El gobierno argentino fijó el monto de las indemnizaciones con las que se resarcirán por la muerte o incapacidad física total y permanente a las personas que resulten eventualmente damnificadas por la vacunación durante la pandemia COVID. 

El Fondo de Reparación Covid-19, creado por el Gobierno mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pagará millonarias indemnizaciones a las personas que sufran "daños físicos" como consecuencia directa de haberse aplicado alguna de las vacunas contra el coronavirus en la Argentina.

El decreto 431/21, publicado en el Boletín Oficial, estableció esa herramienta para centralizar el "pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19".

En el texto se precisó que serán potenciales beneficiarios del resarcimiento "todas las personas humanas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de suministros suscriptos en el marco de la presente ley (27.573) por el Ministerio de Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen de Fondo de Reparación COVID-19, en el marco del artículo 12 bis de esta ley".

"El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño", precisa el DNU.

En caso de fallecimiento de la persona que recibió la vacuna tendrán derecho a percibir la indemnización sus hijos; en caso de que no tenga, sus padres; y el o la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la muerte.

El monto se fijó en 240 veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA: es decir, 5.535.528 pesos, ya que la jubilación mínima actualmente se encuentra en 23.064,70 pesos.

"Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas", aclaró el decreto 431/21.

En ese sentido, se estableció que el Ministerio de Salud, con intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, "establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia, entre la aplicación de la vacuna y el daño denunciado, y aquellos necesarios para la determinación del grado del daño".

De todos modos, lo dictaminado por las comisiones médicas será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la jurisdicción del domicilio de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio.

El Gobierno determinó que el reclamo de la indemnización prevista prescribe a los tres años: el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido.

De esta manera, la Argentina podrá obtener dosis de los laboratorios que cuestionaban algunos detalles de la ley vigente para poder inocular a niños.

Precisamente, se eliminó la palabra "negligencia" tal como exigía Pfizer y se creó un Fondo de Reparación para indemnizar a personas que sufran "un daño en la salud física" como consecuencia de la vacunación.

Tal como habían anunciado la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el presidente Alberto Fernández rubricó el Decreto 431/2021, titulado "Marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes".

"El presente decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes", explicó el mandatario en el texto publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Con el DNU se modificó la Ley 27.573, que regula el acceso de la Argentina a las vacunas contra el coronavirus, ya sea mediante la compra o la aceptación de donaciones.

Así, se autoriza "el acceso a vacunas que presentan compatibilidad y validación para su uso pediátrico", como las de Moderna y Pfizer.

El decreto insistió: "Se pretende potenciar las herramientas con las que cuenta el Estado Nacional para la adquisición de las mismas y, en especial, para posibilitar el acceso a todas aquellas vacunas aprobadas por las autoridades competentes para su uso pediátrico".

También se reemplazan los términos "maniobras fraudulentas y conductas maliciosas" por "conductas dolosas".

"Estas modificaciones encuentran fundamento en la necesidad de adecuar la normativa vigente con el fin de obtener las finalidades expresadas en estos considerandos", subrayó el Gobierno, a la vez que defendió el hecho de recurrir a un DNU: "El tiempo que demanda el trámite legislativo impide hacer realidad la prioridad de contar en el menor tiempo posible, con las vacunas destinadas a las niñas, los niños y adolescentes".

En ese sentido, explicó que "es un instrumento que se utiliza en diversos países y también fue establecido en el marco del Mecanismo COVAX y constituye una forma eficaz para compensar a las personas que pudieren sufrir, eventualmente, algún tipo de daño a raíz de la administración de una vacuna contra la COVID-19".

Vilma Ibarra destacó que nuevo DNU "es un punto de llegada tras un intenso trabajo"

La secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, afirmó que "es un punto de llegada, no de partida" tras un "intenso trabajo" el decreto publicado hoy que establece un marco legal para la adquisición de vacunas que permitirá acceder a las dosis para adolescentes y niños contra el coronavirus.

"Hay dos formas de gobernar: una es preguntar a ver qué quieren a los laboratorios y firmar todo; y la otra, es la de defender los intereses de la Nación", sostuvo Ibarra en declaraciones a CNN radio.

En ese marco, la funcionara indicó que el DNU publicado hoy "es un punto de llegada, no de partida, al que se llegó a través de las negociaciones con los laboratorios que tienen un marco muy complejo, con un contexto de todos los países pidiendo vacunas".

La normativa habilita la apertura de negociaciones con todos los laboratorios fabricantes de vacunas contra el coronavirus.

En este contexto, Ibarra explicó hoy que "los pocos proveedores que hay tienen demandas muy importantes" y que "el marco legal que había no permitía estas contrataciones" por lo cual el Gobierno realizó "un trabajo durante muchos meses para acercar posiciones, defendiendo los intereses nacionales".

"Estoy muy contenta porque pudimos lograr algo que atendiera las demandas y a la vez compatibilizarlas con nuestros intereses", indicó.

Ibarra afirmó que "esto que nos va a permitir acceder a contratos con laboratorios americanos con los que hasta acá no podíamos acceder y también recibir donaciones de otros países respecto de estas vacunas y recibir estas vacunas a través del mecanismo Covax, sobre todo y primordialmente, vamos a poder acceder a una vacuna pediátrica".

En este este punto, recordó que "hasta acá Pfizer es la que tiene autorización para niños niñas y adolescentes de 12 a 17 años" pero consideró que "seguramente otras vacunas también lo tendrán a futuro".

Ibarra añadió que, a partir de ahora, "son negociaciones que lleva adelante el Ministerio de Salud" y que "seguramente empezaran a haber reuniones y luego habrá que ver disponibilidades, cronogramas, etc" para la llegada de estas vacunas.

"Estamos en condiciones de poder avanzar con las contrataciones y por supuesto hemos trabajado, conversado, defendido los intereses del Estado. Ellos (los laboratorios) han defendido los intereses de sus empresas y nosotros consultamos con los científicos y después de mucho trabajo llegamos a este acuerdo", reafirmó.

La funcionaria explicó que el Fondo de Reparación que se creó se estableció porque "una persona puede eventualmente sufrir algún daño, y si esto sucediera, este fondo responde por las indemnizaciones que se pueden pagar".

Sobre el marco legal establecido en el decreto insistió en que es producto de un "trabajo de mucho esfuerzo y acercamiento de posiciones, una labor muy compleja con laboratorios internacionales que tienen asesores internacionales" tras resumir con que "esto no es ir a comprar una caja de tornillos".

En este punto, añadió que frente a cuestionamientos de que los tiempos fueron largos, "puedo entender que lo diga gente que no puede saber el tipo de requerimiento que tenían los laboratorios" y analizó que a veces, en las críticas, se "aprovechan de que hay cláusulas de confidencialidad que se deben firmar y no se puede explicar".