La OMS define como enfermedades catastróficas a aquellas que insumen más del 40% del ingreso del paciente.
Las obras sociales sindicales y provinciales, el PAMI y la salud pública en su conjunto afrontan desde hace tiempo el embate de los medicamentos de alto costo y el exorbitante encarecimiento de las prótesis, una sangría financiera que estrangula los sistemas de la seguridad social en Argentina y la mayoría de los países.

Los medicamentos de alto costo y las prótesis, ambos mercados monopólicos y ahora también cartelizados, están en la mira de los cambios que se estudian para el sistema de obras sociales, pues generan un gran impacto económico y su cobertura requiere ingentes recursos de la Administración de Programas Especiales (APE).

La presidenta Cristina Fernández se refirió al tema el año pasado, durante un acto en la Casa Rosada. «Cuando uno ve los precios de algunos medicamentos –estábamos charlando con Luciano Di Cesare, el director del PAMI–, una ampollita que no me voy a acordar el nombre, le cuesta, por ejemplo, a la obra social 50.000 pesos. Algún día vamos a tener que hablar también con los laboratorios para que nos expliquen cómo puede ser que una ampollita cueste 50.000 pesos. No sé qué tendrá adentro. Claro, tiene la vida de una persona», aseguró la primera mandataria al anunciar la ley de Trazabilidad de Medicamentos y la reglamentación de la primera ley que regula la medicina privada. El medicamento al que se refería tiene el nombre comercial de Nove Seven y una ampolla de 5 miligramos cuesta casi 34.000 pesos. Y es cierto, como dijo la presidenta, que «un hemofílico es una persona que si no se le suministra una determinada medicación se muere y no hay posibilidades, se muere y por lo tanto si no se le suministra esa ampolla esa persona se muere».

Los medicamentos de alto costo están destinados a tratamientos oncológicos, hemofílicos, contra la diabetes, la esclerosis múltiple, el sida y otras enfermedades de baja prevalencia, definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «enfermedades catastróficas» porque su tratamiento involucra un costo directo igual o superior al 40% del ingreso del núcleo familiar del paciente.

El abuso de mercado reconoce como causa fundamental el monopolio que otorgan las patentes de estos medicamentos biotecnológicos, que suelen ser presentados como la panacea para extender la vida. Pero no siempre está demostrada su innovación terapéutica.

Por ejemplo, el desembarco de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino en Argentina hace alrededor de un lustro fue acompañado de una campaña publicitaria en la que participaban la actriz Araceli González y su hija, mientras el fabricante, el laboratorio Merck (MSD) de Estados Unidos, se la ofrecía a un alto precio a las obras sociales, cuando sus beneficios terapéuticos aún no habían sido demostrados científicamente en ningún lugar del mundo.

En octubre del año pasado el laboratorio Sanofi-Aventis ingresó al mercado local y español su vacuna contra el cáncer de próstata Jevtana (cabazitaxel), que debe suministrarse tres veces por mes. En Argentina debutó a un precio de 42.110,70 pesos en su presentación de 60 mg/1.5 ml. A fines de diciembre ya costaba 44.224,70 pesos para las obras sociales. En España, en cambio, se vendía a 4.322,15 euros y en Brasil al equivalente de 30.695 a 27.500,37 pesos, con o sin IVA, según la guía Kairos.br.

Pero el dato relevante de Jevtana es que en Gran Bretaña no fue incluido en el British Nacional Formulary (BNF) de la seguridad social, porque no superó la evaluación costo/beneficio que se les exige a los nuevos productos, pues apenas puede alargar la vida alrededor de tres meses.

Si bien el fármaco fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en marzo de 2011, los ensayos clínicos demostraron que los pacientes tratados con Jevtana gozaban de una supervivencia promedio de 15,1 meses, apenas 2,4 meses más que los pacientes que habían sido medicados con mitoxantrona, una droga ya existente en el mercado.

Federico Tobar, director del Centro de Estudios en Gestión y Economía de la Salud y profesor universitario, calcula que los medicamentos de alto costo representaron un incremento del 6.800% para el presupuesto de la seguridad social de la Argentina entre 1999 y 2008.

Un estudio del mencionado centro indica que en Argentina, las «enfermedades catastróficas» sólo afectan al 6% de la población –alrededor de 2.400.000 personas– pero insumen el 35% del gasto total en salud.

Asesor de catorce gobiernos latinoamericanos, Tobar asegura que los sistemas sanitarios de la región «cada vez utilizan más recursos de la seguridad social para medicamentos que cada vez son más caros» y que constituyen una amenaza para los sistemas de salud de todo el mundo, pues la facturación de este segmento crece a un ritmo anual del 12,5% desde hace un lustro, mientras que el mercado farmacéutico en su conjunto experimentó en igual período un incremento del 6,4%. Se trata de apenas 138 medicamentos biotecnológicos y monopólicos con ventas anuales superiores a los 75.000 millones de dólares, según la consultora especializada IMS.

Modelos

A pedido del Ministerio de Salud, en 2012 Tobar elaboró un proyecto de Fondo Federal de Enfermedades Catastróficas destinado a garantizar la equidad en el acceso a estos medicamentos, pero sin asfixiar a las obras sociales, que podían adherir voluntariamente al sistema. Pese al tiempo transcurrido, todavía no fue instrumentado, aunque el vicepresidente Amado Boudou se interesó por la propuesta en los últimos meses, en el marco de una reforma de las obras sociales y de los fondos de la APE. Un modelo similar ya se aplica con el Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas de Uruguay –del que también participó Tobar–, existente desde la presidencia de Tabaré Vázquez.

La necesidad de parar la sangría ha llevado a un grupo de sindicalistas encabezados por Andrés Rodríguez (UPCN) a presentarle al ministro de Salud, Juan Manzur, un proyecto que propone transparentar y agilizar los reintegros de la APE.

Países como Brasil, Francia, Canadá, Inglaterra y Australia imponen regulaciones de precios y evaluaciones farmacoeconómicas para los medicamentos de alto costo. Otros, como España y Colombia, sólo tienen controles de precios, mientras que en un tercer grupo, que incluye a Estados Unidos, Argentina y Alemania, no hay ni controles ni evaluaciones.

El viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar, anticipó a Acción que desde el recientemente creado Instituto Nacional del Cáncer, se están «protocolizando todos los procedimientos y un vademécum, para que el Estado cubra los medicamentos oncológicos por evidencia científica» para aventar «los criterios anárquicos» que se imponen actualmente a partir de la prescripción de cada médico.

Al mismo tiempo, la ley de Trazabilidad ha llegado «para evitar adulteraciones», agregó el funcionario. Uno de los negociados que pagaba la APE era precisamente los tratamientos oncológicos «mellizos», con troqueles falsificados, que fue la causa principal para implementar el nuevo sistema.

El listado de 18 enfermedades catastróficas de OMS incluye la fibrosis quística, la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Fabry, que requieren de un puñado de medicamentos específicos, patentados y virtualmente sin competencia de mercado.

Por ejemplo, en la Argentina hay de 400 a 500 pacientes de la enfermedad de Gaucher, que pertenece al grupo de las llamadas lisosomales, que es hereditaria y, en consecuencia, en una familia puede haber dos hijos que requieran tratamientos que tienen un costo anual promedio de 423.000 dólares.

Néstor Vázquez, director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, explica que sólo existe un laboratorio en el mundo –Shire Pic de Massachussets– que produce el fármaco indicado para la enfermedad de Gaucher y que ingresa al país como «medicamento de uso piadoso (o para tratamiento compasivo) para no pagar aranceles».

«En realidad, hay que asustarse de otros tratamientos como el Glivec de Novartis, que se requiere para la leucemia, porque hay miles de casos y a cada paciente le cuesta de 60.000 a 70.000 dólares por año», compara Vázquez.

Sonia Tarragona, economista de la salud y directora de la Fundación Mundo Sano, afirma que «las decisiones de qué se cubre o no se cubre se deben tomar en el más alto nivel, a partir de discutir prioridades, porque el Estado, y ahí incluyo las obras sociales, no puede cubrir todo para todos cuando hay necesidades infinitas y los recursos son escasos».

Tarragona propone como método de selección que los laboratorios «presenten estudios de costo/efectividad que demuestren la utilidad de cubrir el precio de un medicamento. Pero tampoco es sencillo cuando carecemos de evidencia suficiente sobre medicamentos nuevos. Además, la reducida cantidad de pacientes incluidos en los ensayos clínicos impide una evaluación de eficacia óptima».

La comprobación científica de la eficacia de un medicamento –o sus efectos adversos colaterales– puede demandar años y mientras tanto «estos medicamentos generan mucha expectativa» cuando un paciente está entre la vida y la muerte, reconoce Tarragona.
Pocos oferentes

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) entregó el año pasado un estudio comparativo al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Comercio, demostrando que los medicamentos de alto costo son más caros en Argentina que en Chile, España o Inglaterra. Los casos extremos eran el Interferon Beta x 1 con una diferencia de 440,23% entre España y Argentina, y el Mabthera (rituximab) para la artritis reumatoide y la leucemia, que su fabricante Roche comercializaba con una diferencia de 527,90% entre Argentina e Inglaterra.
José Charreau, secretario de Acción Social de AAPM, se refiere al abuso de precios que soportan las obras sociales con las prótesis, en un mercado desde siempre monopólico y ahora también en proceso de cartelización de precios. «En el mercado de las prótesis hay pocos oferentes que son distribuidores de productos importados y no existen listas de precios», asegura Charreau a Acción.

Además, la cartelización ha avanzado «porque distribuidoras de prótesis importadas como Ortopedia Alemana absorbieron empresas nacionales como Fico, que era un excelente fabricante de prótesis de caderas. Ahora, importadas o nacionales cuestan casi lo mismo», explica Charreau.
Un director ejecutivo de la industria farmacéutica nacional admitió a Acción que «en realidad los precios son virtuales y la mayoría no figura en los manuales farmacéuticos porque no se venden por farmacia, los compran las obras sociales o el PAMI».

«En este segmento no existe la competencia y simplemente pueden vender a cualquier precio, porque tienen las patentes y no se producen ni se pueden producir en el país. Se aprovechan de las circunstancias y el supuesto funcionamiento del mercado es una mentira», reconoce el director ejecutivo, desde el otro lado del mostrador.

por Alberto Ferrari