Diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para declarar “El Medicamento Como Bien Público. Declaración de Emergencia Farmacológica” que propone como objetivos afrontar la coyuntura de crisis y al mismo tiempo “fortalecer la industria nacional para evitar la dependencia”.

Los autores del proyecto, entre los que figura el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, con su proyecto también proponen “regular la comercialización, las publicidades, los ensayos clínicos y todo lo que permita a los ciudadanos acceder a un medicamento de calidad a precio justo”.

Los autores del proyecto –seis en total incluyendo a la correntina Araceli Ferreira del Movimiento Evita- acuden en los fundamentos a citas de los ex ministros de Salud, Ramón Carrillo y Arturo Oñativia.

“Conforme las bases del pensamiento de Ramón Carrillo, debe entenderse al medicamento: como bien público y, por lo tanto, como objeto de política de salud”, afirman, citando al primer ministro de Salud del peronismo.

“El medicamento, vinculado a las acciones de salud pública ha de ser considerado como un bien social, sostenía Arturo Oñativia”, agregan acudiendo a quien fue ministro de Salud del presidente radical Arturo Illia.

La fundamentación del proyecto incluyó también una definición de la farmacéutica y socióloga Mercedes Salamano, profesora de la Universidad Nacional de Rosario y con varios ensayos sobre el medicamento como bien social. En este caso, acudiendo a una disertación de diciembre de 2010.

“Como explicó Salamano, entender al medicamento como bien social implica fortalecer la industria nacional para evitar la dependencia, regular la comercialización, las publicidades, los ensayos clínicos y todo lo que permita a los ciudadanos acceder a un medicamento de calidad a precio justo”, citaron los autores del proyecto que ingresó por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Uno de los integrantes de dicha comisión es el diputado platense Carlos Castagneto, ex viceministro de Desarrollo Social con Alicia Kirchner y firmante del proyecto.

También se asegura en el proyecto que “la relevancia de garantizar el acceso a los medicamentos ha sido expresada en el año 2015, por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, creó un Grupo Independiente de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos” con el fin “de examinar y evaluar propuestas y recomendar soluciones para corregir la incoherencia en materia de políticas entre los derechos justificables de los inventores, el derecho internacional de los derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública, en el contexto de las tecnologías de la salud”.

El argentino Carlos Correa, experto en propiedad intelectual y actual director general de South Centre, participó de aquel panel de Alto Nivel convocado por el ex secretario general de la ONU.

“En el curso de sus audiencias públicas, el Grupo de Alto Nivel escuchó a muchas de esas personas que quedaron rezagadas y se vieron obligadas a rogar que, por caridad, se les proporcionaran los medicamentos patentados que podrían haber salvado vidas, pero a las que se les denegaron esas medicinas”, señalaron los diputados.

“En este estadio, debemos promover un nuevo modelo que considere al medicamento como bien público y garantizar el acceso a los medicamentos como un derecho humano. El medicamento no debe ser un objeto de negocio y especulación financiera”,  enfatizaron.

El proyecto propone declarar la emergencia farmacológica durante un año y  “suspéndase durante ese plazo de los aumentos de los medicamentos esenciales”  que surgirán de un listado elaborado por la autoridad de aplicación.

Al mismo tiempo  elimina todas las restricciones a la entrega de medicamentos a través de PAMI por igual período. 

 El proyecto de ley es el siguiente:  https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4451-D-2019