El laboratorio Purdue Pharma responsable de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, ha gastado 1.200 millones de dólares en lobby, mientras comienza el juicio por la quiebra forzada por las demandas de los familiares de las víctimas de su medicamento OxyContin.

El laboratorio que se declaró en quiebra mientras arreciaban las demandas por los efectos nocivos de su medicamento, contrató a las firmas de cabildeo altamente calificadas Brownstein Hyatt Farber Schreck y Capitol Hill Consulting Group.

“En el juicio por quiebra de Purdue Pharma se espera que el juez Robert Drain apruebe un acuerdo propuesto de la quiebra de Purdue Pharma que liberaría a los  miembros de la familia multimillonaria Sackler, propietarios de la empresa, de todos los reclamos civiles actuales y futuros relacionados con los opioides”, escribió el periodista  Matthew Cunningham-Cook  de The Intercept.

“En el año y medio previo al juicio, Purdue gastó al menos  1.200 millones de dólares en cabildeo mientras trabajaba hacia el acuerdo, muestra una revisión de los registros de cabildeo”, escribió el periodista. 

Si se aprueba el acuerdo, “los Sackler harán una contribución de 4,28 mil millones, lo que los dejará con más de 6 mil millones como mínimo en activos totales, dinero que será efectivamente intocable por las víctimas de la crisis de opioides, a pesar de que Purdue va a la quiebra, no los Sacklers”.

“Toda esta bancarrota fue la de los Sacklers tratando de comprar inmunidad”, dijo el activista Ed Bisch, quien perdió a su hijo por una sobredosis de OxyContin en 2001 y es un reclamante y un activo opositor al acuerdo. "La única pregunta era cuál sería el precio".

Entre los cabilderos pagados por Purdue Pharma, desde que se declaró en bancarrota en septiembre de 2019 se encuentran Brownstein Hyatt, que recibió  480,000 dólares y Capitol Hill Consulting Group, que recibió 300,000.

El acuerdo propuesto de Purdue fue anunciado en octubre de 2020 por el Departamento de Justicia y luego modificado para aumentar el acuerdo total en efectivo, pero sin cambios en la liberación de responsabilidad de la familia Sacklers. 

El acuerdo se encontró con un posible obstáculo en marzo de 2021 cuando la presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara, Carolyn Maloney, presentó la denominada Ley SACKLER. 

Esa legislación "[cerraría] un vacío legal en la ley de quiebras al evitar que las personas que no se han declarado en quiebra obtengan liberaciones [de una mayor responsabilidad financiera y penal]", según el sitio web del Comité de Supervisión, el escenario exacto que permitiría a los Sacklers caminar lejos con miles de millones de dólares en efectivo. La legislación propuesta se ha estancado con 63 copatrocinadores en la Cámara.

Los registros de cabildeo muestran que Purdue estaba "monitoreando" la Ley SACKLER, “así como otras leyes, incluidas las cuestiones relacionadas con Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible, mientras realizaba pagos de cabildeo a firmas de alto poder como Brownstein Hyatt y Capitol Hill Consulting Group”, publicó The Intercept.

“Los registros son vagos, ya que las regulaciones laxas permiten que las corporaciones y los cabilderos eviten detallar sus actividades de cabildeo, pero muestran la capacidad de una empresa en procedimientos de quiebra para emplear cabilderos con relaciones profundas en ambos lados del pasillo” del Congreso, analizó. 

Aunque la ley no exige sistemáticamente que las firmas revelen pagos por actividades estrictamente relacionadas con el monitoreo, un portavoz de Purdue Pharma dijo: “Ambas firmas han estado bajo contrato con Purdue para servicios profesionales desde antes de la quiebra. Como operamos en una industria altamente regulada, monitoreamos facturas, audiencias y otras actividades en el curso normal de los negocios. Si bien no hemos realizado ningún cabildeo directo relacionado con la Ley SACKLER, por supuesto, monitoreamos la actividad del Congreso en esta área porque revocar las leyes de quiebras podría afectar directamente nuestro plan de reorganización”.

El portavoz de Purdue no respondió a las preguntas de The Intercept sobre si el tribunal había aprobado estos pagos o cómo la empresa distingue entre sus propios intereses y los de la familia Sackler.

A diferencia de la mayoría de las grandes corporaciones de Estados Unidos,  Purdue Pharma es una empresa privada, lo que significa que los miembros de la familia Sackler eran los accionistas mayoritarios. 

Algunos de ellos, en particular el ex presidente y ex presidente de Purdue, Richard Sackler, de 75 años, tenían un gran control operativo sobre la empresa. 

Otro miembro de la familia, la ex miembro de la junta Kathe Sackler, se jactó en una declaración de 2019 sobre la idea de OxyContin, según el libro del periodista Patrick Radden Keefe, " Empire of Pain". 

David Sackler, quien se unió a la junta de Purdue en 2012, escribió en un correo electrónico de 2007 que un banquero de inversiones le había dicho: "Tu familia ya es rica, lo único que no quieres hacer es volverse pobre". 

David Sackler continuó: “Mi idea es hacer palanca donde podamos y tratar de generar algunos ingresos adicionales. ¿Es posible que lo necesitemos?”.

Los Sackler retiraron más de 10 mil millones de  dólares de Purdue Pharma de 2008 a 2017, sin embargo, como informó el Financial Times en 2018, Purdue no es la única empresa de opioides de la familia. 

También poseen la poco conocida Rhodes Pharma, uno de los mayores productores de opioides genéricos sin patente en Estados Unidos No está claro cuánto han ganado los Sackler de Rhodes Pharma.

Brownstein Hyatt Farber Schreck, con sede en Denver, es una de las empresas de cabildeo más grandes de Washington y es un donante generoso tanto para demócratas como para republicanos, donando casi 2 millones a candidatos para cargos federales en 2020, según el Center for Responsive Politics.  Entre sus otros clientes se encuentran el Reino de Arabia Saudita y el gigante de capital privado Apollo Global. Management. 

Capitol Hill Consulting Group es un actor importante en el cuidado de la salud; entre sus ejecutivos se encuentra Tom Wharton, ex asistente de Joe Biden y el secretario de Estado Tony Blinken.

Alexis Pleus, cuyo hijo sufrió una sobredosis en 2014, una década después de que le recetaron OxyContin por una lesión menor, dijo que el uso de cabilderos por parte de Purdue destaca la disparidad entre las grandes farmacéuticas y las víctimas de la crisis de opioides: un lado puede invertir millones en campañas de influencia, mientras que el otro no puede.

 “No podemos contratar cabilderos, trabajamos a tiempo completo”, dijo Pleus. “Es difícil incluso tomarse un día libre para abogar. Mi hijo pasó 10 meses en la cárcel por robar 130 dólares en cosas de Walmart. Tenemos un sistema para corporaciones y multimillonarios y luego tenemos un sistema para el resto de nosotros. Parece que son absolutamente intocables".

Además de miembros del Congreso como Maloney y la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, la oposición al acuerdo ha venido del Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos que está encargado de monitorear la quiebra en nombre del Departamento de Justicia, así como del poderoso Fiscal de Estados Unidos  para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss. 

El fideicomisario estadounidense  anticipó en una presentación del 19 de julio que “el tribunal no tiene autoridad constitucional para disfrutar de las reclamaciones contra la familia Sackler”, según lo propuesto por el acuerdo, que “excedería los límites de la cláusula de quiebra” en la Constitución.

Si el juez de quiebras, Robert Drain, aprueba el acuerdo, el Departamento de Justicia puede intentar apelarlo. No está claro si la administración Biden lo haría o no. El Departamento de Justicia rechazó una solicitud de comentarios.