Las clínicas y sanatorios privados lanzaron esta semana medidas de protestas que se irán incrementando en enero, a causa de la difícil situación que aseguran atravesar desde el comienzo de la pandemia y que amenaza con agudizarse el año próximo.

Las cámaras y asociaciones representativas de los prestadores privados de salud habían enviado una carta al gobierno nacional a mediados de diciembre en la que exponían un crítico informe de situación.

En ese documento aseguraban que estaban al borde de la quiebra y reclamaban que se extendieran durante todo el 2021 las medidas excepcionales aplicadas este año en el marco de la pandemia y que finalizarán, en su mayoría, el 31 de diciembre.

“Esperamos que las autoridades nacionales y los financiadores nos den una respuesta urgente. De lo contrario, deberemos seguir tomando este tipo de decisiones”, aseveraron las entidades convocantes de la protesta.

La medida de fuerza, que comenzó el lunes con reprogramación de turnos y actividades ambulatorias, fue lanzada por la Federación Argentina de Prestadores de Salud  que está conformada por ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina) FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria) y la Asociación de Hospitales de Colectividad.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud informó que por ahora “la atención de pacientes graves y de urgencias está garantizada, como así también todos aquellos estudios que requieren una preparación previa".

Pero, "venimos alertando que, con aumentos de costos de más del 60%, ingresos congelados durante todo el año por parte de las Obras Sociales nacionales, provinciales, PAMI y las empresas de Medicina Prepaga, una fuerte presión tributaria y el fin del programa de ATP por parte del Gobierno nacional, las empresas prestadoras de salud privada ya no contamos con el presupuesto necesario para poder brindar una normal atención", explicaron los voceros de Federación Argentina de Prestadores de Salud .

"Tuvimos que llegar a esta situación para concientizar a toda la sociedad que, sin recursos suficientes, será imposible garantizar todas las atenciones”, subrayaron.

Jorge Cherro, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), advirtió que la situación del sector empeorará el año próximo si continúa el congelamiento de aranceles, en medio de aumento de costos, y por eso “estamos alertando que durante el 2020 tuvimos congelados durante todo el año nuestros aranceles”.

Cerro admitió que durante la pandemia “tuvimos la ayuda del gobierno como la mayoría de los sectores a través de los ATP y algunos otros beneficios fiscales. Pero todo esto termina el 31 de diciembre”.

El titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina recordó que “los subsidios se terminan el 31 y nos encontramos con que el primero de enero tenemos los aranceles congelados”.

“Estamos concientizando y alertando en el sentido de que vamos a tener grandes dificultades de poder seguir adelante con un servicio normal. Como que mágicamente en el 31 de diciembre finaliza el año y la pandemia, y sabemos que no es así”, advirtió Cherro.

Las asociaciones y cámaras empresarias del sector advirtieron a mediados de diciembre en su carta pública dirigida al gobierno que la situación terminal por la que atraviesan provocará un derrumbe del sistema privado de salud y dejará a miles de profesionales y trabajadores de clínicas y sanatorios sin empleo, por lo que también le avisaron al titular de la Sanidad, Héctor Daer, el panorama sombrío que se avecina.

“Un gran número de Instituciones médicas, que atienden a 7 de cada 10 argentinos, se verán forzadas a cerrar sus puertas de manera definitiva”, vaticinaron las entidades en su carta al gobierno con el reclamo de “la adopción de medidas urgentes”.

La carta conjunta fue dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a los ministros de Economía, Salud y de Trabajo, Martí Guzmán, Ginés González García, y Claudio Moroni, respectivamente, al titular de la SSS, Eugenio Zanarini, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“El Sector Prestador de Salud viene padeciendo retrasos arancelarios desde los últimos 4 años. A pesar de las reiteradas presentaciones realizadas ante las autoridades estatales, frente al aumento de recaudación de los financiadores del Sector, han sido infructuosos todos los intentos de lograr un sistema de ajuste automático y obligatorio de aranceles por parte de aquellos a favor de los prestadores”, denunciaron en su carta.

Las entidades calcularon que el retraso acumulado en esos últimos 4 años medidos hasta diciembre 2020 es de 70,7 puntos porcentuales respecto del IPC y de 119,7 puntos porcentuales respecto del Índice de Costos en Salud.

La pandemia y el contexto sanitario que impuso “profundizó el estado de emergencia como consecuencia del aumento inusitado de costos generado por: a) aumento de costos operacionales debido a la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del COVID 19; b) incremento de costos salariales debido a contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado; c) aumento de costos debido a la abrupta caída en la demanda de atención médica por efecto de las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.

“La pandemia y la crisis económica nacional y del sector en particular, agravó la delicada ecuación social y económico-financiera que ya ahogaba a los prestadores. La fuerte caída de la actividad prestacional no avizora signos de reversión. Aun cuando parecerían atenuarse los efectos de la pandemia provocada por el Covid19 – vacuna mediante – la población continúa reticente a concurrir a los establecimientos de salud por diferentes motivos, protocolos, distanciamiento e incluso psicosociales, cuyo análisis no corresponde realizar en este marco”, describieron.

El auxilio del gobierno mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) implicó “la posibilidad de afrontar únicamente el 30% de la masa salarial, quedando en cabeza de los prestadores la asunción y absorción del resto de sus mayores costos operativos”, señalaron sobre una de las medidas que cesarán a fin de año.

Además, al 31 de diciembre de 2020 “finaliza la vigencia de todas las medidas dispuestas para otorgar un alivio al sector (vencimiento de la no remuneratividad a los fines contributivos, medidas emergentes del Decreto 300/2020 y sus prorrogas, el Programa ATP) sin ningún atisbo de continuidad de éstas a juzgar por los proyectos de índole económico-financiera en tratamiento ante el Poder Legislativo para el próximo ejercicio”.

Estas medidas de auxilio finalizan “como si se terminara definitivamente la pandemia provocada por el Covid 19 y, lo más importante, sus consecuencias económicas y sus efectos no deseados”, lamentaron.