amparo por parte de los pacientes, ordena la provisión de medicamentos de alto precio, “desentendiéndose de que puedan tener precios exagerados”.

Clarisa Marchetti, Directora de relaciones institucionales de Ceprofar (Centro de profesionales farmacéuticos), se refirió a la situación actual de los medicamentos de alto precio que “los llamamos así, y no de alto costo, porque el costo no lo sabemos: lo preguntamos y los laboratorios no lo informan, además de que el precio suele depender de la capacidad de pago de quien lo necesita”, precisó.

“Los medicamentos de alto precio no tienen un precio regulado, en general, sino que el precio lo decide el laboratorio elaborador (la mayoría están también protegidos por patentes); mientras que, por otro lado tienen cobertura plena de la seguridad social, que debe afrontar precios excesivos”, subrayó.

Marchetti recordó que desde 2015 “nuestro país firmó un compromiso con Brasil, en el marco del Mercosur, para fortalecer el poder de negociación en las compras públicas, para que se pudieran hacer en forma centralizada, en mayor escala y a precio menor. Pero, en los últimos años no se continuó con este acuerdo”, lamentó.

En cambio, “se puede tomar como ejemplo el caso de España, donde el programa de compras centralizadas de medicamentos y productos médicos está trayendo buenos resultados, ahorro y equidad en el sistema.

“Se deben procurar consensos para la compra centralizada y para generar estrategias conjuntas, en base al enorme poder de compra de las obras sociales (nacionales y provinciales), para beneficio de la población”, coincidiendo con la propuesta de Gollán.

El médico sanitarista Mario Rovere, durante el Foro alertó acerca de las “epidemias de adicciones lícitas” que pueden ser construidas por la industria farmacéutica, cuyo ejemplo reciente es la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, que ya ha causado 72 mil muertes por año, “con lo cual ese país volverá a tener la misma expectativa de vida que tenía antes de la Primera Guerra Mundial”.

“Los problemas con el altísimo precio del sofosbuvir (Sovaldi) que debió enfrentar nuestro país, también lo debieron enfrentar países europeos, como Italia, por ejemplo”, comparó el sanitarista.

Rovere señaló que actualmente, con la incidencia de las prepagas en el sistema, y el mecanismo de “descreme” que desfinancia a las obras sociales sindicales, se hace imprescindible una alianza estratégica de las obras sociales con el Estado, con el sector público. De lo contrario “mientras pelean separados, son derrotados juntos”.

Rubén Sajen, titular de Ceprofar, explicó que para las obras sociales los medicamentos de alto precio implican “costos muy grandes que no pueden afrontar”, aunque después reciban reembolsos de la SSS.

Y cuando las obras sociales no pueden financiar ese medicamento de alto precio, “las asociaciones de pacientes o los pacientes individuales a través de determinados abogados, van por los ministerios de Salud, nacional o provinciales, y exigen la cobertura”.

Y cuando se trata de amparos judiciales, “no hay posibilidades de negociaciones, se paga el precio de venta que impone el laboratorio. Si ya es difícil para una obra social por separado negociar un precio justo, con amparos judiciales mediante se termina pagando una cifra muy superior al precio promedio incluso de otros países. Por eso es urgente encarar las negociaciones conjuntas”, explicó Sajen.

Oscar D’Onofrio, director de la obra social de los camioneros y anfitrión del Foro, coincidió sobre la necesidad de actuar en unidad, “dada la situación actual y ante sectores que son muy poderosos”.

El consenso y la unidad estratégica de los actores públicos, privados y estatales reclamada desde el Foro, se reflejó también en la reciente reunión entre el superintendente Eugenio Zanarini y el presidente de la confederación de obras sociales provinciales, Cosspra, Fernando Cañete.

Zanarini anunció que sumarán a Cosspra a la compra conjunta de medicamentos de alto precio para las obras sociales sindicales y que cada obra social provincial decidirá si adhiere al mecanismo.

El presidente de Cosspra manifestó el impacto de los medicamentos de alto precio tienen sobre los presupuestos, “ya que producen una ruptura del equilibro financiero y del sistema solidario”.

“Nos obligan así a aplicar la mayoría de los recursos en pocas personas, sin considerar que los afiliados son muchos más. Solo por mencionar un ejemplo, hay obras sociales provinciales de 300.000 beneficiaros que son forzadas a destinar el 61,1% de su presupuesto total en tan solo 16.000 afiliados. De esta forma, solo queda un 38% para un universo de 280.000 personas que también requieren servicios”, graficó Cañete.