La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una declaración presentada por la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública), que expresa "preocupación" frente a las resoluciones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del PAMI y que han creado una estructura "paralela".

Ocana, que fue interventora del PAMI durante la presidencia de Néstor Kirchner, el 14 de septiembre presentó una denuncia penal por la existencia de una "estructura paralela" en el PAMI.

La diputada explicó que en su denuncia penal  menciona que "el nuevo esquema presenta curiosidades como que se designan nuevos trabajadores otorgándoles el nombre de “Referentes”.

Estos nuevos trabajadores "cobran adicionales por la nueva función a desarrollar y paralelamente, se argumenta 'la reducción de cargos', pues los “Referentes” sustituyen a quienes cumplían las mismas funciones jerárquicas como titulares de unidades orgánicas, pero a este personal se lo mantiene cobrando dichas funciones, aún cuando ya no las desarrollen, con un cambio de rubro: se les paga una suma fija independiente de las tareas que realizan'", explicó Ocaña, durante el debate de su iniciativa en la Legislatura.

Según la legisladora, estos cambios "afectarían la situación de gran numero de trabajadores" y pondría en riesgo la calidad y forma en que se brindan las prestaciones perjudicando o poniendo en riesgo la atención a  los afiliados.

Ocaña expresó que "las resoluciones 559 y 560/15, del día 14 de julio de este año, se dictaron con la excusa formal de incorporar procesos y procedimientos para mejorar la atención de los afiliados".

Sin embargo, "en los hechos se modifica la estructura orgánica de todas las Unidades de Gestión Local con efectos perjudiciales para los trabajadores, para la organización administrativa, para la forma y modo en que se brindan servicios y prestaciones y, en última instancia, para los afiliados", aseguró.

"Así se crean estructuras paralelas en una entidad destinada a la atención de personas vulnerables como los adultos mayores, para acomodar estructuras políticas ineficientes, en particular de la organización 'La Campora'" agregó Ocaña.

Finalmente fundamentó que en 2007 el PAMI "contaba con una planta de 10.700 empleados, en la actualidad cuenta con alrededor de 20.000".

La iniciativa recibió el voto negativo del bloque del Frente Para la Victoria.