Las cámaras de los laboratorios estadounidenses PhRMA y BIO, y la cámara de comercio argentino-norteamericana AMCHAM pidieron a la USTR (Office of the United States Trade Representative) que Argentina permanezca en la lista de “vigilancia prioritaria” por el presunto incumplimiento de la protección de las patentes farmacéuticas, agravado además por decisión del actual gobierno de incluir las licencias obligatorias en el programa de emergencia económica promulgado en diciembre pasado.

El pedido fue formulado durante la tradicional audiencia anual convocada por la USTR a fines de febrero para revisar la aplicación de la Special 301, esa “Lista Negra” destinada a castigar o amedrentar a los supuestos infractores de la propiedad intelectual en el mundo.

Durante la audiencia, AMCHAM sugirió sutilmente que la Aduana y la Agencia Sanitaria (ANMAT) podrían ser cómplices del ingreso y registro en el país de productos falsificados.

PhRMA, la Organización de Innovación en Biotecnología (BIO), la Cámara de Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) y otras treinta cámaras empresarias se sucedieron durante la audiencia para solicitar sanciones para decenas de países, desde China a la Argentina.

PhRMA señaló en su presentación que en Argentina “los innovadores biofarmacéuticos de Estados Unidos continúan enfrentando problemas de larga data” entre los que mencionó “las barreras de acceso al mercado y los problemas graves de propiedad intelectual (PI)” y vaticinó que es “poco probable que la administración de (Alberto) Fernández avance en estas cuestiones”.

“A pesar del compromiso positivo de nuestra asociación local hermana, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y la Cámara Americana de Comercio en Argentina (AmCham) en varios niveles del gobierno argentino en los últimos años, estos problemas de propiedad intelectual permanecen”, remarcaron con desazón, al lamentar las promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri.

PhRMA expresamente alertó que “el 21 de diciembre de 2019, el Congreso argentino aprobó una legislación de emergencia económica que, entre otras cosas, aumenta el riesgo de licencias obligatorias de patentes en Argentina”.

“El artículo 70 de la nueva ley faculta al Ministerio de Salud a un mecanismo para controlar los precios de los medicamentos y para utilizar medidas tales como licencias obligatorias contra ‘problemas de disponibilidad o aumentos de precios injustificados o irracionales’", señaló en su presentación.

“Empoderar al Ministerio de Salud para establecer nuevos mecanismos de licencias obligatorias socavará los incentivos para que los innovadores desarrollen y traigan nuevas terapias a los pacientes argentinos, y generará una mayor incertidumbre y posibles desafíos legales. Además, dicho mecanismo parece alentar el uso adicional de licencias obligatorias de una manera que no solo socavará el acceso del paciente a nuevos medicamentos, sino que también parece incompatible con las obligaciones internacionales de Argentina”, se quejó PhRMA.

“Por estas razones, PhRMA solicita que Argentina permanezca en Priority Watch”, concluyó la cámara de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses.

A su vez la American Chamber of Commerce in Argentina (AMCHAM) denunció que Argentina “permanece al margen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”.

“Durante el año 2019 En el Congreso se realizaron varias discusiones sobre la necesidad de que Argentina se convierta en miembro de PCT. Estas discusiones fueron lideradas por inventores locales, instituciones de investigación, universidades. y empresas locales que expresaron a los congresistas su disposición a tener acceso a PCT mientras evidencia que la Comisión Nacional de Tecnología y Ciencia (CONICET) ha estado utilizando los beneficios del PCT debido a la incorporación de personas jurídicas en un país PCT”, describió con una mirada sesgada y de difícil constatación en la realidad, porque las audiencias existieron, pero no fueron lideradas por inventores o universidades, sino por la diputada nacional del PRO, Cornelia Schmidt-Liermann, y el ex presidente del INPI, Dámaso Pardo.

AMCHAM también aseguró que en Argentina “es particularmente difícil obtener decisiones rápidas y efectivas para detener o prevenir una infracción de patente”.

 “Si bien la Ley de Patentes argentina prevé requerimientos judiciales, los tribunales han interpretado los requisitos para otorgar estas acciones en tal forma estricta que prácticamente excluye la posibilidad de que los titulares de patentes obtengan un mandato judicial preliminar. Esta interpretación judicial hace que Argentina no cumpla con Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC y desalienta la inversión extranjera directa”, aseguró AMCHAM en su crítica al sistema judicial argentino.

“Además, la duración de los litigios de 5-7 años en Argentina perjudica al titular de la propiedad intelectual para recuperar los daños causados por el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor”, agregó.

Argentina “tampoco brinda protección para los datos que deben generarse y enviarse en apoyo de las autorizaciones de comercialización para establecer que agroquímicos y / o los productos farmacéuticos / biofarmacéuticos son seguros y efectivos”, sumó a las críticas.

AMCHAM incluso deslizó la existencia de comportamientos delictivos o mafiosos por parte de las autoridades argentinas, apuntando contra la Aduana y la ANMAT, pues al mencionar el aumento de “actividades ilícitas” aseveró que “La aduana no es una excepción. La frontera norte argentina es conocida por ser permeable a los contrabandistas y falsificadores y el camino principal para las ilegales entradas de mercancías. Además, las marcas comerciales muy similares con el INN (International Nonproprietary Name) son admitidas por la Agencia Sanitaria y registrada por la Oficina de Marcas, validando un acto de competencia desleal”.

Se transcribe el original en inglés ante la grave imputación: “The Argentinian north border is  known for being permeable for smugglers and counterfeiters and the main path for ilegal goods entrance. Moreover, trademarks very similar with the INN are admitted by the Sanitary Agency and registered by the Trademark Office, validating an act of unfair competition.” 

En consecuencia, “la falta de progreso significativo en cuestiones críticas de propiedad intelectual convencieron a AmCham de solicitar al USTR mantener a Argentina en la lista de vigilancia prioritaria”, coincidió con PhRMA.

La BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION (BIO), también reforzó los argumentos condenatorios al aseverar que “los miembros de BIO continúan enfrentando un entorno de IP desafiante en Argentina, resaltado por atrasos persistentes de patentes, falta de extensión del plazo de patentes, requisitos de patentabilidad estrechos y falta de protección de datos regulatorios”.

“Argentina tiene uno de los regímenes más restrictivos para obtener productos biofarmacéuticos y patentes de biotecnología agrícola en el mundo”, asestó BIO.

Argentina “no brinda protección para los datos presentados en apoyo de autorizaciones de comercialización para establecer que la biotecnología agrícola o los productos biofarmacéuticos sean seguros y efectivos”, abundó.

También denunció -desde su lectura- que “el organismo regulador ANMAT confíe indirectamente en los innovadores datos para aprobar otros productos similares o idénticos tan pronto como el producto innovador sea aprobado”.

BIO coincidió además con PhRMA que la ley de emergencia económica aprobada en diciembre de 2019 “faculta al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de licencias obligatorias en caso de posibles problemas de disponibilidad o aumentos de precios injustificados / irrazonables, que puede afectar el acceso de la población a los medicamentos. Dado lo reciente que es la ley, esta disposición aún no se ha implementado. Sin embargo, permite el uso ampliado de licencias obligatorias y será monitoreado de cerca”, advirtió con cierto tono amenazante.

En consecuencia, “BIO recomienda que Argentina permanezca en la lista de vigilancia prioritaria”, completó.

Argentina no es la excepción, pues en el capítulo dedicado a Brasil, BIO señaló que “aunque todavía hay problemas persistentes que impiden que Brasil logre por completo una PI positiva en todos los sectores tecnológicos, particularmente con respecto al sector biotecnológico, ha habido varias mejoras en su protección de la propiedad intelectual a lo largo de los años. Todavía es muy temprano para medir el impacto de estos desarrollos políticos, sin embargo, y para asegurar que Brasil pueda continuar fortaleciendo su régimen de PI para apoyar la innovación, BIO recomienda que USTR coloque Brasil en la lista de vigilancia prioritaria”. O sea, vale castigar, por las dudas…

Entre casi medio centenar de expositores (gobiernos extranjeros como los de Colombia, Grecia, Corea y Bulgaria), no todos nutrieron los argumentos para que la USTR repita su “Lista Negra” de la 301, aunque sin duda lo hará tal como es su rutina anual para dejar conforme a las multinacionales de su país.

Entre los expositores hubo tres organizaciones no industriales y no gubernamentales que testificaron en la audiencia. En especial se destacó el testimonio de KEI (Knowledge Ecology International) una OnG que batalla a nivel global contra los abusos de patentes.

KEI expuso que la Especial 301 “es una lista de países que el USTR identifica como malos actores en la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, y se utiliza para presionar a los países extranjeros a cambiar sus leyes y políticas nacionales hacia los intereses de los Estados Unidos”.

“Se le está pidiendo a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que discipline el incumplimiento de las normas mundiales” y que el gobierno de los Estados Unidos adopte “medidas para expandir y extender los monopolios, y de ese modo elevará los precios de las invenciones médicas en países extranjeros”.

“Los matorrales de patentes en los Estados Unidos sobre CAR T, terapia génica y CRISPR, y los altos costos de licencias de patentes, están creando barreras para la entrada en los Estados Unidos. Tenemos que considerar el uso de licencias obligatorias o excepciones ampliadas para las patentes utilizadas en el tratamiento de humanos, para superar estos problemas”, afirmó KEI, al rebatir los argumentos de las cámaras multinacionales.

“Durante varios años, las compañías farmacéuticas han presionado contra los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer normas mundiales para financiar la investigación y el desarrollo (I + D). Más recientemente, las compañías farmacéuticas han cabildeado contra las normas mundiales sobre la transparencia de los mercados farmacéuticos y, lo que es más agresivo, contra la transparencia de los costos de I + D”, completó KEI.