Los argentinos que se dializan son una población vulnerable y se encuentran hoy obligados a romper la cuarentena tres veces por semana para concurrir a su tratamiento. En estas dramáticas circunstancias, y a pesar de ser un grupo de alto riesgo, el Estado no cancela las deudas que tiene con los centros de diálisis desde hace 10 meses, no adecua los valores, ni brinda las mínimas garantías para seguir adelante. Dramática situación de 30 mil pacientes renales a la deriva.

En la Argentina hay más de 30.000 ciudadanos con insuficiencia renal crónica que salen del aislamiento obligatorio para recibir tratamiento de diálisis tres veces a la semana en 470 centros de diálisis en todo el país. La diálisis es un servicio esencial para seguir viviendo pero hoy el reto es mayor. 

El arribo de la crisis de COVID-19 nos encuentra en una situación de absoluto desfinanciamiento producto de la abultada deuda que principalmente el Programa INCLUIR SALUD tiene con todos los prestadores, en algunos casos llegando a 12 meses de prestación, que se suma a los extensos plazos de pago de otros financiadores” resume la carta que el sector de la Salud Renal representado por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplante Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires  y la Cámara de Productos y Servicios de Terapia Renal, hicieran llegar a las autoridades.

Durante más de 18 meses advertimos a las autoridades sobre la degradación que sufre nuestro sector como consecuencia de la falta de pagos y el abrumador retraso en el valor de las prestaciones. La situación actual es desesperante y abarca a la totalidad del país, con un impacto preponderante en la Provincia de Buenos Aires en donde se nuclea el 45 % de los pacientes que concurren a tratamiento dialítico, pero también se ven severamente afectadas otras provincias del norte del país, regiones por demás vulnerables.  Esta crisis sanitaria nos encuentra al límite de nuestra capacidad, con deudas de todo tipo, derivadas de las causas mencionadas y podrían poner en riesgo el cumplimiento de las recomendaciones y hasta la prestación del servicio y por lo tanto amenazan al conjunto de pacientes y personal sanitario.  Se suma a esto el atraso de los valores, que unilateralmente fijan algunos financiadores y hacen que la prestación, la cual ya era difícil de sostener, se haga insostenible en la situación actual de emergencia por la pandemia COVID 19.

Es imperativo que, en estas circunstancias excepcionales, el gobierno apoye decidida y contundentemente al sector, saldando las enormes deudas pendientes, actualizando los valores y apoyando financieramente al enorme esfuerzo adicional que se deberá hacer para minimizar los efectos catastróficos de la pandemia

La grave situación heredada de la gestión anterior -como consecuencia de un sistema en el que el valor de la cápita girada a las provincias es insuficiente para que éstas cumplan con sus obligaciones frente a los prestadores- requiere de recursos económicos extraordinarios para asegurar la continuidad y no llegar al colapso. Requiere de acciones urgentes y específicas para afrontar el COVID-19 preservando la vida de los pacientes bajo tratamiento (contratación de enfermeros adicionales para cubrir ausentismo y licencias, adecuación espacios para aislamiento, traslado exclusivo para pacientes potencialmente infectados, compra de insumos adicionales para extremar medidas de protección del personal y de los pacientes, entre otras).

El coronavirus pone en jaque la vida cotidiana de los argentinos, pero afectan sobre todo a sectores muy sensibles y grupos de extremo riesgo y vulnerabilidad, como los pacientes en diálisis.