La diputada nacional Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley que obliga a los laboratorios a informar sobre sus obsequios a los médicos, las invitaciones a congresos internacionales y los honorarios  que abonan a los profesionales por participar de simposios . La iniciativa, como era de esperar, generó reacciones adversas de la industria y de los visitadores médicos, por diferentes motivos pero con igual rechazo.

Ocaña ya había conseguido que en la Ciudad de Buenos Aires se aprobara un régimen similar a fines de 2016 cuando era legisladora porteña.

El proyecto tiene como objetivo "dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían afectar a las decisiones terapéuticas adoptadas".

Ocaña propone que "los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos" deberán comunicarle al Ministerio de Salud de la Nación los "bienes, servicios, beneficios o premios susceptibles de valoración pecuniaria" que entreguen a los doctores "a efectos de darle la debida publicidad".

El proyecto considera como “dádiva u obsequio” los pagos en efectivo o de honorarios, como así también “los fondos que destinan a la formación profesional, gastos de viajes, pasajes, regalos, hospedajes o cualquier otra inversión a favor de los médicos”.

La legisladora en los fundamentos del proyecto consideró que el actual sistema "termina subsidiando en su conjunto los costos exorbitantes de las prácticas o medicamentos obtenidos por esta vía". 

"Este tipo de situaciones tiene consecuencias concretas: el encarecimiento de las prestaciones de salud, ya que el mayor costo asociado a estas prácticas espurias es soportado por todas las personas que tienen que comprar un medicamento determinado en una situación de enfermedad o tratamiento médico", cuestionó Ocaña.

La medida también plantea la necesidad de que en las recetas médicas se dejen de prescribir por marcas comerciales, colocando, en su lugar, solamente el nombre de la droga o de equipos biotecnológicos.

"La ley implica que podés elegir a qué valor, o qué medicamento y qué marca comercial querés comprar. También hay falta de transparencia en eso, hay incentivos que se le dan a los doctores para que sugieran una marca comercial", aseveró la diputada de Cambiemos y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

Ocaña consiguió en diciembre de 2016 que en la legislatura Porteña se aprobara un proyecto similar, que presentó junto con otros miembros de su bloque Confianza Pública.

Pero esa ley no fue reglamentada y nunca se aplicó en el ámbito de la Ciudad. Tampoco fue vetada.

“Los  laboratorios no informan de nada…fue un proyecto para la tribuna”, aseguraron voceros de la industria a Pharmabaires.

Tampoco acompañan el proyecto que ahora ingresó por la Comisión de Salud de Diputados,básicamente porque rechazan la prescripción por genéricos y, a decir verdad, la diputada no goza de las simpatías de la industria por cuestiones de arrastre de los tiempos de su gestión en el PAMI.

Los visitadores médicos también salieron a cruzar a la legisladora, como ocurrió en aquel diciembre de 2016.

Ricardo Peidro, Secretario General de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República advirtió que "si el proyecto de ley anunciado va en consonancia con el que presentó la Diputada (entonces Legisladora) en la legislatura porteña, y que luego fue aprobado en diciembre de 2016, desde la AAPM de la RA ratificaremos la denuncia de que esa Ley sólo beneficiaría a la Industria farmacéutica y que lo que haría es blanquear las coimas que tanto dice combatir".

“AAPM ya lo denunció en 2016 cuando Ocaña se refiere a la regulación de los incentivos, no se trata de prácticas no reguladas en la actividad: Las leyes hoy ya establecen claramente que son prácticas PROHIBIDAS, por ser consideradas contrarias a la ética y la salud colectiva. En la Ley aprobada en la Legislatura, Ocaña misma se contradijo al considerarlas en los fundamentos como "prácticas espurias" pero luego avalándolas en el articulado de la misma", aseguró Peidro.

"En 2016 cuando nos opusimos a la presentación de este proyecto en la legislatura porteña señalamos que este problema se solucionaría si el Ministerio de Salud se hiciera cargo de hacer cumplir las normativas hoy vigentes en materia de promoción de medicamentos, como las leyes de profesionalidad de los agentes de propaganda médica, vigentes en todo el país" reiteró Peidro.

“A saber, las Leyes de Profesionalidad que regula la práctica de los APM, por ejemplo la que se refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 10 dice: "Los laboratorios, empresas, distribuidores o representantes de los mismos que promuevan la violación de las disposiciones establecidas en la presente ley por parte de los agentes de propaganda médica, serán pasibles de multas que podrán variar, en relación a la falta, entre 50 y 200 sueldos básicos del convenio colectivo de los agentes de propaganda médica", completó en un comunicado.